El primero vino de la mano de la Contraloría General de la República que le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 942 millones en relación con posibles sobrecostos en la adquisición de paquetes alimenticios. El hallazgo del ente de control se relaciona con un contrato multimillonario que desde la Secretaría de Educación le fue adjudicado a la corporación Colombia Avanza para la compra y distribución de paquetes de alimentación para los estudiantes de la ciudad. Al revisar los precios de cada uno de los productos, la Contraloría los encontró “inflados” y esto ya había sido advertido por algunos ciudadanos que manifestaron que el paquete no alcanzaba ni para tres días. Este es el primer proceso de ese tipo en el que se ve inmerso Quintero y sigue golpeando su credibilidad en medio de los señalamientos a su secretario de Hacienda (Óscar Hurtado) y la gerente de Metrosalud (Martha Castrillón) por un presunto conflicto de interés en la red hospitalaria, que llevó a la caída de la adjudicación de un multimillonario corretaje de seguros a la empresa familiar del secretario Hurtado.
Aunque el golpe más duro viene por lado del Juzgado 45 penal que le dio la razón a una ciudadana sobre la información (personal y familiar) que se ha venido solicitando a millones de ciudadanos para ingresarlos a la plataforma Medellín me cuida, tal vez la principal apuesta de Quintero en medio de la pandemia y un orgullo personal que inclusive trazó ruta en su visión de ciudad y hasta terminó siendo integrada a su plan de desarrollo. Para un alcalde con grandes ambiciones tecnológicas y una evidente obsesión por la inteligencia artificial, contar con la que para él es la base de datos “más potente” de la región, que además permite la georreferenciación de posibles casos positivos de COVID-19, ha supuesto el mayor peldaño alcanzado en la carrera contra la pandemia, en la cual Quintero ha sido destacado por los medios como un jugador central. El problema con Medellín me cuida parte de la información solicitada que para muchos vulnera los derechos fundamentales a la libertad, intimidad y habeas data. Ingresar todos los datos que se solicitan resulta siendo una obligación para poder trabajar o tener movilidad en a ciudad.
A pesar que la tecnología ha sido la principal aliada a la hora de afrontar el COVID-19, el tipo de información que se solicita en la plataforma, así como la poca claridad de su utilidad más allá de un improvisado modelo tecnológico de atención a la pandemia, levantó suspicacias y temores. El juez le dio la razón a una ciudadana que tuteló la protección a sus derechos fundamentales y señala en un apartado de la providencia “no se tienen claras las finalidades de la recepción de cada uno de los datos que son requeridos, por lo que se incumple con el principio de finalidad, siendo un derecho esencial del ciudadano el uso que se dará a los mismos”. Esto ya lo venían advirtiendo sectores de la ciudadanía preocupados por el uso que en otros contextos se le pudiera dar a esa información al punto que se cuestionó la plataforma como “Medellín me vigila” o como una especie de gran hermano tecnológico. Así las cosas, el juez le otorgó la razón a miles de ciudadanos que más allá de los temores que genera la pandemia consideraban que Medellín me cuida no cuidaba de sus derechos fundamentales.
Son dos grades golpes, el primero a la transparencia sobre la cual cabalgó a lo largo de su campaña y que en las últimas semanas se ha visto seriamente minada, algo que sumado al silencio o las “gafas” que se ha puesto frente a acusaciones que salpican a sus funcionarios de confianza, enloda su imagen y le resta credibilidad a su discurso. El segundo impacta directamente su visión de una ciudad supervigilada y controlada por la inteligencia artificial; en un tipo de distopia orwelliana donde el alcalde, por el bienestar y control de la mayoría, puede monitorear cada movimiento o acción de los ciudadanos. Algo que suena peligroso y a lo que afortunadamente se le va poniendo un tatequieto.
