La llegada de Laura Sarabia a la dirección del departamento de prosperidad social donde se maneja un presupuesto superior a los 10 billones de pesos puede volver más efectivo el reparto de los subsidios a quienes están por debajo de la línea de pobreza y a los viejitos sin pensión, pero también a los bancos.
La confianza del presidente con Laura Sarabia es total y le ha dado carta blanca que arme su equipo y trabajo de la manera que considere con tal de que produzca resultados.
La nueva directora anunció que le dará luz verde por el momento a dos bancos: Davivienda, presidido desde este año por Javier José Suarez Esparragoza quien reemplazó a Efraín Forero, un veterano directivo, y asimismo a Bancolombia, con el antioqueño Juan Carlos Mora como presidente, controlado mayoritariamente por el GEA, todo esto en un primer programa piloto en La Guajira.
Combinará su red bancaria con el Banco Agrario que, como se sabe, se vio superado en el pasado reparto de subsidios. Cielo Rusinque cambió el modelo que venía del Gobierno de Iván Duque (que era mixto) y centró el esfuerzo en el banco oficial que no dio abasto.
El Banco de Colombia sigue siendo el banco más grande y sus resultados lo favorecieron como el que más utilidades obtuvo en el ranking de junio. Esta inyección de recursos para administrar le favorece de manera significativa.
Por su parte, Davivienda es una entidad financiera que forma parte del conglomerado del Grupo Bolívar, fundado por José Alejandro Cortés y aún controlado por la familia Cortés.
Con menos ideología y más sentido práctico, Sarabia quiere presentar resultados y se ha propuesto lograr que le llegue hasta el último peso a la población identificada.
Esta es la primera acción que emprenderá desde que se posesionó en el cargo con la tarea de convertirse en el músculo del sector social del gobierno Petro, un nombramiento que además le sirvió para hacerle el quite a la Fiscalía y lograr que su caso quedara en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Laura Sarabia aceptó un complicado cargo que pone a prueba la capacidad gerencial de cualquier funcionario del Gobierno porque la ejecución con cobertura nacional —una promesa de Petro con los más pobres de Colombia—es un verdadero desafío social.
