Durante los cuatro primeros meses de este 2023 Iván Velásquez, ministro de Defensa, ha recibido reclamos o reproches de dos países relacionados con multimillonarios gastos militares. El gobierno de Estados Unidos le expresó, a través de su embajada en Bogotá, su inconformidad por haber permitido la ejecución de un contrato con Rusia para la reparación de una flotilla de helicópteros del Ejército Colombia en tiempos críticos de la invasión a Ucrania. Fabricantes franceses, molestos por el reversazo dado la compra de una flotilla de aviones de combate que sustituiría a los viejos K-FIR, amenazan ahora con llevar a los tribunales un reclamo relacionado con la compra a Israel de piezas de artillería y otros operadores del mercado de arsenales buscan cuestionarlo por supuestos sobrecostos en la compra a Canadá de 55 vehículos blindados.
Durante el mismo lapso, Velásquez -jurista de formación- ha perdido a dos de sus colabores más cercanos, Ana María Garzón y Juan David Montoya, las dos principales cabezas del área de contratación del Ministerio. Ambos renunciaron en medio del clima de incertidumbre generado por críticas al manejo dado a sensibles negocios que estaban a su cargo.
El primer caso, el del mantenimiento de los helicópteros UH-60 rusos, se dio en medio de otras controversias generadas por el manejo del gasto reservado de las Fuerzas Armadas. En efecto, coincidió cronológicamente con el escándalo desatado cuando la Contraloría General descubrió la compra, por parte de la Policía, de un avión Embraer tipo ejecutivo que costó US$12 millones y que distaba mucho de las condiciones establecidas inicialmente para una nave que teóricamente serviría para operaciones de antinarcóticos. Por esos mismos días había inquietud en Washington porque el gobierno colombiano descartaba a la transnacional de origen estadounidense Lockheed Martin como proveedora de las naves sustitutas de los K-FIR.
En el segundo caso, el malestar de los fabricantes franceses con el gobierno colombiano ha seguido creciendo después de haber sido descartada la compra de aviones Rafale por US$600 millones, pese a que sus fabricantes ofrecían un atractivo “offset” que consistía en dotar a Colombia de un satélite que les daría mayor eficiencia y operatividad a las comunicaciones militares
Ahora la también francesa Nester Systems se queja de que el Ministerio de Defensa la habría engañado al fijar unas condiciones para la compra de piezas de artillería por US$30 y al terminar comprándoselas a un proveedor israelí por cerca de US$102 millones.
Los representantes de Nester Systems ya llevaron el caso a escenarios judiciales colombianos y objetan la compra con consideraciones relacionadas con posibles vulneraciones a sus derechos fundamentales a instancias de una negociación irregular a la violación al Estatuto de Contratación Público, en perjuicio suyo y en beneficio de los canadienses. El cambio de condiciones del que se quejan incluye, según ellos, un súbito cambio en el número de baterías inicialmente cotizadas que eran cuatro. En la compra hecha a Israel en diciembre del año pasado terminaron siendo muchas más.
Ahora se tiende también un manto de dudas sobre la adquisición de 55 vehículos blindados de fabricación canadiense para el Ejército por US$305 millones. Además de posibles sobrecostos de aproximadamente el 15 por ciento de ese valor.
Según los denunciantes, los presuntos sobrecostos tendrían tres fuentes de origen. La primera de ellas es que Colombia se comprometió a asumir los costos demandados por el almacenaje y los ejercicios de prueba de los carros de combate, responsabilidad que en este tipo de negocios suele estar a cargo del vendedor. La segunda sería que también se comprometió a pagar por separado por la integración de los sistemas de armas y comunicaciones. La tercera, que el Ministerio aceptó firmar una cláusula en la que se compromete a cubrir también la traída de los equipos militares al país.
La reserva del gasto militar que rige legalmente en Colombia parece haber favorecido la opacidad en el manejo presupuestal de las Fuerzas Armadas
Esa es la razón por los funcionarios y los propios mandos se niegan muchas a rendir cuentas y se resisten a hacerlo incluso cuando la información es requerida por órganos de control, cosa que por lo demás ocurre muy poco.
Sin embargo, también es cierto de que el hecho de que se hable de sobrecostos y favorecimientos no implica que las denuncias sobre supuesta corrupción tengan una base sólida. La mayor parte de ellas proviene de contratistas y proveedores que no están acostumbrados a perder.
La diferencia ahora es que denuncias que antes eran llevadas a tribunales de arbitramentos y a organismos judiciales son ventiladas ahora mediáticamente. En las controversias suelen enfrentarse dos tipos de reservas: la reserva legal del gasto y la reserva de la fuente que lleva a los medios sus quejas y denuncias.
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