En el balcón donde se veían estallar las luces artificiales y la algarabía de la plaza La Libertad, Nayib Bukele y Gabriela Rodríguez eran los jóvenes que estaban listos a regresar al Palacio Nacional de El Salvador para que él siguiera llevando las riendas del poder y ella a su rol de primera dama. Era el anuncio adelantado de la reelección de quien la había logrado con el apoyo de la inmensa mayoría de 85 % de salvadoreños que apoyaban una estrategia de seguridad que les había devuelto la tranquilidad.
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Dirigiéndose a la entusiasta multitud Bukele utilizó una metáfora de impacto, a la usanza de las utilizadas desde que irrumpió hace seis años en la vida pública: las pandillas son un cáncer social que se debe eliminar. Y anunció que así seguirá haciéndolo en su segundo mandato. ¿Con quienes va a seguir dando la pelea por que El Salvador siga adelante entre los países más seguros de América Latina?
Los dos ministros claves en el combate a las pandillas
Bukele logró el apoyo del congreso le dejara las manos libres para implementar su política de seguridad primero con el Plan de Control Territorial y después con un duro régimen de excepción que implementó durante dos años consecutivos con dos duros ejecutores a su lado: el ministro de Defensa, René Merino Monroy, quien es también el comandante de la Nueva Fuerza armada y el de Seguridad, Héctor Gustavo Villatoro.
El Plan Control Territorial empezó a los 20 días de haberse sentado en el sillón presidencial, y se valoró inicialmente en USD 575 millones. Pero las dos principales pandillas - la Mara Salvatrucha (MS13), el Barrio 18 Revolucionarios (18R)- ordenaron en varias ocasiones "abrir válvulas", que en su jerga significa ejecutar grandes matanzas y así lo hicieron en varias ocasiones. Entonces Bukele buscó todos los hilos del poder para enfrentarlas.
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El 9 de febrero de 2020 pasó a la historia en el mundo cuando acompañado de su ministro de Defensa entró con 40 soldados al Salón Azul de la Asamblea Legislativa, para según dijo, presionara los diputados la aprobación e un crédito de USD 109 millones para su Plan de Control Territorial.
Merino Monroy ganó ese día notoriedad por encima de las medidas “enérgicas” contra las pandillas anunciadas a los 10 días de la posesión del presidente, de ser el primer oficial salvadoreño en ocupar ese cargo, y hacer parte de la generación que cerró en 1990 los últimos coletazos de la guerra civil.
Entonces se ganó el decir de la oposición de que es más fiel a Bukele que a la Constitución. Cara a cara con la oposición, durante 12 horas le sacó las castañas del fuego a su jefe frente a diputados de Arena y Fmln que inquirían sobre quién ordenó la intervención militar. Solo aceptó que los cuarenta entraran con armas largas y municiones para protegerlo. Y no más. Brincándose la Constitución el presidente lo nombró después vicelmirante a los 56 años, uno más de lo permitido, el primeo de enero del 2021.
El 26 de marzo, llegó otra pieza de apoyo al tablero, el ministro de Seguridad Villatoro. Un veterano funcionario que Bukele puso a su lado cuando dijo necesitar fortalecer el proceso de investigación de los homicidios y de las desapariciones para reducir la tasa de impunidad. De inmediato el ministro recién llegado anunció: "Todas las leyes penales y represivas a partir del día de ayer [26 de marzo] están en revisión para precisamente poder darle respuesta a la sed de justicia que tienen todos los salvadoreños”.
Pero su nombre creó inquietudes por presuntos vínculos con funcionarios y políticos involucrados en grandes esquemas de corrupción que ha negado, y las denuncias de “seguimiento” a periodistas que cubren temas de violencia.
Cuando El Salvador llevaba casi tres años del Plan Control Territorial, el 25 de marzo de 2022 las pandillas ocasionaron la última gran matanza. El país amaneció con la alerta de que una vez más la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 habían ordenado abrir válvulas. Ese fin de semana se reportaron 87 asesinatos, según cifras oficiales.
El gobierno, que había sido cuestionado por supuestamente negociar con estos grupos, según investigaciones periodísticas, se fue lanza en ristre con un régimen de excepción. Fue la segunda parte de la estrategia. Dos días después la Asamblea lo aprobaba y el Ejército y la Policía llegaban a todos los rincones y capturaban a todo aquel con antecedentes policiales y penales y a cualquiera que considerara sospechoso de pertenecer a pandillas.
Bukele ya tenía la sartén por el mango. La Asamblea de mayoría bukelista había cambiado los jueces mayores de 60 años y puesto la figura del “juez sin rostro”. El estado de excepción que suspende los derechos constitucionales y flexibiliza las normas para realizar arrestos, fue muy duro, y entre otras medidas subió las penas y castigó hasta con 10 años de cárcel hasta los niños de 12 años miembros de pandillas.
La megacárcel que supervisaron mexicanos
Las pequeñas cárceles de San Salvador empezaron a abarrotarse y las organizaciones de derechos humanos empezaron a alzar la voz. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 77.000 personas, más del 1% de los 6,3 millones de habitantes del país, según Insight Crime. Para albergar a tantos prisioneros, Bukele empezó al publicitado proyecto de una megacárcel a 74 kilómetros de San Salvador, rodeada por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 km de extensión, sin señal telefónica y con una sola carretera de entrada.
Se construyó en siete meses, en ella Trabajaron 3.000 personas, la obra fue supervisada por una empresa mexicana, el gobierno nunca dijo cuánto costó y los medios aseguran que fueron USD 70 millones.
Antes de trasladar a los prisioneros al Centro de Confinamiento del Terrorismo, el presidente compartió un impactante video, testimonio del operativo para trasladar a los 2.000 pandilleros, a “la más grande de América”. Las imágenes de una carrera en pantaloneta blanca, las manos en la nuca, los guardianes a sus lados, la cabeza rapada y luego la formación de una masa humana de tatuajes en el piso, quedaron grabadas.
El régimen de excepción se ha prolongado durante 23 meses, a pesar de denuncias generalizadas sobre detenciones arbitrarias basadas en escasas o nulas pruebas, así como falta de garantías procesales como la imposibilidad de acceder a una defensa. InSight Crime señala que también hay informes de tortura, así como de fosas comunes que incluyen a las más de 150 personas que han muerto en las cárceles desde que comenzó el estado de excepción.
No obstante, la controvertida ofensiva parece haber incapacitado a las pandillas, al menos temporalmente, porque la investigdora ha encontrado que pandilleros permanecen escondidos, y la policía dice al menos un tercio de ellos sigue en libertad, y 53 células siguen activas en El Salvador.
El 4 de febrero Bukele tuvo un respaldo incuestionable a la política de seguridad. “Nunca un proyecto ganó con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia”, dijo el presidente recién reelecto.
