Durante el gobierno de Juan Manuel Santos y el Ministerio de Educación de la desaparecida Gina Parody se empezó a implementar aquello de la jornada única, para lo cual había que renovar la infraestructura. A razón de eso, en todo el país se tumbaron colegios para hacer dizque megacolegios, y en Antioquia se firmó un convenio para construir 54 de ellos, varios de los cuales se supone iban a tener lugar en Itagüí: de las 24 instituciones educativas oficiales de este municipio, nueve iban a convertirse en megacolegios, pero tres de ellos están, literalmente, en el piso desde 2017 y el resto están en una flemática y eterna construcción.
El plan era que el gobierno aportaría el 70 % de la construcción de cada megacolegio, mientras que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el municipio de Itagüí aportarían el restante 30 %. En ese sentido, el Gobierno aportó 53.820 millones de pesos; el AMVA, 10.205 millones, y el municipio, los restantes 10.893 millones de pesos, para un total de 74.918 millones de pesos. Mucho dinero, pero ya este año ajustamos media década sin los nueve megacolegios.
Todos esos contratos en el país, pero especialmente en Antioquia, tuvieron infinidad de inconvenientes con las constructoras, en lo cual no me voy a detener (ver conflictos).
Sin embargo, más allá de esas dificultades, hay una responsabilidad política enorme por parte de las dos últimas administraciones, y quién sabrá si también fiscales y disciplinarias. La anterior alcaldía (León Mario Bedoya) tumbó de tajo esos nueve colegios objetos de esta columna, sin tener nada asegurado; además, lo hizo sin necesidad inmediata porque varios de esos colegios estaban en buenas condiciones. Solo confiaron en la palabra del Ministerio de Educación, pero no se les ocurrió pedir ningún tipo de garantía; tampoco se les ocurrió hacer pilotos: demoler solo algunos, y no todos.
Ahora, la actual administración de José Fernando Escobar también tiene una responsabilidad enorme, en tanto el actual Secretario de Infraestructura, Wilfredo Madrigal Hoyos, fue también jefe de esa cartera durante gran parte del tiempo de la administración anterior. Además, el hoy Secretario de Educación, Guillermo León Restrepo Ochoa, también estuvo en esa cartera durante las dos anteriores administraciones. O sea, quienes hoy firmaron y estuvieron de acuerdo con la demolición de todos esos colegios son gobierno hoy.
De esos ficticios megacolegios, solo hay matorrales e incipientes avances desde 2017: el colegio que más avanzado está en su construcción lleva el 74 % de progreso, y el que menos lleva, tiene el 00 % de progreso (ver uno de los colegios). En sesión del Concejo del pasado 15 de julio del año en curso, el secretario de Infraestructura aseguró que, por solo mencionar un caso, el contratista del colegio de la foto no lleva absolutamente nada de progreso, además de que desapareció. Y al menos en otros dos megacolegios los contratistas no responden (ver sesión concejo). O sea, los contratistas desaparecen, las obras se demoran, los costos sociales y financieros crecen, y ninguna autoridad hace nada ni contra el gobierno nacional ni contra el local.
Pero mientras unos pierden calidad y espacios educativos otros ganan miles de millones. Y es que a falta de infraestructura, la administración de León Mario Bedoya recurrió a alquilar (léase bien: alquilar) contenedores que han hecho las veces de aulas de clases. Hoy, casi cinco años después, los estudiantes de al menos seis de las instituciones educativas demolidas siguen recibiendo clases en contenedores industriales levemente adecuados simulando aulas de clase o, más bien, campos de concentración (ver algunos contenedores).
Desde 2017 se han firmado cinco contratos y una adición, que tienen por objeto lo siguiente: “Arrendamiento de estructuras debidamente equipadas para el funcionamiento sedes educativas (…) con el fin de prestar el servicio educativo de las instituciones educativas Los Gómez sede principal, Avelino Saldarriaga sede principal, y las tres sedes de Ciudad Itagüí”.
Estos son los valores: en 2017, la administración Bedoya pagó 1.434.904.288 pesos; en 2018, 2.869.807.545 pesos; en el 2019, 2.000.000.000 pesos; y en el primer año de la actual administración, se han desembolsado 1.822.188.450 pesos y una adición de 668.693.008 pesos. Hasta ahora, entonces, el contratista Proyectos Con Ingenierías S. A. S. se ha echado al bolsillo 8.795.594.291 pesos a raíz del desastre administrativo y de gestión de estas dos últimas administraciones (ver histórico).
Como mencioné al inicio de esta columna, el municipio aportó 10.893 millones de pesos para la construcción de los nueve megacolegios. No tenemos tales megacolegios, pero sí hemos gastado casi 9.000 millones de pesos en alquiler de contenedores para que miles de niños y jóvenes itagüiseños estudien. Es decir, hemos gastado casi la totalidad de lo que nos costaron los tales megacolegios inexistentes, en alquileres de contenedores.
Hay que tener en cuenta que la cifra del alquiler de esos contenedores, seguramente va a subir porque posiblemente a finales del año entrante apenas estaremos viendo algunos de esos megacolegios construidos, mientras que los otros seguirán en el piso. En ese sentido, estaríamos pagando más por el alquiler que por los megacolegios. ¡Qué despropósito!
¿Dónde están los órganos de control? ¿Dónde están los concejales del municipio? ¿Dónde está la ciudadanía?
