Ni el más escéptico, en tiempos de pandemia, se podría imaginar que en Colombia, la tierra del realismo mágico que Gabo plasmó magistralmente en Cien años de soledad —con un nombre distinto, pero no lejano de lo que en sí somos y hacemos—, la corrupción fuera dueña absoluta de todo. De hecho, en su mano se cierne el destino de por sí aciago de nuestra amada nación.
En Macondo la misma realidad supera la más osada ficción y la normalidad y la costumbre pasaron a ser un sustituto barato del asombro, en una existencia contraria e inverosímil para todo aquel que no tuvo la suerte de nacer en el país de la arepa, del sombreo vueltiao y del aguardiente. Y es que a Colombia, a diferencia de otros países, la atacó el peor de todos los virus y para el que tan siquiera se atreven a proponer una vacuna pronta y definitiva: la corrupción. Esta es la peor pandemia, que además durante años ha venido matando los sueños de todos, sin que nadie haga absolutamente nada... como si el dinero que se roban no fuera del esfuerzo de todos, ni producto de nuestra propia sinergia de país empobrecido por unos cuantos.
Famélica y monstruosa ha sido, según los detallan los medios de control como la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, la pandemia de la corrupción durante este periodo de aislamiento obligatorio por el nuevo coronavirus, que lejos del arrepentimiento y la reivindicación, ante este momento de incertidumbre, afiló aún más sus ya mortíferas garras con adjudicación de contratos por valores cercanos a los $500.000 millones; presuntamente sin el lleno pleno de los requisitos legales, con sobrecostos y en muchos casos entregados a dedo. Hubo controversias en ciudades como Medellín, Sabaneta, Cota, Aguachica, Barranquilla, Cartagena, Quibdó, Santa Marta y Cúcuta, y en departamentos como Antioquia, La Guajira, Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío, Caquetá. Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar, Magdalena, Putumayo, Santander, Cundinamarca y Vaupés. Incluso, la Contraloría General de la Nación anunció que abrirá procesos de responsabilidad fiscal por el presunto detrimento patrimonial en el que incurrieron los mandatarios implicados.
De comprobarse los señalamientos realizados por los distintos entes de control, la Procuraduría, dentro de sus funciones disciplinarias deberá destituir de manera inmediata y ejemplarizante por el término de sus períodos constitucionales, además de contemplar posibles inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos a futuro a todos los funcionarios incursos en las señaladas irregularidades. Este es el momento histórico para que los entes de control del país salgan de ese aletargamiento en el que han estado siempre, y desempeñen ese rol primordial que la constitución les confiere como entes que salvaguardan los intereses de todos. No se requieren protagonismos mediáticos y menos aún que dicha situación sea utilizada como trampolín a futuras aspiraciones políticas. La sociedad desea efectividad y prontitud ante lo que nos afecta y perjudica a todos por igual o la indignación creciente de todo un pueblo libre, unido y en dignidad deberá de acuerdo al artículo 40 de la constitución política de Colombia numeral 4:
Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la constitución y la ley y en concordancia con el artículo 103 de la misma carta magna: Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.
Es el momento de caminar unidos, de derrotar juntos a ese enemigo en común que por años se ha constituido en el germen de nuestra sociedad, el mismo que nos impide avanzar y soñar en grande. Estamos llamados a sentar un precedente histórico de lucha infatigable ante la corrupción. Si la institucionalidad no lo hace, lo haremos todos.
