Más de quinientas mil personas han llegado a Bogotá desde los rincones del país, dejándolo todo en sus veredas y municipios. Llegan empobrecidos con un dolor, una tragedia a cuestas. Piden limosna en los semáforos con carteles improvisados en cartulinas y acuden rutinariamente a los Centros Dignificar creados por la Alcaldía quienes deben atenderlos y darles la ayuda humanitaria con el apoyo de la Unidad de Víctimas, que por ley y por decisión constitucional les corresponde.
Sin embargo la entrega de este dinero se dilata por la ineficiente logística de la Unidad, que preside Paula Gaviria, a quien le corresponde asegurar que los billonarios recursos del presupuesto le lleguen a los desplazados, y por el Banco Agrario, encargado de entregar el dinero. A los desplazados, gente humilde y desprotegida les envían un mensaje por celular advirtiéndoles la fecha en que deben reclamar la ayuda humanitaria. Un mecanismo que no se compadece con la realidad de pobreza y dificultades que estos atraviesan, cuyo resultado es que el 50% de la gente no logra reclamar oportunamente su ayuda. Pasados 35 días, el dinero la familia desplazada no reclama el dinero, éste entra a un fondo que está congelado en el Ministerio de Hacienda. Las funcionarias cabeza de las distintas entidades encargadas de asegurar que la ayuda humanitaria le llegue a quienes las necesitan se pelotean la responsabilidad, mientras los desplazadas siguen haciendo largas filas en medio del frío a la espera de lo que no es más que una limosna, como lo muestra este video.
