Intervenir a la EPS Sanitas fue la primera gran actuación de Luis Carlos Leal como Superintendente de Salud. Lo hizo el 2 de abril del año pasado, poco menos de un mes después de posesionarse en el alto cargo y sirvió como representación de la gran tarea que le puso entonces el presidente: tener a las EPS sobre las cuerdas y bien vigiladas. Apenas un día después continuó con la Nueva EPS y meses más tarde le siguió SOS. Sin embargo, ninguna le ha traído tantos dolores de cabeza al Estado colombiano como la española.
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Desde el primer momento, el dueño de Sanitas, el millonario vasco Joseba Grajales, dejó claro que no se iba a quedar quieto y que iba a hacer todo lo posible por ponerle freno a la intervención, la cual a su consideración fue injusta y arbitraria. Puso en marcha una estrategia legal a través del abogado de Keralty, Juan David Riveros, para atacar al Gobierno por todos los frentes buscando recuperar a su gran gallina de los huevos de oro con la que facturaba cerca de $ 9 billones al año.
Al menos por ahora, no lo ha logrado
Ya pasó un año desde que Luis Carlos Leal llegó con su equipo a la oficina de Sanitas en la calle 109 de Bogotá para iniciar una intervención forzosa y en ese tiempo Grajales, no solo no consiguió que se le diera reversa a la decisión, sino que ahora fue notificado de que la medida se prolongará al menos por otro año más, hasta el 2 de abril de 2026. La Supersalud aseguró que en la entidad todavía persisten los problemas financieros y de atención a los usuarios –recientemente se conoció que le deben $ 523 mil millones– por lo que deben seguir teniendo el control de la salud de 5,7 millones de colombianos.
Actualmente y desde noviembre pasado, el agente interventor de Sanitas es el especialista en finanzas y gerencia de servicios de salud Kemer Ramírez Cárdenas, uno de los varios funcionarios cercanos al ministro Guillermo Jaramillo que tienen poder en el sector de la salud. Ambos coincidieron durante la Alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá cuando Ramírez fue gerente del Hospital Tunjuelito II Nivel E.S.E., el cual es administrado por el Distrito.
Entre tanto, aún está en curso la demanda interpuesta por Keralty en contra del Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi). Los españoles pretenden sacarle al Estado colombiano USD 1.200 millones, es decir, cerca de $ 5 billones en un proceso en el que son representados por las firmas Rincón Castro y Debevoise & Plimpton.
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