Las abejas muertas se contaban por miles. Esparcidas por todo el suelo o amontonadas en los panales, Abdón Salazar fue recogiéndolas con sus manos aún sorprendido y horrorizado. En diez meses había visto morir envenenadas cerca de 500 colmenas enteras y apenas si había podido reaccionar. En octubre de 2017, Abdón recogió las 160 colmenas que aún tenía en su casa en El Caimo, Quindío, y se fue huyendo de los pesticidas que estaban acabando con sus abejas.
Pero Abdón no fue el único que pasó por esta situación. El año anterior otros apicultores ya había registrado la muerte de más de 3.000 colmenas en el Quindío, y para cuando se fue de El Caimo, el número ascendía a otras 15.000 colmenas en todo el país. Ante la dramática situación que estaba viviendo él junto a otros apicultores, decidió organizarse y crear el Colectivo Abejas Vivas para defender a estos insectos declarados la especie más importante del mundo por la Sociedad Geográfica Real de Londres por su importante rol en la polinización y producción de alimentos en la tierra. Sin su labor, el ser humano difícilmente podría sobrevivir.
Abdón, quien ha sido un apasionado de las abejas desde que era un niño cuando se obsesionó con ellas y leyó todo lo que podía hasta terminar creando su propia empresa para vivir de ella, sabía que los insecticidas de la familia de los neonicotinoides, que contienen ingredientes como el Clothiandin, Thiamethoxan, Imidacloprid y Fipronil, y son usados en decenas de cultivos de tabaco, fríjol, tomate, cítricos, café, arroz, soja, algodón, trigo, maíz, zanahoria, uva, cebolla, plátano, papa, pasturas y algunos ornamentales, son letales para las abejas o cualquier otro polinizador. De hecho, desde el 2013 en Europa se prohibió el uso de estos insecticidas y el Tribunal General de la Unión Europea se reafirmó en su decisión en 2018.
Abdón Salazar a dedicado su vida a cuidar las abejas y hacer visible la las muertes silenciosas que afectan a cientos de apicultores.
Sumado a los esfuerzos del líder del Colectivo Abejas Vivas, el 30 de julio de 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda instaurada por el abogado, activista ambiental y defensor de los animales, Luis Domingo Gómez Maldonado, quien acusó a los ministerios de Ambiente y Agricultura, al Instituto Colombiano Agropecuario —ICA— y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA— de vulnerar los derechos colectivos a un ambiente sano y salud pública, y a un equilibrio económico y uso de recursos naturales de manera equilibrada conservando las especies animales y vegetales al permitir el uso de plaguicidas que contienen los ingredientes activos que matan a las abejas.
Esta situación ya se la habían reportado al entonces ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, a quien le llegó a su despacho un oficio advirtiendo la crisis. De hecho, el 1 de noviembre de 2016 se llevó a cabo una reunión en el ministerio y en la que también estuvieron los representantes del ministerio de Ambiente, encabezado entonces por Luis Gilberto Murillo, el ICA, dirigido por Luis Humberto Martínez, y la Universidad Nacional, que ha venido haciendo reportes sobre el uso de estos plaguicidas además de la vocería que ha tomado el profesor Jorge Euclides Tello, quien también es integrante del Colectivo Abejas Vivas y rindió un testimonio clave para la defensa de las abejas.
El abogado Luis Domingo Gómez (izq.) ha sido un batallador en la defensa de los animales y el medio ambiente, y el profesor Jorge Euclides Tello (der.) también se la ha jugado desde la academia para hacer entender una problemática tan compleja como la mortandad de abejas.
El gobierno nacional estaba lo suficientemente enterado sobre la mortandad de abejas en el país, como quedó documentada en la demanda, y sus consecuencias a nivel mundial, sin embargo, no ha tomado medidas para contrarrestar esta situación y poner un control sobre el uso de plaguicidas. Después de que el abogado Luis Domingo Gómez interpusiera la acción penal, solo el Ministerio de Agricultura y la ANLA decidieron responder, pero las dos entidades se lavaron las manos asegurando que no era responsabilidad suya hacer control sobre los plaguicidas. Esta respuesta sorprendió a más de uno, pues el Ministerio de Agricultura tiene entre sus mandatos “formular, coordinar e implementar la política para prevenir, corregir y mitigar el riesgo agropecuario” y “formular, dirigir, coordinar y evaluar las políticas en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales y la investigación aplicada, con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio”, mientras que la ANLA tiene la competencia para otorgar de manera privativa la licencia ambiental para pesticidas.
Otro elemento que causó curiosidad entre sus respuestas fue que ninguna de las dos entidades refutó las pruebas presentadas por el abogado Gómez ni mucho menos pudieron poner en tela de juicio las consecuencias por el uso de los plaguicidas. El Fipronil, uno de los componentes activos de los agroquímicos puesto bajo la lupa, es el más letal siendo 14.000 veces más tóxico que las demás sustancias y hace que las abejas se mueran por asfixia, acabando incluso con colmenas enteras en instantes. Sin embargo, el problema no es el producto como tal sino su uso, pues no existe un control técnico para su venta y aplicación en los cultivos de todo el país.
Mientras el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Luis Manuel Lasso, estudiaba la demanda, en Tierralta, Córdoba se registraba la muerte de más de siete millones de abejas en tan solo una semana, que terminaron envenenadas por los agroquímicos utilizados en la región, que produce cerca de 400 toneladas de miel al año. Un golpe que prendió las alarmas nuevamente y puso presión para tomar medidas urgentes.
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El problema con la regulación de los plaguicidas es que, según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el no uso de los productos químicos también tiene un impacto negativo en la producción de alimentos, incluso generando una pérdida de hasta el 30% de las cosechas en el mundo. Una situación que pone contra la espada y la pared a las entidades como el ICA, encargada de otorgar el registro a los plaguicidas, de la ANLA, que debe expedir las resoluciones que certifican el control medioambiental.
El magistrado Lasso, quien además es suplente en la Jurisdicción Especial para la Paz, decidió darle la razón al abogado Gómez para proteger los derechos colectivos que se están viendo vulnerados con la muerte masiva de abejas. Sin embargo, no prohibió el uso de los agroquímicos, en vez, ordenó crear una Mesa de Trabajo conformada por el Ministerio de Ambiente, de Agricultura, el ICA, la ANLA, la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Fundación Natura Colombia y el abogado Gómez, que estará respaldado por el Colectivo de Abejas Vivas.
Ahora la responsabilidad está en manos del gobierno nacional encabezado en este tema por los ministros Andrés Valencia y Ricardo Lozano, además de la gerente del ICA, Deyanira Barrero, quienes deben instalar la mesa lo antes posible, ante la desaparición en marcha de las abejas, que se han reducido hasta en un 90% a nivel mundial. Mientras tanto, Abdón Salazar lucha por mantener sus abejas vivas no solo en El Caimo, tierra a la que regresó en el último año, sino en todo el país, que cada día se vuelca en defensa de la especie más importante del planeta tierra.
