Solidaridad y cooperación internacional. Un par de principios generales que cobran pleno sentido en estas épocas de desastre y desconcierto. Los pocos líderes que en el mundo existen, como el Papa Francisco, llaman a un esfuerzo mancomunado para superar la crisis.
En medio de la pandemia más grave del último siglo, se impone concentrar todos los esfuerzos en fortalecer la salud pública, en cuanto a recursos humanos y tecnológicos para salvar vidas; garantizar las condiciones materiales de subsistencia a millones de personas que viven en la informalidad, en un mundo cada vez más empobrecido. Es decir, tratar de revertir los efectos más perversos de las políticas excluyentes de las últimas décadas. Superar la esfera de lo privado y darle al Estado el liderazgo que le fue arrebatado. Sentar las bases de una economía de guerra y guiarse por el sentido común. Incentivar el trabajo conjunto de los científicos del mundo para obtener la vacuna y los medicamentos que hoy no existen.
Pero no ha sucedido así, al menos en este hemisferio. A pesar de la magnitud de la crisis, el lucro individual y el interés financiero siguen al frente. Se desprecia la experiencia de China y de Corea para afrontar la crisis, porque rompe con esa lógica. Estados Unidos se convirtió en el país con mayor número de afectados y su presidente todavía se niega a adoptar las medidas que se requieren. Está en campaña de reelección y teme, con razón, que el desenlace de esta situación no le sea favorable.
Por ello, quiere exacerbar los vientos de guerra. Sin tener en cuenta las restricciones impuestas por el viejo continente y las objeciones de varios de sus mandatarios, la semana pasada, en el marco de la OTAN, Washington envío 30.000 tropas adicionales para participar en el proyecto Defender Europe 20, que se desarrollará entre abril y mayo, junto a 7.000 militares de 17 países. Su objetivo: incrementar la capacidad de despliegue rápido de una gran fuerza de combate.
Al mismo tiempo, resolvió endurecer su postura frente a Venezuela. La semana pasada Trump acusó al Presidente Maduro y a sus principales funcionarios de inundar a Estados Unidos de cocaína durante los últimos 20 años, al tiempo que ofrece millonarias recompensas por los sindicados. En el momento en que esto se escribe, el emisario del emperador, Pompeo, anunció una propuesta de transición para Venezuela que, como resulta lógico, fue rechazada por su gobierno. Pero hace dos días, con la excusa de combatir las drogas, Washington inició un despliegue naval hacia el Caribe y se acerca peligrosamente a las costas de Venezuela.
De acuerdo con el italiano Pino Arlacchi, ex vicesecretario de la ONU y ex director de la Agencia antidrogas de la ONU (UNODC), se trata de una acusación sin ningún fundamento. Señala que en el último informe presentado a finales del año pasado por la DEA se estableció que el 90% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos proviene de Colombia, el 6% de Perú y el 4% de otros países. En este negocio, que involucra al país del Norte como primer consumidor y a nuestro país como primer productor, no aparece Venezuela, como tampoco lo hace en el informe correspondiente de las Naciones Unidas.
Tanto la acusación como el momento en que se presenta son especialmente graves por varias razones. La primera, en medio de múltiples dificultades económicas y financieras, Venezuela está afrontando el impacto de la pandemia, con un liderazgo que ya quisiera tener el gobierno de Colombia. La segunda, porque, además de sindicar al gobierno de Maduro, involucra también a los dos principales disidentes de las antiguas FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez. Con ello, Estados Unidos busca un doble objetivo: legitimar una intervención militar en Venezuela y proporcionarle un nuevo golpe al acuerdo de paz en Colombia.
Como en otros momentos de esta cruzada a muerte contra el país vecino, el gobierno colombiano, cada vez más cuestionado por su manejo tardío y errático de la crisis sanitaria, se sitúa al lado de Trump. Esta sindicación fue precedida de un oscuro episodio mediante el cual dos ex generales venezolanos, Cliver Alcalá y Hugo Carvajal, comprometidos con la DEA, acusaron al gobierno de Venezuela de vínculos con el narcotráfico. El primero de ellos confesó que, por indicaciones de Juan Guaidó, transportó desde Barranquilla un cargamento de armas, que fue incautado por el gobierno colombiano, con el que se intentaba promover una acción militar contra Maduro. Todo este juego se da frente a una extensa frontera, en la que actúan diversos grupos armados, entre ellos los Rastrojos, quienes hace un año le ayudaron al autoproclamado presidente a traspasar la frontera para asistir al show de la ayuda humanitaria de Cúcuta.
Pero si de denunciar a los gobiernos aliados con la mafia se trata, Trump podría mirar hacia el lado colombiano. Días antes de que estallara la pandemia, el gobierno de Duque/Uribe se encontraba en verdaderos aprietos. Poco a poco se fueron conociendo las evidencias de que un oscuro personaje de la mafia, el Ñeñe Hernández, había movilizado enormes recursos para comprar las elecciones presidenciales de 2018 para el actual mandatario. A ello se sumaron las declaraciones de la ex parlamentaria Aída Merlano desde Venezuela.
O hablemos también del otro episodio gangsteril que quedó en suspenso. Hace unas semanas se encontraron laboratorios para producir cocaína en la finca en Guasca del embajador de Colombia en Uruguay, un personaje de la entraña del uribismo y de Aerocivil, la autoridad de tráfico aéreo tan comprometida en otorgar licencias a narcotraficantes. Después de quemar parte de la finca para destruir evidencias, el gobierno no ha dado todavía la menor explicación al respecto y el personaje en cuestión sigue en su cargo de embajador.
El cerco unilateral impuesto por Washington a Venezuela y las sanciones económicas, financieras y comerciales se han intensificado durante los dos últimos años. Aparte de robarle 5 mil millones de dólares depositados en bancos de 15 países, al gobierno de Caracas no se le permite comprar alimentos ni medicamentos, entre otros productos. Situación similar viven Cuba e Irán, uno de los países más golpeados por la pandemia. No importa que el Secretario General de la ONU, la Liga Árabe o el Financial Times, entre otros, hayan insistido en el levantamiento de estas sanciones que afectan de manera tan cruel a la población.
La política de Washington, al vaivén de los delirios de Trump, contrasta con la postura internacionalista frente a la crisis sanitaria de China y Cuba. El primero, después de superar la pandemia, está asesorando a un número importante de países afectados. La isla del Caribe, por su parte, ha enviado 1.200 profesionales de la salud a 13 países, además de los 28.000 que ya trabajaban en 59 países. Sigue produciendo y distribuyendo el interferón alfa-2b, de comprobada utilidad en la prevención del virus, pese a las amenazas y prohibiciones de Washington.
