Los afectados por la obra pública del Metro de la 80 siguen esperando que la Alcaldía de Medellín ponga en práctica la política pública de protección a moradores que valió cerca de mil millones de pesos su creación, con el auspicio de la Universidad Nacional, pero sus habitantes siguen discutiendo que esta quedó en letra muerta porque las indemnizaciones, el reasentamiento en sitio o la resignificación de su territorio no se ve en la implementación de las obras públicas.
Habitantes de Robledo, en el sector del Rinconcito Ecuatoriano, se dieron cuenta hace cerca de 2 años que saldrían de su lugar de origen, en el momento que comenzaron unas reuniones donde hubo mucha desinformación, porque en su sector hay dos obras que se cruzan: el Metro ligero de la 80 y el intercambio vial del Rinconcito Ecuatoriano. Inició con mucha especulación. Hacían reuniones en el Centro Comercial Florida y ni siquiera entendían que había dos obras diferentes. Del proyecto del metro en el tramo B son cerca de 48 matrículas inmobiliarias.
“Mucho de lo que nos dijeron era mentira: que supuestamente era la primera vez que se iba a aplicar la política pública de protección a moradores, que esta vez nos iba a ir muy bien. Que nos íbamos a ir en iguales o mejores condiciones. Pero cuando te dicen que te van a dar un dinero que ni siquiera te alcanza para conseguir lo que hoy tienes, entonces ¿cómo me voy a ir?”, aseguró Carolina Ríos Palacio, habitante del sector.
Hay otros problemas en el sector, como les ocurre a quienes son adultos mayores, que no tienen la posibilidad de que los acompañen y les expliquen. A muchos los vienen manejando psicológicamente asegurándoles que los van a expropiar. Cuando vieron la oferta de la Lonja de Medellín recapacitaron y decidieron oponerse a esta situación que los dejará sin su patrimonio.
Han dilatado mucho el proceso de entregar las ofertas de compra, hasta este enero de 2023 e iniciaron a ver la incertidumbre, el miedo y solo hablan de expropiación. Creyeron en el discurso institucional, pero tuvieron que organizarse para pedir un pago justo. Si van a buscar donde compran con metro cuadrado a millón cuatrocientos, no encontrarían las mismas condiciones que tienen actualmente.
No se oponen al proyecto, pero se preguntan por qué desconocen todos los arreglos de sus inmuebles y se tienen que ir por el dinero que ellos quieren. Ellos no tendrían ningún problema en salir con valores justos, ¿por qué el desarrollo implica el retroceso de otras personas?
“No hay socialización y adicionalmente hay otros dos planes parciales debajo de donde van a producir estas dos obras públicas. En esos planes parciales crearán locales comerciales y eso les generará más dinero”, manifiesta Carolina Ríos, por lo cual surge la pregunta de todos estos procesos: ¿Quiénes se están enriqueciendo con el urbanismo a costilla de sus moradores?
Alcaldía de Medellín desconoce la existencia del barrio El Volador
“En la Acción Popular nos dicen que el patio taller lo van a poner en el barrio El Volador. Nos dicen que son terrenos públicos, cuando tenemos escrituras y no nos quisieron legalizar el barrio que lleva más de 50 años. Jamás hicieron nada por él, hemos pagado impuesto predial, pero para los derechos en vías y servicios somos “piratas” como no lo dice el ISVIMED”, afirmó Jaime Lopera, un fundador del barrio El Volador.
En Chile se incorporó el caso de El Volador de los pobladores en riesgo de desalojo. En las casas de interés sociales un metro cuadrado vale 2.700.000, lo que equivale a cerca de de 156 millones con 53 metros cuadrados en obra gris.
“Estamos pendientes que el Tribunal de Desalojo sesione en Colombia en nombre de todos los sectores afectados por el Metro de la 80. Hay una historia correlacionada en los últimos 20 años del Concejo y la administración con los habitantes que son mal liquidados y desplazados por obra pública. Al barrio El Volador no lo quieren legalizar por normas como el POT del 2014, las normas ambientales del 2017 y otras del 2021 que no tienen en cuenta los derechos de la gente”, manifestó Carlos Arturo Cadavid, representante de la Alianza Internacional de Habitantes.
Por otra parte, Ethelberto Zapata, líder del barrio El Volador, concluyó: “Isvimed tiene que sentarse con nosotros porque esas normas pasadas perjudican al morador. La EDU está como los despojadores mafiosos que dicen que negocia conmigo o le compro a la viuda, cuando amenazan con la expropiación”.
En la comisión accidental llevada a cabo en febrero de 2023 sobre los afectados del Metro de la 80, los funcionarios manifestaron que los precios que ofertarían sería con relación a años anteriores, lo que cerró la sesión con el enojo y la frustración de los moradores al ver como la Alcaldía sigue repitiendo procesos de despojo legalizado, a favor de privados, que son los que siempre se llevan la platica. Por eso aparecieron las pancartas: “La Lonja confundió avaluar con devaluar”, “sin precios justos, no hay negociación” o “Metro de la 80 robándole a la comunidad”.
