Tres grandes potencias, China, Rusia y Turquía siguen apostándole al gobierno de Nicolás Maduro, eso sí, con una contraprestación clara, más allá de las afinidades políticas o la solidaridad frente a un enemigo común: Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump.
Los tres países tienen intereses en el petróleo venezolano, una riqueza potencial inexplotada por el deterioro tecnológico y la corrupción alrededor de Pdvsa. Pero también en los valiosos recursos minerales que incluyen entre el 10% y el 23% de las reservas mundiales de cobre, hierro y oro, y en los últimos años, yacimientos de coltán.
La relación con Turquía es relativamente reciente. Se inició después del intento de golpe de estado al presidente Recep Tayyip Erdoğan en 2016, y se ratificó en 2018 con intercambio de visitas de ambos presidentes a cada país. El principal intercambio se da entre comida turca y oro venezolano, oro que a su vez utiliza el presidente Erdoğan para comprarle petróleo a Irán y evitar las sanciones de EE. UU.
La compañía Marilyns Proje Yatirim AS y Glenmore Proje Insaat que operan en Estambul, pero poco conocidas en el sector, tienen acuerdos con las estatales con la Compañía General de Minería de Venezuela (principal productora de oro) y Carbones del Zulia. En agosto de 2016 Maduro anunció que la mina estatal de oro Minerven, sería el único comparador oficial de oro, pero la realidad es que la compañía turca Mibiturven, resultado de un joint-venture con Marilyns Proje Yatirim AS, la que realiza todas las negociaciones de oro en el país. En septiembre de 2018 Turquía recibió como pago US $900 millones de dólares de oro venezolano por ocho barcos cargados de 10.000 toneladas de alimentos mensualmente llegan a La Guaira procedentes de Turquía. Realizan travesías directas o con escala y transbordo en República Dominicana a viejas embarcaciones venezolanas.
Los acuerdos con China en cambio, vienen desde la época del presidente Chávez. Dos años después de su posesión, en 2001, Venezuela se convirtió en el primer país hispano en entrar en una "asociación de desarrollo estratégico" con China. Gracias a este acuerdo, la población inmigrante china en el país vecino ha pasado de aproximadamente 60.000 en el año 2000, a medio millón, 18 años después, según la información oficial.
Las empresas chinas empezaron a llegar desde el 2004, luego de un acuerdo que les permitía a ambos países realizar inversiones exentas de cargas tributarias. El impulso final a la inversión China, lo logró Chavéz cuando en 2007, acordó el Fondo Conjunto China - Venezuela, que permitió a Venezuela recibir préstamos de China en bloques de hasta US $ 5 mil millones con el compromiso de pagarlos con envíos de petróleo crudo.
En 2010 el expresidente Chavez firmó varios acuerdos con el gobierno Chino.
El objetivo de este Fondo Conjunto era la inversión en territorio venezolano de empresas chinas que operaban en las áreas de petróleo, construcción de ferrocarriles, minería, infraestructura, telecomunicaciones, agricultura, producción de electrodomésticos y comercio, entre otros. En este marco nacieron empresas como la Compañía Venezolana de Telecomunicaciones (Vtelca), cuya fábrica de ensamblaje y comercialización de teléfonos celulares y otros productos tecnológicos en Paraguaná fue inaugurada en 2009 y que incluye alianzas con empresas chinas como Inspur Group y ZTE Limited. Según Vtelca, la compañía ha producido más de 7.8 millones de teléfonos celulares en ocho modelos de diferentes rangos.
Los proyectos financiados por el Fondo Conjunto incluyeron en 2008 la instalación de una sucursal del "Parque Tecnológico" de Huawei en Venezuela y planes para construir dos plantas de producción de drogas, pero las plantas nunca entraron en funcionamiento. En 2010, fue inaugurada la “Industria Electrónica Orinoquia” con el propósito de fabricar equipos de comunicaciones, esta compañía estaba constituida con el 65% de las acciones propiedad del estado venezolano, a través de su compañía de telecomunicaciones, y el 35% de las acciones en poder del socio chino Huawei Technologies.
