Robert L. Capers y Andrew Weismmann son los hombres encargados del caso Oderbrecht en la Corte Distrital Oriental de Nueva York. La investigación ha destapado una red criminal de sobornos en cabeza de la constructora brasilera por valor de US$ 778 millones que involucra cien proyectos en doce países incluyendo Angola, Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia. Estos dos abogados han generado, con los resultados de su investigación, un terremoto político y empresarial que llena titulares en cada uno de los países involucrados. En Colombia ya son cuatro ex ministros los llamados a declarar por la Ruta del sol 2 y la adhesión de la via Ocaña-Gamarra y hay una cadena de funcionarios y ex funcionarios públicos llamados por la Fiscalía a declarar. El destape apenas empieza.
La Corte Distrital Oriental de Nueva York es una de las oficinas más importantes de litigio en Estados Unidos, y cubre los grande suburbios de Brooklyn, Queens and Staten Island, Nassau y Suffolk. Tiene uno de los departamentos más activos y sofisticados en programas de seguridad nacional. Normalmente es la encargada de perseguir los crímenes complejos de cuello blanco, corrupción pública, crimen organizado y grupos emergentes de crimen (incluyendo rusos y asiáticos). Es la corte la que se encargará de presentar cargos contra Joaquin Archivaldo Guzmán Loera, más conocido como “El Chapo Guzmán”, luego de su extradición a Estados Unidos el pasado 20 de enero.
La investigación se lleva a cabo en la Corte Distrital de N.Y. con base en la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras, que define como actos de corrupción ofrecer o pagar dineros o cualquier valor directo o indirecto a un oficial extranjero con el propósito de obtener asistencia para ganarse o retener un negocio.
Esta ley es aplicable a Odebrecht S.A. por varias razones: la compañía opera en 27 países, incluyendo los Estados Unidos; Odebrecht S.A. es dueña del 50.11% de Branskem, compañía petroquímica que negocia en la bolsa de Nueva York y que por lo tanto reporta a la Comisión de Valores e Intercambio de USA; Odebrecht S.A. utilizó cuentas bancarias de bancos con sede en Estados Unidos para realizar pagos de sobornos a funcionarios públicos extranjeros.
El procurador de Distrito, Robert L. Capers, es un afroamericano de 47 años nacido en el Bronx en Nueva York. Su padre fue un detective policial y su hermano es retirado del departamento de policía de Nueva York. Según ha comentado, su aspiración siempre fue ser policía como su padre, pero su hermano gemelo, que nació dos minutos antes, fue el que siguió los pasos del padre, por lo que le tocó dedicarse a algo distinto: se matriculó en la escuela de leyes. Estudio su pregrado en la Universidad de Nueva York donde fue capitán del equipo de básquetbol, y luego estudio derecho en Albany Law School.
En un momento de su carrera, Capers trabajó en Washington D.C. pero solo duró seis meses. Regresó a Nueva York en 2003 como fiscal federal del distrito Oriental de Nueva York y se dedicó a perseguir políticos y oficiales públicos corruptos. Carpers procesó varios casos de corrupción pública y se hizo famoso en 2015 cuando logró condenar a 14 años de cárcel a Willilam Boyland Jr, un demócrata de Brooklyn y miembro de la Asamblea de Nueva York, acusado de aceptar sobornos a cambio de ayuda para el desarrollo de proyectos en Nueva York. Capers es reconocido por la persecución de casos de terroristas, líderes de la mafia, proxenetas y crímenes de cuello blanco.
En octubre de 2015 el Presidente Barack Obama lo nominó para reemplazar como Procurador de distrito a Loretta Lynch quién pasó a ser la primera mujer negra Fiscal General de los Estados Unidos. El senado confirmó su puesto en diciembre 15 de 2015, y tomó juramento en enero 4 de 2016.
Andrew Weissmann con 57 años es el director de la Oficina Antifraude del Departamento de Justicia, graduado magna cum laude de la Universidad de Princeton, estudió como becario de la Fullbright en Ginebra y se graduó de leyes en la universidad de Columbia.
Weissman inició su carrera en el departamento de justicia en 1991 en la oficina del distrito oriental de Nueva York en donde trabajó por 15 años en varias posiciones directivas, incluyendo la división criminal, cuyos casos le permitieron condenar a altos miembros de las mafias italianas y combatir la filtración del crimen organizado en Wall Street.
En 2004 fue el fiscal encargado de la investigación sobre corrupción de Enron, en donde acusó a más de 30 personas en conexión con el colapso de la compañía y por cuyo trabajo recibió el premio a la excelencia de Fiscal General en 2006, que junto con otros premios de desempeño le han permitido tener poder e influencia en Washington. Entre 2011 y 2013 fue director adjunto y asesor jurídico del FBI. Es profesor adjunto de la escuela de leyes de NYU.
Su nombramiento a principios de 2015 como oficial del director de la oficina encargada de fiscalizar el fraude corporativo, no estuvo exento de críticas por su vinculación entre 2006 y 2011 con un bufete de abogados (Jenner & Blovk) que representaba compañías privadas. Se le cuestionó hasta donde podría llegar a ser duro como fiscal con las corporaciones después de haber recibido millones de dólares defendiéndolas.
Los casos típicos que maneja son investigaciones internacionales de naturaleza compleja que incluye analizar complicadas negociaciones y relaciones. En enero 13 de este año logró un acuerdo con Takata, la empresa japonesa que produjo millones de airbags defectuosos que le han causado la muerte al menos a once personas. La empresa además de declararse culpable, pagará mil millones de dólares en multas y compensaciones. Tres antiguos empleados de Takata fueron imputados por fraude electrónico y conspiración para cometer un delito al hacer que la empresa utilizase infladores de airbag que sabían, desde el año 2000, que tenían problemas.
