Este es el epílogo de un proyecto del gobierno nacional que se suponía sería la garantía de la seguridad alimentaria de los indígenas wayúu del sur de La Guajira. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribió el convenio No. 20151013 con la Asociación de Alaulayus y Cabildos Indígenas Wayuu del sur de La Guajira (Aaciwasug), representada legalmente por el señor Saúl Carrillo Urariyu, cuyo objeto era el “fortalecimiento de la autonomía alimentaria de 10 resguardos indígenas del pueblo wayúu mediante la implementación de cría de ganado bovino doble propósito, ubicados en los municipios de Barrancas, Distracción y Hatonuevo, sur de La Guajira”.
Pues bien, mediante este convenio se pretendía asegurar la provisión de una parte de la alimentación de 190 familias asentadas en los resguardos indígenas de Lomamato, Rodeíto – El Pozo, El Cerro de Hatonuevo, Provincial, Trupiogacho, Zahíno, Cerrodeo, San Francisco, Caicemapa y Potrerito, todos ellos ubicados en el territorio del sur de La Guajira, para evitar los problemas nutricionales y muertes de infantes por este flagelo que tanto afecta a la niñez de este departamento.
El proyecto consistía en la construcción de unas unidades económicas dotadas de corrales, comederos, bebederos y sembradíos de paja de corte para en época de carestía alimentaria poder garantizar la buena alimentación de cada uno de los grupos de ganado vacuno asignados a los resguardos beneficiarios. Durante su permanencia en esta unidad los animales contarían con asistencia técnica, brindada por un médico veterinario y un técnico agropecuario, que se encargarían de velar por la salud y conservación de ellos, para lo cual también recibirían una dotación de vacunas y vitaminas. Por su parte, a los beneficiarios se les brindarían unas capacitaciones sobre buenas prácticas para el manejo de los semovientes.
¿Pues adivinen qué? Al final, el ejecutor solo cumplió con la compra de los animales, los cuales fueron confinados en una finca administrada por el señor representante de la organización Aaciwasug, y poco, por no decir que nada, se ha vuelto a saber de estos nobles animales.
Estas anómalas situaciones originaron que el Ministerio de Agricultura declarara administrativamente el incumplimiento del convenio y como consecuencia se instaurara una demanda que actualmente cursa en el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, bajo el radicado No. 44001234000020180003100. La cartera ministerial aspira a recuperar los más de cuatrocientos setenta y nueve millones de pesos ($479’000.000.oo) aportados al convenio, más sus intereses y la cláusula penal pecuniaria del convenio.
Sin embargo, eso no es todo. Paralelo a ello también cursa ante la Fiscalía 6ª, especializada de delitos contra la administración pública de Riohacha (La Guajira), un proceso penal en contra del representante legal de la organización Aaciwasug, Saúl Carrillo Urariyu, por el delito de indebida ejecución de contratos, bajo el radicado No. 440016099082201600074, el cual duerme el sueño de los caídos, dada la paquidermia del ente investigador.
Es lamentable que esta situación se presente, dada la situación de hambruna que ha provocado tantas muertes de niños en el departamento de La Guajira; pero aún peor es que sea propiciada precisamente por los mismos wayúu, todo por el malsano interés de algunos de apropiarse irregularmente de dineros y recursos públicos para con ello enriquecerse ilícitamente. Cabe recordar que esta organización se encarga de agremiar a los cabildos indígenas de los resguardos y a las autoridades tradicionales de estas comunidades, las cuales se suponen son las encargadas de salvaguardar la pervivencia del pueblo wayúu de este sector departamental.
Para justificar el desvío de recursos, el señor Saul Carrillo Urariyu ahora sale a los medios a decir que la culpa fue del fenómeno del niño, por eso al final concluimos que la culpa no fue de la vaca sino del niño.
Esperemos el accionar de los órganos de control, en especial el de la Fiscalía General de la Nación, para aclarar estos hechos irregulares.
