Es un día para rechazar el cobarde asesinato de (38) líderes sociales y defensores, como Alberto Román, Mauricio Vélez, Bernardo Cuero y tantos otros nombres, de mujeres y hombres, que conforman esa larga lista que nos llena de dolor y nos avergüenza a los colombianos.
Alberto Román Acosta era el presidente de Sintrainagro regional Guacari, Organización sindical que agremia a trabajadores de la industria y corteros de caña de azúcar de todo el país.
El 1 de julio, se registró el vil asesinado por sicarios quienes esperaban a su acecho mientras acompañaba a uno de sus hijos a un partido de fútbol en un centro deportivo conocido como la Saga, ubicado en el barrio Santa Barbará en El Cerrito (Valle del Cauca). Este líder sindical luego de haber sido trasladado al Hospital San Rafael de Guacari, por familiares y amigos, falleció por la gravedad de sus heridas.
Mauricio Fernando Vélez López era vicepresidente de Sintraunal una de las tres organizaciones sindicales al interior de la Universidad del Valle, y Fiscal de la Junta Nacional.
El 22 de junio fue asesinado Vélez de 43 años, quien se desempeñaba también como docente de esta misma universidad quién fue encontrado sin vida sobre la vía a San Francisco, corregimiento de Timba, Cauca. Según versiones de familiares Mauricio Vélez se encontraba en horas de la noche del miércoles en una reunión familiar en una finca rural de este corregimiento de Timba, cercanía a Buenos Aires Cauca.
A este predio llegaron hombres armados quienes se llevaron a Mauricio Vélez, con prendas de color negro. Horas después las autoridades confirmaron su secuestro confirmando minutos después el hallazgo de su cuerpo sin vida.
Bernardo Cuero Bravo Fiscal nacional y coordinador en el Atlántico de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados Afrodes, miembro de la Mesa de Víctimas de ese departamento, líder comunal y tallerista sobre Reparación Colectiva.
Igualmente, el 07 de junio en la puerta de su casa fue atacado por sicarios este dirigente social de 64 años, quién venía pidiendo al Estado y a la UNP seguridad para continuar realizando todas sus actividades tranquilo como activista en este departamento. Esta vez, el Estado le jugó una mala pasada.
Por otro lado, el pasado 14 de junio en la Procuraduría General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, durante la presentación de la Mesa directiva para la protección de los derechos de los defensores de Derechos Humanos realizó un ejemplar pronunciamiento frente a los asesinatos cometidos contra los lideres y lideresas en Colombia: “Más allá de las estadísticas, un solo líder muerto debería provocar el rechazo y la movilización ciudadana. Es el momento de decir no más defensores y defensoras de derechos humanos, ni líderes sociales asesinados”.
Durante muchos años se han realizado gigantescas movilizaciones para rechazar la guerra, ahora deberían darse grandes marchas en defensa de la vida, para repudiar la muerte de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y sindicalistas. Que la voz del nuevo país que está surgiendo de la paz llegue a oídos de estos asesinos.
El Gobierno Nacional habla de 82 muertos entre 2016 y a la fecha: la Defensoría del Pueblo señala 156, entre enero de 2016 y marzo de 2017; la organización Marcha Patriótica, indica 173, entre enero de 2016 y Junio de 2017. Se debe establecer una cifra, a través de un comité de análisis y observación para la prevención y protección de los defensores es, precisamente, uno de los objetivos que deberán asumir la Mesa directiva defensora de derechos humanos presentada hace una semana al país.
Los defensores de derechos humanos son líderes de oposición y sus organizaciones no son enemigas del Estado, sino aliadas en la defensa de la democracia y la construcción de un mejor país para todos.
Estas muertes deben ser motivo de preocupación para el Estado y la sociedad, porque son una afrenta a la democracia. Cada vez que asesinan a un defensor debería todo el país rodear a las víctimas. La indiferencia ciudadana es el mejor aliado de los violentos. Estos aliados en la defensa de la democracia; en la construcción de un mejor país para todos, en el que quepamos sin distingo alguno. Un país reconciliado y en convivencia donde se borren del vocabulario palabras denigrantes contra quienes piensan diferente.
