La reforma rural integral es una materia pendiente en Colombia. El bloqueo y sabotaje a los acuerdos de paz con las Farc-EP por parte del gobierno uribista del subpresidente Duque ha impedido hacer realidad la entrega de tierra a más de 3 millones de campesinos y la titularización de otros 7 millones de hectáreas, según el texto de los consensos de La Habana.
El conflicto agrario en Colombia sigue vivo y la violencia golpea a los campesinos, ocasionando su desplazamiento y despojo. La concentración de la propiedad se conserva intacta en manos de un puñado de grandes terratenientes feudales y la ganadería extensiva se amplía, provocando enormes daños ambientales, especialmente en la Amazonia colombiana, en los territorios del departamento del Guaviare y el Meta, inmerso en una fiebre ganadera deforestadora para atender las demandas del mercado de China y de los Estados Unidos.
Cientos de miles de hectáreas de bosque tropical están siendo destruidos por poderosas empresas ganaderas de Bogota, Medellín, Arauca y Cali, que despojan baldíos del Estado y los “potrerizan” para instalar allí miles de cabezas de ganado de exportación.
En el departamento del Meta, con 29 municipios y una población superior al 1.200.000 habitantes, están en curso dos focos conflictivos que golpean a las comunidades campesinas e indígenas.
En el municipio de Puerto Lleras, con 10.000 habitantes, cuya alcaldesa Marly Johana Gutiérrez Rincón (la esposa de un exalcalde de Puerto Lleras), una reconocida ficha politiquera del partido santista de la U, del actual gobernador del Meta, señor Zuluaga; ubicado en las vegas intermedias del río Ariari, se está presentando una problemática muy compleja que afecta a más de 60 familias ubicadas en el fundo Aruba, localizado en la margen derecha del río Ariari y donde se encuentran centros poblados como Villa La Paz que hace parte del territorio de la vereda Villa La Paz junto con las veredas: Tigre, Caribe, La Unión, Alto Cunimía, Caño Rayado, Campo Alegre, Islandia, Veracruz, Esperanza, Charco Trece, Diamante, Brisas del Güejar, Puerto Príncipe, Argentina, Fundadores, Canadá y Esmeralda.
En días recientes (6 de abril) más de 45 familias fueron desalojadas violentamente por el Esmad, el Ejército y funcionarios de la SAE revestidos de supuestas competencias policiales
De acuerdo con las denuncias de los campesinos y campesinas de la Hacienda (2.000 hectáreas) La Aruba, ubicado en la vereda Charco 13, histórico espacio de la histórica resistencia agraria, algunos funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en colusión con la viuda del propietario Nelson Sierra (qepd), ordenó el desalojo sin hacer una caracterización ni tener un plan de contingencia para estas personas que en su mayoría son víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado.
En el arbitrario operativo se derribaron varias viviendas de estas humildes familias, a las que no les permitieron sacar sus pertenencias ni recuperar algo del material que los uniformados y otros representantes de la SAE destrozaron y saquearon. La alcaldesa Marly Gutiérrez ha evadido sus responsabilidades como representante de la comunidad en el gobierno municipal, aunque para el proceso se ha solicitado el acompañamiento de la administración local en cuanto a Comisaría de familia, apoyo psicosocial, trabajadora social o enlace de víctimas.
Mientras el juez promiscuo del municipio se niega a dar trámite oportuno a una tutela en amparo de los derechos agrarios de la población afectada, solo la personería municipal se ha mostrado abierta a atender y acompañar a las víctimas de este acto violento de la SAE.
Las familias campesinas afectadas han denunciado que la alcaldesa Gutiérrez ha evadido sus responsabilidades y algunos funcionarios han adelantado diligencias para ubicarlas en el parque principal de ese municipio a los adultos y jóvenes y remitir menores de edad y a ancianos a los hogares de paso en completo abandono, algo que es rechazado con vehemencia por los líderes agrarios.
La Personería municipal ha dicho que, pese a que esta y diferentes líderes se han opuesto a este desalojo que deja sin viviendas y revíctimiza a estas personas desamparadas por el gobierno, no ha sido posible que la SAE se eche para atrás, pues hay ciertos funcionarios interesados en obtener parte de los predios en complicidad con la propietaria Luz María viuda de Sierra, algo muy grave que ya fue denunciado ante la Fiscalía y la Alta Consejería de los Derechos Humanos de la presidencia de la República.
Hasta el momento son los funcionarios de la SAE los que están derrumbando las humildes viviendas y echando los enseres en camiones que no se sabe hacia dónde se han desplazado en las horas de la noche, dejando en la incertidumbre a la comunidad.
Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo han dicho que van a presentar una acción de tutela para supuestamente apoyar otras tutelas radicadas; aunque señalan que no han estado presentes porque la SAE no les notifico del operativo de desalojo como lo ordena la ley algo que genera aún más sospechas sobre este procedimiento.
A toda esta situación debe agregarse que en ese territorio de Puerto Lleras actúan los grupos del neoparamilitarismo, herederos del Bloque Centauros; se trata de los Puntilleros que son muy activos en toda la región de Granada, San Juan de Arama, Mesetas y Vistahermosa.
Puerto Gaitán
En el municipio de Puerto Gaitán se están dando desalojos irregulares en los terrenos ancestrales del territorio por parte del personal de la Fazenda que ha disparado contra las comunidades indígenas.
Esta grave problemática se da en medio de los procedimientos que involucra los intereses la colonia Menonita que han acumulado indebidamente predios colindantes con el arraigo ancestral de los asentamientos indígenas de San Rafael Warrojo, Sikuani, Tsabilonia, Barrulia y Iwitsulibo que habitan esos territorios.
El conflicto se intensificó desde el pasado 8 de marzo, cuando al resguardo de San Rafael Warrojo llegó el coronel Muñoz de la policía de Puerto Gaitán, quien en tono desafiante amenazó a las y los indígenas con desalojarlos al día siguiente en compañía del Esmad. En esa ocasión Muñoz habría llegado con supuestos funcionarios de la administración municipal que se negaron a identificarse.
Alberto Contreras, un destacado líder social del Meta, ha denunciado toda esta grave problemática, lo que ha llevado a que sobre él se profieran graves amenazas de muerte.
