El gobernador de La Guajira, Nemesio Roys, quien llegó al a cargo avalado por el Partido de la U, aprendió el tejemaneje de los recursos del Estado por su paso por el Departamento de Prosperidad Social, uno de los institutos con mayor presupuesto para proyectos sociales en las regiones, al final del segundo gobierno de Santos en 2017.
Llegó como cuota del congresista guajiro Alfredo De Luque, un escudero de Juan Manuel Santos, clave en la coalición de gobierno. Fue un premio mayor en burocracia y recursos que Roys logró transformar en votos para lograr la gobernación de La Guajira.
Ese aprendizaje lo puso a prueba, además de su habilidad en la inversión de las platas de regalías, a finales del año pasado cuando el presidente Duque abrió el grifo para que los entes territoriales pudieran ejecutar recursos a través de convenios interadministrativos sin las barreras que en el pasado ha impuesto la Ley de Garantías para evitar la instrumentalización política y partidista del presupuesto nacional.
Los congresistas se anotaron un gol que la Corte Constitucional terminó tumbándoles, pero que resultó más que útil para asegurar elecciones y reelecciones al Congreso, como ocurrió con el senador Alfredo De Luque, el padrino político del gobernador Nemesio Roys, quien alcanzó una importante votación de 79.069 sufragios.
El gobernador Roys puso a funcionar a toda velocidad la máquina de contratación desde noviembre del año pasado. Entre la gobernación de del departamento y los 15 municipios suscribieron más de 3000 contratos a dedo, sin incluir las entidades descentralizadas ni las oficinas que tienen la facultad de ordenador del gasto para contratar de manera directa, sin convocar a concursos, y mucho menos licitaciones abiertas. El asunto fue gastar.
En una nota titualada 'Más de 3000 contratos a dedo en La Guajira', el contador y docente universitario Luis Alonso Colmenares realiza un análisis de la utilización de estos recursos: esta cantidad de contratos fueron suscritos entre el primero de enero y el 5 de mayo en la Gobernación de La Guajira y los 15 municipios del departamento, por más de 1 billón de pesos, debido al aplazamiento del Congreso de ley de garantías, y que, posteriormente, la Corte Constitucional declaró inexequible con efectos retroactivos a partir de la fecha de expedición de la ley. (Comunicado Sentencia C-153-22)
De acuerdo con una revisión que llevó a cabo Colmenares en el SECOP, donde publican los contratos públicos, se identificó que en el departamento de La Guajira, tanto la gobernación como los 15 municipios, suscribieron más de 3000 contratos a dedo sin incluir las entidades descentralizadas ni las oficinas que tienen la facultad de ordenador del gasto para contratar directamente.
Una revisión de los contratos de la gobernación y de cada municipio muestra los nombres y valores, así como hecho curioso: que hay más contratistas de prestación de servicios que empleados de nómina.