La estigmatización, el señalamiento, los prejuicios, el lenguaje deslegitimador del otro, son el legado de un país que padeció 52 años de guerra estéril, que convirtió a Colombia en campeón mundial de violación de los derechos humanos. Más de ocho millones de víctimas, miles de masacres y desaparecidos, son la herencia maldita de un largo período de conflicto armado interno, que, por fortuna, ha comenzado su etapa final.
La entrega del 60% de las armas en poder de las Farc es la ratificación de que esa organización ya nunca más podrá ser un ejército armado de fusiles, porque debe mutar, gracias a los acuerdos, a un partido político armado de ideas, que deberá ganarse, en franca lid, un espacio político entre los colombianos y colombianas.
Esta noticia debe conmover al país, porque es la concreción de una lucha que por décadas hemos dado millones de ciudadanos para silenciar la guerra. Una confrontación armada que permitió el etiquetamiento de los luchadores sociales como aliados de las Farc. Que convirtió el derecho a la vida y a la protesta social en un suicidio en zonas de dominio de grupos armados ilegales, e incluso en las grandes ciudades, donde también han caído hombres y mujeres que elevaron su voz para defender causas sociales. Miles de defensores fueron sentenciados a muerte por los intolerantes. Es la historia de la Unión Patriótica, una historia que nunca podemos repetir.
Está sucediendo hoy, uno de los hechos más importantes sobre el fin de las Farc como organización militar, es que la protesta ciudadana ha adquirido una nueva dinámica, en el que los líderes de esas marchas no pueden ser catalogados, como antaño, como idiotas útiles de la guerrilla. Los líderes sociales y defensores de derechos humanos de Buenaventura o Quibdó, Fecode, o Univalle, son gente que cree en la democracia y en la validez de la protesta social. Hay un resurgimiento de una nueva sociedad civil. El grato reto del Estado es entender este momento y rodearla de garantías.
Este Ministerio Público debe, hace un llamado, con la expedición de esta directiva para que se convoque de manera inmediata la Comisión acordada en los acuerdos de Paz, y se defina una estrategia de sometimiento que permita la erradicación de las organizaciones denominadas paramilitares, a las que hoy, todos reconocen, como las principales enemigas de la paz en Colombia.
Pero no nos digamos mentiras, hoy los grandes enemigos de la paz no son solo los grupos armados ilegales que buscan ocupar los espacios dejados por las Farc, ni los grupos radicales que atacan sin piedad lo pactado, sino los escépticos, que hoy son una enorme masa sumida en la desesperanza.
Las encuestas muestran un país marcado por el pesimismo y la frustración, en el que el tema de la paz no ocupa el primer lugar de la agenda pública. Tanto es así que fue más importante en la agenda mediática fue un gol de James, que la entrega del otro 60% de armas de las Farc a Naciones Unidas.
Las Farc deberá cumplió su palabra y entregó su armamento a Naciones Unidas, a pesar de las muchas dificultades. Y esa es una noticia grande que deberíamos celebrar los colombianos. Porque el momento de inflexión que vive el país nos invita a creer y a construir confianza en el mañana. Y esa confianza es más fuerte cuando la voz de quienes piensan diferente está salvaguardada por la democracia.
He insistido que el pesimismo es el mejor aliado del populismo. El país debe mirar con atención ese peligro. Tenemos que cuidar la democracia para que no caiga en manos de quienes en su nombre procuran llegar al poder para destruirla.
Y debemos decir, una vez más, que los problemas del país no se solucionan con una Constituyente, sino con más democracia, justicia y equidad. Y menos radicalismo y polarización.
Allí están los nuevos liderazgos, de gente valiente como ustedes, queridos defensores y defensoras de derechos humanos, que se enfrentan a los grupos ilegales, a la corrupción y al narcotráfico, amparados en su profunda convicción de que la institucionalidad es la única vacuna contra el miedo.
Es el momento de decir no más defensores y defensoras de derechos humanos, ni líderes sociales asesinados. ¡Hay que detener ya la máquina de la guerra! pero que aún sigue contabilizando líderes y opositores asesinados. Los defensores y defensoras hacemos parte de un país que se resiste a la muerte. Simplemente seguiremos caminando del lado de quienes defienden la vida.
Mientras impere una vocería apagada por el gobierno, Colombia siga con la precariedad económica y la violencia impune, el derecho a la vida será desentendido.
