El premio nobel de economía de 2001, Joseph Stiglitz, escribió “El precio de la desigualdad” en 2012, en referencia a la inequidad de la sociedad norteamericana y resumió la paradoja de la siguiente manera: “El 1% tiene lo que el 99% necesita”, además advierte los costos que deben pagar los países desiguales “este tipo de sociedades no funcionan de forma eficiente y no son sostenibles a largo plazo”. En Estados Unidos, el índice Gini es de 0,46, mientras en Colombia 0,54. ¿Cómo titularía Stiglitz un libro sobre nuestra desigualdad socioeconómica, si estamos 20% peor que USA?.
Otro nobel keynesiano de 2008, Paul Krugman, ha expresado reiteradamente las dificultades de aplicar políticas públicas óptimas socialmente como Obamacare, al haber tan alto nivel de desigualdad dice: “imposible no haber guerra de clases y polarización si el 0,1% más rico bloquea las políticas que benefician al 99,9% restante”. También la ONU recientemente llamó la atención sobre las dificultades para que el desarrollo económico redunde en calidad de vida y recordó que el problema no se resuelve construyendo casitas. Sin embargo, en Colombia la teoría económica dominante es la monetarista neoliberal, por lo tanto a nuestros tecnócratas no los trasnocha la perversa concentración del ingreso y están más pendientes de que el IPC o la canasta familiar no suba del 3% anual, la cual en muchos casos es utópica y no demandada por los hogares, debido a sus bajos ingresos.
En Colombia la “estratificación” o segregación socioeconómica se compone de la siguiente manera: Estrato 1, 22,3% y 9,8 millones de personas; Estrato 2, 41,2% y 18,1 millones; Estrato 3, 27,1% y 11,9 millones; Estrato 4, 6,4% y 2,8 millones; Estrato 5, 1,9% y 836 mil y Estrato 6, 1,2% y 530 mil colombianos. Según el DANE, 14,6 millones de colombianos viven con menos de $192 mil al mes, ya que sólo 1900 funcionarios de las ramas legislativas y judiciales tienen la suerte de contar con la “prima especial de servicios” de $7.898.445. El sueldo mensual de un parlamentario por 4 sesiones en el congreso es $24.054.342, lo cual es 41 veces el salario mínimo de $589.500 que reciben aproximadamente 11 millones de trabajadores del país, que trabajan 26 días al mes. Estos honorables doctores deben diseñar las leyes y políticas públicas con principio de equidad que buscan redistribuir los ingresos, como estipula nuestra constitución política. ¿Qué balance tenemos de esta loable meta?, ¿si se merecen este nuevo incentivo económico? o más bien hay que diseñar mecanismos de control y pago, por los beneficios sociales reales de su trabajo en el capitolio.
El estadístico, demógrafo y sociólogo italiano Corrado Gini diseñó el coeficiente de Gini en 1912, el cual es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). Por medio de la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) del DANE de 2012 se determinó que el coeficiente Gini de Colombia es 0,539, lo cual indica que el 20% de la población con más ingresos se queda con aproximadamente 60% del ingreso. En el sector rural el Gini es 0,88; es decir el 80% de la tierra lo tiene el 10% de “agricultores prósperos”. Para tener un referente y orden de magnitud, en Noruega es 0,225, Corea del Sur 0,310, Uruguay 0,379 y Estados Unidos 0,469.
Entretanto, la lista Forbes de megaricos tiene cada vez más latinos y colombianos y es comandada por un mexicano con una riqueza neta de $142 billones, de la cual el 23% sale de bolsillos colombianos. Nuestro banquero se ubica en el puesto 64 con $28 billones de patrimonio y el heredero cervecero en el puesto 82 con $24 billones. No obstante el país número 1 en desarrollo humano, Noruega, muestra un PIB per cápita de aproximadamente $9 millones mensuales y no tiene multimillonarios entre los 200 primeros de Forbes. Mientras tanto, nosotros somos el número 91 en desarrollo humano con PIB per cápita de $1,2 millones mensuales y el más desigual de Suramérica. ¿Será que nuestros ricos con patrimonios bien ganados por su ingenio, pagan muy pocos impuestos? y no se dan cuenta que para la sostenibilidad de sus negocios, necesitan consumidores con calidad de vida, que salgan de la pobreza y puedan ingresar a la clase media para pagar sus productos y servicios.
Los tributos deben ser progresivos como versa en la constitución y no estar cargados sobre tasas planas como el IVA y 4x1000 que soportan el 40% del recaudo total. Adicionalmente el gasto público es regresivo, mal enfocado y con deficiente estructura institucional, ya que el 50% va para el 10% más rico expresado en pensiones, burocracia, salud y seguridad, mientras por evasión de impuestos y contrabando se pierden $35 billones al año y por corrupción $14 billones al año, según la contraloría general. En contraste, el presupuesto para educación pública primaria, secundaria y universitaria es de sólo $24 billones.
En una sociedad desigual no funciona la democracia ni el desarrollo económico, al castigar el activo más importante: el capital humano. Un buen comienzo para corregir la desigualdad socioeconómica y la movilidad social es aplicar tributos progresivos sobre grandes empresas, especulación, dividendos, regalías justas, castigos severos a los corruptos y evasores y que el gasto público se reoriente hacia educación, salud y bienes públicos de calidad, no a defensa, seguridad y corrupción como se hace actualmente. En consecuencia, es necesario en el corto plazo garantizar mínimos vitales en servicios públicos de agua, luz, transporte público, tecnologías de la información, alimentación y salud, y en el mediano y largo plazo, aplicar seriamente la frase de cajón de las campañas políticas de educación pública de calidad, la cual no es exitosa con hambre y condiciones mínimas de hábitat. De esta manera no seguimos permitiendo que el crecimiento económico se quede en el 0,1% de la población con poder político y económico.
@ErnestoBettinJ
