Una encuesta de la Contraloría General publicada el 4 de este mes revela las precarias condiciones laborales de los trabajadores de la salud, con énfasis en el personal médico y administrativo. La recolección de la información se hizo a 12.230 profesionales en los 32 departamentos de Colombia, con lo cual se deja claro que es absolutamente representativa de lo que está sucediendo en este país. Solo un 40 % de estos trabajadores tiene vinculación con contrato a término indefinido; un 38 % es contratista por prestación de servicios; el 13 % tiene un contrato tercerizado con agencias intermediarias; el 6 % lo tiene por provisionalidad y el 3 % restante es de libre nombramiento y remoción, o sea, está en manos del político. El 45 % de los encuestados dijo que les han modificado las condiciones laborales en su contrato, quitándoles horas de servicio o cambiando la forma de pago. El 22 % ha visto reducida su jornada laboral y sus ingresos. El 22 % dijo que el pago de sus honorarios no es puntual: al 14 % les deben entre tres a seis meses, el 5 % dijo que desde hace seis a diez meses y un 3 % dijo que llevan más de diez meses sin pagarles.
El Tiempo reveló el "asombro" del contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, quien afirmó: "En el sector Salud hay unos niveles de informalidad alarmantes. En lugar de tener un contrato laboral, muchos tienen contratos por prestación de servicios que les implican cargas adicionales y que los dejan sin una vinculación laboral, sin prestaciones ni estabilidad. Estas condiciones de tercerización e informalidad no garantizan las condiciones laborales del personal de la salud, sobre todo en estos momentos de crisis”. Con la pandemia de COVID-19, cada día se desnuda más el criminal perjuicio que la Ley 100 ha causado a pacientes —ahora clientes— y a los excelsos profesionales de la salud, ahora esclavos de las EPS e IPS, pues no solamente es precaria su relación en la vinculación laboral, los bajos salarios y los atrasos en sus pagos, sino que además, para poder garantizar su vida, les toca a ellos mismos adquirir los elementos de protección y bioseguridad, tanto que el 47 % de los entrevistados ha tenido que comprar equipos como caretas de protección, monogafas, respiradores N95 y batas manga larga. Además, un 20 % contestó que no les entregan caretas en la institución, y otro 20 %, que no les dan monogafas. Y al 92 % del personal médico del país no le han hecho ninguna prueba de COVID-19. Mientras tanto, el presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en la parodia diaria, dicen que destinaron "billones de pesos" al sector Salud, dineros que no ven ni los clientes ni los "nuevos esclavos de la salud", y que con seguridad están en el bolsillo de las EPS. Por esto no es raro que Duque y Ruiz ya hayan pronosticado más de 40 mil muertos por la pandemia al finalizar el presente año.
La Ley 100 de 1993 es un acto criminal contra la población colombiana, no solo en el retroceso de los derechos de los trabajadores, sino causante de la muerte de millones de personas, dejadas morir en las puertas de los hospitales, hacinadas en salas de urgencias, esperando un procedimiento, unas medicinas o una cita especializada. Esos millones de víctimas, los trabajadores y las familias de los que han fallecido, claman por justicia y por un gran movimiento nacional que derogue la criminal Ley 100. ¡No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista!
