La interventoría Consorcio PE2020 C Digitales, otra Unión temporal conformada solo para participar en el mega contrato de 2.1 billones para la conexión de los 7000 colegios rurales, cometió, según la Contraloría varias irregularidades por las que tendrán que responder.
La Unión temporal está conformada por las empresas: PMO SOLYCOM S.A.S., de capital nacional, cuya representante legal es Paola Andrea Izquierdo; EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA, de origen español, con una facturación de € 57.4 millones el año pasado y TELEMEDICIONES S.A.S. empresa nacional con sucursales en Panamá y Perú.
La española Eurocontrol realizó, por ejemplo, en otro consorcio la interventoría para la construcción del puente vehicular en la calle 129C sobre el brazo del humedal Juan Amarillo en Bogotá, y junto con Telemediciones se han presentado en consorcio a otros proyectos.
El Ministerio de las TIC pagó $19.927 millones por el contrato de interventoría, que fue el encargado de autorizar los desembolsos de $70.000 millones a Centro Poblados y que hoy están esfumados. Los autorizó con respaldos de papel y sin revisión física de la obra.
El 31 de diciembre del 2020, el último día del año y tras tomarse solo un día para revisar la documentación, la interventoría autorizó el primer desembolso por valor de $ 70.243.279.599 —el 6.5% aproximadamente— del total del contrato por concepto de anticipo, el cual estaba sujeto solamente al perfeccionamiento del contrato y a la entrega del plan de inversión del anticipo. El plan de inversión fue presentado por la Unión Temporal Centros Poblados el 30 de diciembre y el Consorcio PE2020 C Digitales corrió para autorizar el desembolso sobre la vigencia presupuestal de ese año. Emitió concepto de aprobación de este primer desembolso donde detalla el cumplimiento de las condiciones establecidas.
La Contraloría General, luego de realizar la supervisión del contrato de la Interventoría, indicó que la orden de pago No. 1 había sido avalada sin la totalidad de los soportes necesarios, y por lo tanto le había notificado al consorcio interventor, un presunto incumplimiento.
Estos dineros fueron girados al patrimonio autónomo el 10 de febrero de 2021, posteriormente el 26 de marzo el Comité Fiduciario aprobó al contratista la utilización de los recursos. La interventoría, por su parte, autorizó las órdenes de pago No. 001 a la sociedad extranjera Nuovo Security LLC por $ 58.301.922.067, empresa ubicada en EE.UU. y dedicada a la comercialización de equipos, y la orden de pago No. 002 a la sociedad Inselsa por $ 11.941.357.532.
A pesar de que desde principios de abril la interventoría sabía de los problemas que presentaba Centros Poblados, pues Nouvo Security estaba retrasado con la entrega de los equipos que le había pedido el contratista, las ódenes de pago fueron aprobadas el 20 de abril de 2021.
Este es, precisamente, el dinero que hoy no aparece. Para cuando se realizaron los primeros pagos, Centros Poblados ya debía haber comenzado las obras en terreno y haber tenido varias instalaciones en los colegios asignados. Sin embargo, pocos días después, el 22 de abril, la interventoría también emitió concepto de cumplimiento de las condiciones para el segundo desembolso de $ 21.969.942.552 pero este desembolso no se tramitó por parte de la supervisión, teniendo en cuenta la circunstancia de incumplimiento del contratista.
Solo cuando ya se habían hecho los desembolsos la interventoría reportó, el 20 de mayo, un presunto incumplimiento por parte del contratista. Por procedimiento, se le informó al Banco Itaú que se abría de manera preventiva un proceso y se citaba al banco a la audiencia respectiva. Fue en ese momento que los abogados de la entidad alertaron que las certificaciones bancarias entregadas por Centros Poblados eran falsas.
El 19 de julio de este año, ante el incumplimiento del contratista en la obligación de constitución de una garantía de cumplimiento del contrato, el Ministerio de las TIC declaró la caducidad del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, e hizo efectivo la clausula penal pecuniaria por $ 39.015.740.594
Hoy la lupa de la Contraloría ya está puesta en toda la contratación, pero hasta el momento la investigación más avanzada está contra la firma interventora Consorcio PE2020 C Digitales, que prendió las alarmas desde que autorizó el primer desembolso.
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