El que parecia ser el negocio de la vida, un torre con vista al Castillo de San Felipe que vendieron en una semana, empieza a convertirse en el peor dolor de cabeza de tres jovenes constructores paisas Maria Adelaida Llano, Tatiana Figueroa Zuleta y Lucas Tamayo propietarios de la Promotora Calle 47 y Promotora Rosendal. La mole de 30 pisos presentada como un proyecto de vivienda de interés social por su localización en el barrio Torrices, pero que interfiere drásitcamente la visual sobre el Castillo de San Felipe y que seria causal para que Cartagena pierda su status de Patrimonio de la humanidad otorgado por la Unesco, fue levantada por cuenta de una licencia otorgada por Planeación municipal el 17 de diciembre en 2015, durante la alcaldía de Dionisio Araujo y ratificada por el curador urbano Ronald Llamas, cuya legalidad ha sido cuestionada por los organismos de control. La segunda licencia para las torres 3 y 4 fue otorgada el 23 de septiembre del 2016, por el alcalde Manuel Duque quien también otorgó las licencias para la construcción de las torres 3 y 4 el 2 de diciembre otorgado del 2016, y la última torre obtuvo permiso de la alcaldía de Duque en julio del 2017, cuando ya el Ministerio de cultura en cabeza de Mariana Garcés había prendido las alarmas por la catástrofe urbanística que amenazaba el patrimonio arquitectónico de Cartagena
El juzgado décimo administrativo por su parte el 30 de enero suspendió provisionalmente el edificio que estaba en la la etapa final.
El Procurador Fernando Carrillo tomó cartas en el asunto. Con base en las acciones judiciales y de intervención de la Procuraduria, en pasado 24 de octubre del año pasado la inspectora de policía de la comuna 2, Elvia Pájaro, inicio una actuación dirigida a suspender las obras relacionadas con el edificio Aquarela por violar las reglas de la propia licencia urbanística. Sin embargo la inspectora no continuó el proceso porque fue trasladada por el director de la Policia a otra inspección. Esta negligencia generó la reaccionó férrea del Procurador Carrillo quien le envió esta carta al alcalde de Cartagena Sergio Londoño, conminándolo a que en 48 horas adopte la medidas administrativas a fin de ejercer el poder de policía en esta materia, como máxima autoridad del Distrito Especial de Cartagena. (Aparte del documento)
Señor alcalde:
Con base en las acciones judiciales y de intervención que ha adelantado el Ministerio Público, la inspectora de policía de la comuna No. 2 inició una actuación el pasado 24 de octubre, mediante la cual suspendió las obras relacionadas con el edificio Aquarela por violar las reglas de la propia licencia urbanística, sin que adelantara gestión posterior alguna para hacer efectiva la medida.
La citada funcionaria fue trasladada a otra inspección de la ciudad de Cartagena, quedando la actuación en cabeza de una nueva inspectora, quien tomó posesión del cargo el pasado 8 de febrero, por lo que hasta este momento no se evidencian avances en la acción policiva.
Con gran preocupación la Procuraduría General de la Nación observa esta inacción y la no efectividad de la orden de suspensión vigente. La continuidad de la obra mencionada pone en alto riesgo a la ciudad de Cartagena, tanto por razones urbanísticas como especialmente, por afectar potencialmente su condición de patrimonio histórico y cultural de la humanidad declarado por la UNESCO.
Por lo anterior, lo exhorto para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas adopte las medidas administrativas del caso, a fin de ejercer el poder de policía en esta materia, como máxima autoridad de ese Distrito.
No sobra señalar adicionalmente que en curso de las acciones judiciales, la Procuraduría General continuará ejerciendo las actuaciones pertinentes, con el propósito de defender el interés colectivo comprometido en este asunto, entre ellas, la constitución en renuencia en que pueda incurrir la Alcaldía, con miras a dar aplicación a lo dispuesto por la Ley 393 de 1997, en materia de acción de cumplimiento y, sin perjuicio, de los efectos disciplinarios a que haya lugar.
El mecanismo que utilizó la Oficina de planeación en cabeza de Dolly Gonzalez Espinosa para hacerle el esguince al POT -Plan de ordenamiento territorial- y la reglamentación de Conservación de Patrimonio del Ministerio de cultura que prohibía la construcción de edificios de alturas mayores a 6 pisos en las áreas circundantes al Castillo de San Felipe fue emitir una circular aclaratoria , con una cuestionable interpretación de la norma pero que le sirvió al Curador Ronald Llamas para autorizar las 4 mega torres. Con el recursos de las circulares aclaratorias se han realizado 33 modificaciones a la norma para habilitar proyectos como Aquarela, vecino del Castillo de San Felipe o de la emblemática ciudad amurallada. .
La oficina de planeación de Cartagena durante distintas alcaldías está en la mira por irregularidades en el otorgamiento de licencias de construcción sobre el valioso suelo urbano de la ciudad, mediadas posiblemente por actos de corrupción. Precisamente el alcalde Manolo Duque se encuentra en la cárcel por un cartel de permisos falsos o ilegales para levantar edificios. Algunos ya se han venido abajo como el edificio Blas de Lezo en el que murieron 21 personas y otros debieron ser desalojados por el riesgo en que estaban.
Los los tres jóvenes paisas con su Promotora Calle 47 se aliaron con tres otras empresas, con las que además han ido juntos en otras inciativas. La gerencia del proyecto está en cabeza de Ingeniería Inmobiliaria, una empresa que tiene la misma dirección registrada que Promotora Calle 47, la impulsora del proyecto Aquarella. El gerente es Luis Carlos Lopera y la suplente Patricia Vélez Álvarez, quien tiene otra empresa de construcción Ménsula S.A., y que está ubicada justo en la oficina de al lado de Promotora Calle 47. Ingeniería Inmobiliaria nació en 1995 y ha desarrollado 57 proyectos, mientras adelanta otros 23 proyectos en este momento.
