Antes de posesionarse como alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López Hernández llenó cumplidamente el Registro de Intereses Privados, un requisito con el que la ley busca evitar que altos funcionarios saquen provecho indebido de su investidura o favorezcan con negocios a parientes o personas de su círculo familiar.
“Mi cuñado Óscar Julián Lozano Correa, de acuerdo con lo señalado en el artículo 49 de la Ley 517 de 2000, no podrá realizar ningún tipo de contratación con el distrito de Bogotá o con sus entidades descentralizadas mientras yo me desempeñe como alcaldesa (…)”, escribió Claudia. Unas líneas atrás, había recordado también que Angélica Lozano, su esposa, se desempeñaba como senadora de la República.
Esa alerta temprana, reconocida entonces por la opinión como un gesto de transparencia, no fue atendida por el cuñado de la Alcaldesa. Pocos días después de asistir a la posesión, Óscar Lozano se presentó como proponente en el proceso para contratar la adquisición e instalación del inmobiliario de oficina abierta de la nueva sede de la alcaldía local de Tunjuelito. Era un negocio por más de $1.292 millones.
Lozano participó en el proceso como representante legal del Consorcio Inverkiros Mobiliario, compuesto por empresas que de tiempo atrás venían celebrando negocios públicos con el Distrito.
El contrato no le fue adjudicado, pero quedó en manos de otra empresa no ajena al círculo familiar de la esposa de la Alcaldesa. La favorecida fue Industrias Cruz S.A., empresa con matrícula mercantil número 00083338, representada legalmente por Ernesto Cruz Sánchez.
Ernesto Cruz es el esposo de Stella Correa, tía de Angélica Lozano, primera dama de la ciudad. La relación entre ambas es muy estrecha desde la época en que la familia convivió en el municipio cundinamarqués de Arbeláez, población que la alcaldesa y su esposa frecuentan por estar allí la casa de campo de los parientes. La alcaldesa pasó el primer Covid y los días de reposo allí.
En medio de las crecientes dudas éticas sobre el contrato, entró en escena el nombre de Dorian de Jesús Coquies Maestre, por aquel entonces alcalde de Tunjuelito. Coquies, cuya firma aparece en el contrato, fue candidato al Concejo de Bogotá por el Partido Alianza Verde y cuando Claudia López asumió como alcaldesa, lo integró a su equipo de trabajo como director de Calidad de la Secretaría de Gobierno.
Las contrataciones hechas a través de la alcaldía menor parecen haberse convertido en el talón de Aquiles del gobierno distrital.
Una denuncia interpuesta por ciudadanos ante la Fiscalía relaciona, además de contratos concentrados en círculos de familiaridad cercano, una inflación de convenios de prestación de servicios que tienen varias particularidades curiosas.
De un lado, los contratistas parecerían tener el don de la ubicuidad porque se obligan a hacer trabajos presenciales en dos o tres dependencias distantes entre sí y en los mismos horarios.
Claudia acompañada del alcalde de Tunjuelito en plena campaña
De otro, hay evidencias documentales que sugieren que las planillas de pago de seguridad social que los contratistas deben presentar como soporte para tramitar sus cuentas de cobro han sido duplicados y presentados para cobrar por contratos diferentes.
Como no es la primera vez que es cuestionada por hechos de esta naturaleza, la alcaldesa ha dicho que siempre ha hecho un esfuerzo por mantener “a metros” a parientes o personas relacionadas con su familia y la de su esposa. Sin embargo, parece haber fallado en el intento.