En julio de 2009, Venezuela y China firmaron un acuerdo por US $ 7,5 mil millones para construir una línea ferroviaria. El acuerdo fue firmado por el presidente del Instituto Autónomo de Ferrocarriles de Venezuela, Franklin Pérez, y el vicepresidente del consorcio chino, China Railway Engineering Corporation, Bai Zhongren. La obra fue abandonada y saqueada por los lugareños en Zaraza en el centro de Venezuela.
Remanente del sistema que fue abandonada por sus gerentes chinos en Zaraza, Venezuela.
Otros proyectos financiados por el Fondo Conjunto incluyeron la construcción y expansión de las líneas de metro en las ciudades de Valencia y Maracaibo, la construcción de complejos urbanos a través de la Gran Misión de Vivienda de Venezuela, el programa social más importante de la Revolución Bolivariana, así como renovaciones de Las carreteras y la expansión del sistema nacional de transporte terrestre.
China pudo poner a operar dos compañías de ensamblaje en Venezuela, a saber, Yutong una fabrica autobuses inaugurada en 2015 y que según el gobierno ha puesto más de 573 unidades de autobuses entre septiembre de 2017 y enero de 2019; y Chery, una empresa estatal de automóviles en el estado de Aragua nacida en 2011 con capacidad para producir 10 carros por hora, pero que en la realidad no se evidencia su producción. Maduro realizó un relanzamiento de la planta en días pasados, culpando su paralización a la “guerra y bloqueo económico”.
Muchos de los 790 proyectos chinos en Venezuela han fracasado y desaparecido en los últimos 11 años, en su mayoría devorados por la corrupción o por el impago de la deuda. Los préstamos totales de China a Venezuela alcanzan por lo menos US $ 50 mil millones de dólares para 2017, y algunos estiman que la cantidad llega a US $ 62 mil millones. Solo el Banco de Desarrollo de China (BDC), un prestamista estatal, ha otorgado crédito al gobierno venezolano en la última década por US $ 37 mil millones de dólares.
Entre 2010 y 2013, Venezuela representó un promedio del 64 % de las nuevas líneas de crédito aprobadas de China para América Latina, número que entre 2014 y 2017, bajó a solo el 18 %. En los últimos años, China a dejado de emitir nuevos préstamos a Venezuela.
A medida que China se volvió más cautelosa y preocupada por su exposición en Venezuela, y el resto del mundo se cerraba a otorgar nuevos créditos a Venezuela, las empresas estatales de Rusia emergieron desde 2015 como la alternativa. Rusia proporcionó a Petróleos de Venezuela –Pdvsa– alrededor de US $ 6.5 mil millones en nuevos fondos a través de su empresa estatal, Rosneft, la mayor productora de petroleo en Rusia. A cambio, Pdvsa proporcionó como garantía de pago el 49.9 % de sus acciones totales de su subsidiaria Citgo en los EE. UU. Una deuda de similares proporciones tendría el gobierno venezolano con el gobierno ruso.
Nicolás Maduro, le regala una a Igor Sechin, director ejecutivo de Rosneft. Febrero 2019.
La política rusa está muy influenciada por Igor Sechin, amigo de Putin desde principios de los años 90 y cabeza de Rosneft. Sechin se reunió con Maduro en Moscú en septiembre del año pasado y voló a Caracas en noviembre. Rosneft posee dos campos de gas en el mar venezolano y participación en una empresa conjunta para la explotación del cinturón de crudo pesado del Orinoco. La petrolera rusa por lo pronto sigue invirtiendo en Venezuela, en lo que se entiende como una mezcla de política de seguridad nacional de Rusia y combinación de intereses corporativos.
Estas tres potencias son el oxígenos que mantiene con vida a Maduro en una relación cada vez más desigual, cuyo saldo final parecería la entrega de la riqueza venezolana sin una contraprestación en el largo plazo que fortalezca la economía real y el desarrollo del país.
