Firmados los acuerdos para la terminación del conflicto armado y con los avances en la implementación de los acuerdos garantizar su soporte económico, financiero y presupuestal es crucial.
La construcción de la paz requiere de amplios recursos monetarios para hacer efectiva la reforma rural integral, para ampliar la democracia, para proteger los líderes sociales, para reconocer los derechos de las víctimas, para dar las garantías necesarias al nuevo partido constituido por las personas que hicieron parte de la guerrilla de las Farc.
Sobre los costos del posconflicto y las apropiaciones presupuestales se han hecho diversas proyecciones por el gobierno nacional y por Fedesarrollo. En los Conpes 3850 del 2015 y en el 3867 del 2016 se hacen cálculos respecto de las inversiones públicas necesarias. En términos generales se indican gastos equivalentes a los 130 billones de pesos en el curso de 10 años. Otros documentos privados extienden tales montos hasta los 240 billones de pesos en un periodo de 180 meses.
Para el 2018, el Gobierno dio a conocer que se incrementará en un 31,5 % los recursos que se van a destinar para atender los requerimientos del posconflicto. En dinero contante y sonante, son 2,4 billones de pesos los que están disponibles para ejecutar todos los programas pactados en el Acuerdo de paz con las Farc.
De las cifras indicadas para todo el post conflicto ha previsto distribuirlos así: 110 billones de pesos en la reforma rural integral, 8,3 billones en la participación en política, 3,9 billones en el fin del conflicto, 12,3 billones en combatir el problema de las drogas ilícitas y 8,3 billones en atención a las víctimas.
Llama la atención que respecto de la cooperación internacional para la paz organizada y generada por otros estados y sus gobiernos se habla de un monto equivalente a los dos billones de pesos anuales. Una suma muy importante que hoy es objeto de debate a raíz de las observaciones hechas por tres países aportantes: Austria, Suecia y Noruega, naciones que hasta el momento han entregado más de 200 millones de dólares, y de las oportunas denuncias penales, disciplinarias y políticas hechas en las últimas horas por la Fiscalia, la Procuraduría, la Contraloría y veedurías ciudadanas como “Paz para todos” que hemos registrado en la Personería de Bogotá, en el sentido de poner al descubierto redes intermediarias de corrupción y procesos carentes de transparencia en el Fondo Colombia en Paz[1] dirigido por Gloria Ospina, en la Unidad Técnica de Colombia Sostenible, la subcuenta que coordina esos recursos y que es uno de los apéndices del Fondo Colombia en Paz que dirige la señora Marcela Huertas y en la Fiduprevisora que recibió el encargo de los recursos para el postconflicto por parte del BID.
Todo como parte del Sistema Integrado de Información para el posconflicto (Siipo)[2].
De manera contundente la Fiscalia, la Procuraduría, la Contraloría han denunciado la operación de una potente red de corrupción que mediante el cobro de jugosas comisiones hace adjudicar, con la complicidad de funcionarios de planta, partidas para la financiación de proyectos productivos agrarios, ganaderos y artesanales.
Las irregularidades se han detectado especialmente en los proyectos de agricultura, infraestructura, avicultura y piscicultura, dirigidos a la población saliente del conflicto armado.
El Fiscal NH. Martínez ha alertado al presidente Santos que la Fiscalía tiene detectada una poderosa telaraña de intermediarios interesada en adjudicar los proyectos a empresarios, a cambio de un porcentaje (o coima) del valor de los contratos.
Igualmente indica que las firmas de interventoría, que están encargadas de verificar el cumplimiento de los contratos, estarían sujetas a esta red de corrupción.
Se estableció por la Fiscalia que hay seguimientos, videos y audios de integrantes de esa red pidiendo plata por la entrega de interventorías y proyectos de infraestructura, agricultura, piscicultura y otras ramas que involucran a diferentes entidades.
Es importante resaltar que los análisis de la Fiscalia han derivado en cuatro advertencias.
- Inobservancia de los principios de contratación
Si bien algunas entidades contratantes están sometidas a un régimen privado en sus procesos contractuales, éstos deben respetar los principios de la función administrativa definidos en el artículo 209 de la Constitución Política, entre ellos los de moralidad, imparcialidad y publicidad.
Las averiguaciones realizadas revelan la existencia de procesos de direccionamiento de contratos, así como un alto grado de opacidad en los procesos de selección relacionados con estos proyectos de inversión, al punto que no existe información de público acceso a los mismos en las páginas web oficiales destinadas para estos fines, situación que incluso ha dificultado las labores investigativas de la Fiscalía.
- Acción de intermediarios
La Fiscalia advierte la existencia de una red de intermediarios que estaría interesada en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos.
- Transparencia
La investigación de la Fiscalía ha permitido recaudar evidencia según la cual, para hacer realidad sus propósitos innobles, los intermediarios tendrían acceso a información privilegiada sobre los proyectos en trámite de adjudicación y estarían ofreciendo compensaciones económicas a algunos servidores públicos, llamados a intervenir en la gestión de los recursos.
- Interventorías
Además de la injerencia de particulares en la parte de los contratistas, se ha advertido que firmas que ejecutarían algunas interventorías serían seleccionadas por dichos intermediarios con el fin de evitar los controles debidos en la ejecución contractual, apelando así a prácticas inveteradas que conjuran contra la cabal inversión de los dineros públicos en los propósitos para los cuales están presupuestados, que son los de la paz.
En similar sentido se pronunció la Contraloría General, que le acaba de pedir a Gloria Ospina, secretaria del Fondo Colombia en Paz, que entregue una relación de los recursos recibidos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), otra de las subcuentas a su cargo. Son 36.752 millones de pesos al parecer despilfarrados por los flamantes funcionarios en retirada.
La Contraloría ha ordenado una auditoría especial para los fondos de la paz que se nutren de donaciones de gobiernos amigos, empréstitos y fondos multilaterales.
El procurador Fernando Carrillo también ha sido contundente en sus denuncias y para vigilar todos esos contratos designó a Giancarlo Marcerano, delegado para la vigilancia administrativa.
La Procuraduría avanza en la inspección de los más de 1.800 contratos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Pero el espectro de control de ambas entidades se extenderá a los contratos del FCP y de sus subcuentas, incluidas las donaciones internacionales.
Valientes y oportunas todas estas denuncias de la Fiscalia, de la Contraloría, de la Procuraduría y las veedurías ciudadanas.
Hay que apoyarlas y rodearlas porque los dineros de la paz son sagrados. Debemos prevenir y eliminar las manos oscuras de las bandas delincuenciales que pretenden consumar otro atraco más contra la sociedad colombiana.
[1] Fondo creado mediante el decreto 691 del 27 de abril del 2017
[2] Creado mediante el Decreto 1829 de noviembre del 2017
