El 19 de noviembre de 2012, miles de pescadores raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Archipiélago ubicado a 700 kilómetros de Colombia y a 100 de Nicaragua en el mar Caribe, recibieron como un tsunami la noticia desde La Haya de que les quedaba prohibido pescar en un área de 75.000 kilómetros cuadrados como lo habían hecho toda la vida ellos, sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos.
La decisión que dejó a las islas más aisladas que nunca, la tomaron en La Haya, al otro lado del océano, 16 jueces, todos de diferentes nacionalidades, que forman parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas (ONU) creado para resolver controversias jurídicas en materia de derecho internacional entre los Estados miembros.
Contrario a lo que se creía, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tampoco quedó contento con el fallo porque le pareció poco lo ganado y decidió volver a demandar para tener derecho sobre un área más allá de las 200 millas marinas contadas desde la costa nicaragüense que técnicamente se conoce como plataforma continental extendida y que de lograrlo se traslaparía hasta con el suelo marino, por ejemplo, de Cartagena.
Mientras la Corte divulga el nuevo fallo que afecta a los intereses de Colombia y sus nacionales en el Departamento insular del país, el presidente Gustavo Petro desde San Andrés le dijo a Ortega que una nación defiende su mar, su tierra y su aire y un equipo liderado por el agente Eduardo Valencia-Ospina, la embajadora de Colombia ante los Países Bajos, Carolina Olarte Bácares como coagente, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor Jay revisan cada uno de sus argumentos y estrategia jurídica para tumbar las pretensiones de Nicaragua.
Así lo han hecho desde noviembre de 2022 cuando el presidente Petro reconfiguró el equipo de agentes dirigido por el abogado y exprocurador Carlos Gustavo Arrieta Padilla y el constitucionalista y exmagistrado Manuel José Cepeda como coagente, quienes renunciaron a sus cargos tras el cambio de gobierno y una polémica suscitada en el país por la ausencia de Colombia que al parecer favoreció a Nicaragua durante una votación en la OEA que condenaba las violaciones a los derechos humanos y el hostigamiento del gobierno nicaragüense a miembros de la Iglesia católica.
Los agentes en La Haya y su labor
El agente o representante de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, Eduardo Valencia-Ospina, es doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Javeriana con maestría en derecho de la Universidad de Harvard. Fue Secretario adjunto y luego Secretario de la Corte Internacional de Justicia durante 16 años, miembro y presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Desde 2001, ha sido asesor y abogado de Colombia en los litigios ante la Corte Internacional de Justicia.
Valencia-Ospina lidera el equipo de defensa que incluye abogados internacionales expertos en litigios, técnicos idóneos en asuntos de plataforma continental y cartografía; funcionarios de la Cancillería, el Ministerio de Defensa, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y miembros de la comunidad raizal.
La participación de la comunidad raizal, que según ellos significa “conjunto de raíces”, ha sido clave en este proceso y ha sido facilitada también por la viceministra de Asuntos Multilaterales y coagente, Elizabeth Taylor Jay, nacida en Providencia, bióloga marina con Maestría en protección del medio marino de la Universidad de Bangor, Gales, en el Reino Unido.
Taylor Jay es experta en asuntos medioambientales, fue embajadora de Colombia en Kenia, directora de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, directora general de la Corporación Ambiental Coralina y co-gestora de la Reserva de la Biósfera Seaflower, patrimonio marino de la humanidad que también está en riesgo por las pretensiones de Nicaragua que tienen en vilo al país.
Como asesor ha trabajado hombro a hombro con la viceministra, Gabriel Cifuentes Ghidini, abogado y Máster en derecho de la Universidad de los Andes, en derecho internacional de la Universidad de Nueva York, en Administración Pública (MPA) de la Universidad de Harvard y PhD en derecho de la Universidad de Roma Tre y quien se ha desempeñado como secretario de Transparencia y profesor de derecho internacional.
En el trabajo para poner fin a esta larga controversia, no de un gobierno sino de Estado, también ha tenido un papel clave la coagente Carolina Olarte Bácares, embajadora de Colombia ante los Países Bajos, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con Maestría en derecho internacional de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo y doctora en derecho de la Universidad de París I Pantheón-Sorbonne.
Antes de asumir su cargo en julio de 2022, Olarte Bácares se desempeñó como decana de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Desde entonces ha estado al pie de diversos procesos de solución pacífica de controversias internacionales como miembro del Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya (Países Bajos) y el país espera que este calificado equipo logre convencer a la dura Corte con argumentos técnicos, científicos, jurídicos y culturales de que no pueden dejar a miles de pescadores sin el mar.
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