Transcurridas siete semanas desde el estallido social del 28A, no se vislumbra una salida pronta. El gobierno desconoció el acuerdo con el Comité de Paro sobre las garantías para la protesta. Tampoco comparte los diálogos regionales entre alcaldes como el de Cali con la juventud rebelde en los puntos de resistencia.
Desde el Ubérrimo se impuso la línea dura y la política de sangre y fuego. Solo cuentan la militarización, el plomo y los civiles armados. No cesan las noches oscuras y tenebrosas, llenas de muerte y desolación.
Después de su negativa inicial, la presión popular obligó al gobierno a recibir la visita de la CIDH la semana pasada, lo que trajo la atención internacional sobre Colombia. Se sigue denunciando la brutalidad policial. Pero según el repetido discurso oficial el gobierno es víctima del terrorismo que financia y alienta el vandalismo. No hay conflicto social.
La vicepresidenta-canciller culpa al acuerdo de paz y a Venezuela y denuncia una conspiración internacional para tumbar a Duque. Sin pestañear siquiera, informa sobre la incautación de 40.000 armas a los manifestantes.
Cada vez que puede, el fiscal vocifera en el mismo sentido y anuncia la detención de criminales responsables de los disturbios, a quienes los jueces dejan en libertad por falta de pruebas. El Mindefensa presenta a los líderes/as sociales con sus “alias” como delincuentes.
Pero la Procuradora no se queda atrás. Les abre investigación a congresistas de la oposición por apoyar el paro. Archiva el proceso por el desfalco de Reficar, argumentando la buena fe de sus perpetradores. Como una burla a la decisión de la Corte IDH, avanza en su proyecto de conferirle a su entidad facultades de policía judicial.
Todos a una insisten en que las pérdidas, ocasionadas por los bloqueos son cuantiosas. Los más de setenta muertos y muertas, en su gran mayoría jóvenes, no cuentan, ni los cientos de personas desaparecidas, que se suman a los cientos de miles del conflicto armado. Miles de heridos, torturados, mutilados, no cuentan para nada.
Los medios oficiales compran la historia y la repiten. Se ensañan con la dirigencia sindical. Pero a estas alturas, todos los sondeos de opinión muestran la legitimidad del paro entre la población y el desprestigio del gobierno.
___________________________________________________________________________________________
A estas alturas, todos los sondeos de opinión muestran la legitimidad del paro entre la población y el desprestigio del gobierno
___________________________________________________________________________________________
Es innegable que ha habido actos vandálicos, como en cualquier conflicto social de esta magnitud, pero en su gran mayoría las concentraciones y movilizaciones han sido pacíficas. La autoría de la quema de alcaldías y otras entidades, en sitios custodiados por la Policía, resulta al menos sospechosa.
Como parte de la estigmatización y represión de la protesta social, el gobierno magnifica el número e impacto de los bloqueos, el desabastecimiento de alimentos, que en realidad ha sido mínimo. Los responsabiliza de todos los males: crisis agraria, desempleo, pobreza, incluso del incumplimiento con la reconstrucción de San Andrés y Providencia.
Los bloqueos o cortes de vías son aceptados como mecanismo de protesta en los mismos estándares de la CIDH. Las barricadas son las trincheras de quienes no tienen nada más para defenderse. Son espacios comunales de organización, experiencias compartidas y ollas comunales. Aunque después de un periodo tan prolongado, es claro que empiezan a molestar a las personas del común.
Pero bueno, como se trata de cuestionar el vandalismo y los bloqueos que causan desastres al país, vamos a fondo. Oxford define el vandalismo como “la actitud o inclinación a cometer acciones destructivas contra la propiedad pública sin consideración alguna hacia los demás. El vandalismo pone en peligro la convivencia de los ciudadanos".
Veamos algunas muestras. El término vandalismo explica la destrucción del acuerdo de paz, que se convirtió en un bien público, al ser incorporado a la Constitución. El asesinato impune de líderes y lideresas sociales y excombatientes, el saboteo a la Reforma Rural Integral, a la sustitución de cultivos, a la JEP y la oposición a las curules de la paz son actos vandálicos.
Vandalismo es apropiarse por años de los recursos del PAE, condenar a la infancia a la muerte y la desnutrición, sin perspectivas de vida sana ni de futuro. Sus perpetradores siguen negociando ministerios. Vandalismo es estafar a los municipios con los “bonos de agua” y ser recompensado por el establecimiento.
Vandalismo es, en plena pandemia, entregarles los recursos del Fome al sector financiero y dejar sin apoyo a hospitales, personal de salud, trabajadores y trabajadoras informales y mypimes. Vandalismo es feriar las empresas del Estado para beneficio privado.
Vandalismo son los enormes costos de la corrupción. Vandalismo son las exenciones a las empresas y los impuestos a los menos favorecidos.
Vandalismo es la respuesta criminal de la Policía y el Esmad y su apoyo a los civiles armados. Vandalismo es que el Presidente se disfrace de policía y el Congreso ascienda a los policías asesinos.
Los bloqueos contra la mayoría de la población han sido múltiples por décadas: Impedir el acceso oportuno y apropiado a la salud pública, a la universidad, al empleo y a cualquier posibilidad de llevar una vida digna.
El vandalismo y el bloqueo explican la magnitud del estallido social.
