Escribir sobre coca es tan complejo, espinoso y extenso como el mismo problema de la cadena del narcotráfico. Haré referencia al jueves anterior, cuando el gobierno colombiano anunció oficialmente el censo de cultivos de hoja de coca, que anualmente se hace desde 1999, año en que el Consejo Nacional de Estupefacientes determinó que el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es la fuente calificada que suministra la cifra oficial en la materia.
Como ya lo había anunciado Las 2 Orillas, este nuevo corte con fecha 31 diciembre de 2012 señala que el éxito en la lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia ha marcado un hito histórico desde que se mide, bajo la interpretación de imágenes satelitales y verificación en campo, el esfuerzo de la Fuerza Pública y de los programas contra los cultivos ilícitos de la Unidad Administrativa de Consolidación y Reconstrucción Territorial del gobierno.
Luego de la relativa estabilidad iniciada en 2007 con tendencia a la reducción de este tipo de cultivos, tanto la producción de cocaína como el área sembrada disminuyeron en el 2011, pasando de 64.000 hectáreas a 48.000 hectáreas; es decir una importante reducción de 25% en la superficie sembrada. La producción potencial de cocaína pura en Colombia fue de 309 toneladas métricas, más o menos la mitad de lo que se producía en el año 2007.
Las alentadoras cifras obliga a introducirnos en su significado y en el enorme reto para las agencias del Estado empeñadas en eliminar el uso ilícito de los cultivos de hoja de coca, del que derivan buena parte de su subsistencia las redes criminales que se nutren del negocio.
La lucha contra las drogas en Colombia ha contado con importantes programas del gobierno nacional y con el invaluable concurso de Estados amigos, enfocados principalmente a combatir la producción e interdicción, dos eslabones importantes de la cadena. Pero es el momento de cambiar la fórmula, destinando más recursos para atender con desarrollo alternativo a las familias ubicadas en las zonas expuestas al cultivo de la hoja de coca y mayores recursos para la prevención y educación, sobre las consecuencias que produce el consumo de drogas ilícitas.
Para revisar tan solo una de las causas de los cultivos de coca, basta comparar dos hechos: sacar un kilogramo de base o pasta de coca desde una cocina o laboratorio requiere, en la mayoría de los casos, de inventiva y una bolsa para esconderla, ganarse unos pocos pesos, coexistir con los mismos ilegales y correr el riesgo de enfrentar la ley colombiana. Sacar una tonelada de yuca, o cualquier otro producto, implica contratar un camión y trasladarlo por una vía terciaria; de eso no hay en los territorios rurales del país.
Simci ha concluido que los principales núcleos de cultivo de hoja de coca se encuentran en el Sur de Nariño, la zona montañosa del Cauca, en Norte de Santander y en la región de La Macarena. Los departamentos de Caquetá, Chocó y Norte de Santander mostraron incremento del área sembrada; los demás presentan tendencia a la reducción.
De los 1122 municipios de Colombia, 209 están afectados por la presencia de cultivos de coca y 80% de toda el área cultivada se encuentra en 46 municipios: Tumaco, El Tambo, Barbacoas, Tibú, Puerto Asís, Miraflores, Cumaribo, Puerto Leguízamo, Puerto Rico y El Retorno, encabezan la oscura lista de productores. En estos municipios se encuentra el 37% de los cultivos; es decir, 17.812 hectáreas de plantas de coca y todos estos municipios registran en sus territorios veredales presencia activa de las Farc o las bacrim.
Las tendencias que se mantienen de acuerdo con la medición hecha por Simci indican que los ingresos derivados de este cultivo no compensan los riesgos; el mercado y el acceso a los puntos de embarque se han restringido por efecto de la acción de las autoridades nacionales. Los cultivadores encuentran dificultades para comercializar los productos derivados de la hoja de coca; actividades como la minería ilegal hoy resultan más atractivas para los productores y por esta razón la dependencia se ha venido reduciendo.
Algunas señales deben alertar al gobierno y al conjunto de entidades que luchan contra los cultivos de uso ilícito: la reducción se debe en buena parte a la erradicación manual y a la aspersión, pero la tasa de resiembra siguen superando el 50%. El 63% de los cultivadores están vendiendo la hoja de coca y es de esperar que esta hoja sea procesada por expertos capaces de extraer una cantidad mayor de alcaloide, con innovaciones en la oxidación y la transformación de la pasta, en clorhidrato.
La reducción de los cultivos de coca no implica necesariamente un mejoramiento de las condiciones de vida de las regiones; en los territorios donde se produce coca falta desarrollo rural y recursos para instalar proyectos productivos en las familias vulneradas que se calculan en 300.000, vinculadas directamente o asociadas en las etapas de siembra, recolección, producción de pasta y base de coca. Es decir, son más de 300.000 problemas por tres, si consideramos el número promedio de hijos de estas familias, de acuerdo con estudios oficiales en campo. Los programas del gobierno apenas atienden a 60.000 familias.
Durante el presente año se han erradicado manualmente 8500 hectáreas de las 48.000 sembradas en el país. Más allá de que se cumplan las metas de erradicación impuestas por el gobierno, se requiere mayor atención de familias afectadas para que las opciones y costumbres de vida cambien, con miras a lograr resultados en función del desarrollo humano y del bienestar de las comunidades en riesgo. Para evitar incentivos perversos sobre una vereda con presencia de cultivos de uso ilícito, el Ministerio de Agricultura y los programas de gobierno deben promover las buenas prácticas en todas las familias de la vereda afectada.
La información señala hacia donde se deben focalizar los nuevos esfuerzos en erradicación, contención y atención de familias vulneradas por cultivos de coca. Los retos que siguen implican garantizar la sostenibilidad de la reducción, controlar la resiembra (que no se vuelva a sembrar donde se erradica o asperja con glifosato), mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales en los territorios afectados por estos cultivos.
La lucha va mucho más allá de erradicar y asperjar; implica pensar en lograr que quienes cultivan no lo sigan haciendo porque encuentran nuevas opciones sostenibles de producción lícita. La articulación y suma de esfuerzos para lograr esta reducción de los cultivos de hoja de coca debe servir para equilibrar y armonizar capacidades; que se inyecten nuevos recursos para proyectos alternativos, e ir reduciendo progresivamente el uso de los dineros para la erradicación forzosa y aspersión con glifosato, ya que hoy se escuchan voces de campesinos y colonos en varias regiones del país, manifestando voluntariamente y con vehemencia: “deseamos salir ya, de la trampa perversa de los cultivos de coca”.
