La paralaboralidad de los contratos de prestación de servicios o la privatización de la función pública ha sido la constante en la prestación de la función pública de los 30 años.
La aceptación tácita o expresa por parte de gran parte de la sociedad, de los medios, y de muchos sindicatos, frente a este tema, llevan a concluir que el Estado debe convivir con dos formas de prestación de la función pública. Es decir una legal y una ilegal.
La primera, la carrera administrativa y la segunda por los CPS. Las cortes de justicia, especialmente la corte constitucional, ha sido reiterativa en señalar que hay un abuso en la forma como se desarrollan estos contratos de prestación de servicios, al igual que el Consejo de Estado.
Pero en la práctica son un saludo a la bandera que ninguna entidad pública cumple, ni ningún organismo de control hace cumplir.
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Sin embargo, hay excepciones en la justicia que ven estas prácticas corruptas como normales, como el fallo a una acción popular del tribunal administrativo de Cundinamarca que intente hace cuatro años, que en primera instancia ordenó al ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, acabar con estas prácticas, crear los cargos de carrera, iniciar los concursos de manera inmediata, e investigarlo disciplinariamente, pero que en un fallo totalmente contrario en segunda instancia, con tufillo de bendición al clientelismo, lo tumbó.
Termina el gobierno de Duque y en su período se dieron grandes escándalos originados en este tipo de vinculaciones, violando el derecho fundamental a la igualdad y legitimando ese corrupto clientelismo.
Al extremo de que en muchas entidades públicas la función pública la prestan, en su totalidad, contratistas de prestación de servicios.
Los sindicatos en la práctica son funcionales a este tema. En este gobierno firmaron la creación de una mesa “meritocrática” para acabar gradualmente esta patología laboral del estado, sin que terminado el gobierno haya habido importantes logros.
Se repite el círculo demagógico de sanciones a esta problemática surgida desde el año 1993 y practicado por gobiernos nacionales y territoriales.
Durante la campaña electoral, algunos candidatos mencionaron que acabarían con esta práctica, sin embargo, Rodolfo Hernández había anunciado la eliminación de más de 200 entidades y el despido de más de 300.000 funcionarios lo que en la práctica obligaría a una nueva etapa de refortalecimiento de estos contratos, porque la función pública se tiene que cumplir, es decir sería la relegitimación de esta práctica paralaboral contraria a la constitución y la ley.
El presidente electo Gustavo Petro, al respecto no ha hecho planteamiento alguno pero es conocida su posición al respecto, teniendo en cuenta su paso por la Alcaldía de Bogotá.
