En manos del Grupo Aval a través de su filial Coviandes (Concesionaria Vial de los Andes), se encuentra la vía Bogotá – Villavicencio que en las últimas horas pasó de 10 a 21 puntos críticos por derrumbes y que cuya condición de cierre total representa un pérdida de $ 53 mil millones diarios en la actividad económica para el país. Coviandes entregó a la gobernadora del Meta un plan de trabajo de remoción de escombros hasta el 16 de septiembre, que podría aumentar dado el mal clima.
Mientras tanto, la ANI avanza en el proceso sancionatorio que se deriva del incumplimiento en la entrega del viaducto Chirajara, que debía habilitarse a mediados de este año, pero que debido a su desplome quedó reprogramado para julio de 2020. De acuerdo con el contrato, esta demora conlleva una multa de $10 millones por cada día de atraso. Coviandes ha argumentado que la responsabilidad debía recaer sobre Gisaico S.A. e Icmo S.A.S., subcontratistas a cargo del viaducto, pero para el Gobierno se trata de un error completamente imputable a Coviandes, que tenía la obligación de construir y entregar el puente, directamente o por quienes sea que ellos hayan contratado. En los últimos días le fue asignado a otra filial del Grupo Aval, Coviandina (Concesionaria Vial Andina) la construcción del último tercio de la vía, la nueva calzada Chirajara-Villavicencio. El contrato que va hasta el 2054, incluye que asuma la operación y el mantenimiento de todo el corredor Bogotá-Villavicencio, el mismo que se encuentra cerrado en este momento.
