Concluyó la Tercera Asamblea Nacional de los Comunes con una declaración política que ratifica el respaldo del partido a la agenda reformista del gobierno, sin advertir la más mínima fisura o atisbo de crítica. Así, Comunes se ratifica como parte orgánica de la coalición gobiernista y como un abanderado de las “reformas del cambio”. A pesar de que esa postura no es novedosa, sí resulta particular su absoluta sumisión al gobierno y su poca capacidad de crítica o invitación a la autocrítica ante un gobierno donde no ha tenido mayor representación burocrática y donde la implementación del acuerdo de paz —su principal capital político— va quedando relegada frente a la paz total.
Vamos por partes. Comunes se ha caracterizado por ser una bancada sólida y muy disciplinada. Aunque en campaña no formó parte de la coalición del Pacto Histórico y presentó listas propias al Congreso —con resultados precarios—, siempre se asumió que sus diez congresistas estarían del lado de Petro. Así se ha venido evidenciando, pues el partido ha respaldado todas las iniciativas del gobierno y nunca le ha mostrado los dientes, como sí lo han hecho desde el partido Liberal o el Conservador.
Ahora bien, comparado con los elementos más tradicionales de la coalición gobiernista, la posición de Comunes es de extrema debilidad y a la fecha no cuenta con una participación directa en el gabinete. No se podría afirmar que algún ministro le responda directamente a Comunes o que sea una correa de trasmisión entre el gobierno y la bancada. Algo que no deja de resulta curioso en un gobierno que le entregó cuotas directas al Partido Conservador, Liberal, la U, la Alianza Verde y obviamente a Colombia Humana. Hasta al Partido Comunista y la Unión Patriótica —que solo suman dos congresistas en las huestes del Pacto Históricos— tienen su cuota directa en el Ministerio de Cultura.
Lo curioso es que ni en el conjunto de instituciones creadas para facilitar la implementación del acuerdo de paz el partido tiene representación. Ni en la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de Desarrollo Rural o la Agencia de Reincorporación y Normalización. En todas estas agencias Petro nombró a personas de su círculo o aliados políticos. Ninguno directamente asociado a Comunes.
Esa nula participación burocrática contrasta con su férrea defensa del gobierno; inclusive, en temas tan contradictorios con el acuerdo de paz como la impresentable reforma política —que absolutamente nada tiene que ver con las recomendaciones de la Misión Electoral Especial— o su exclusión en el rediseño institucional que creó la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz.
Para ser un partido que en 2026 se deberá medir en franca lid con el resto de partidos y que estará obligado a superar un umbral —que se fijará en cerca de medio millón de votos—, su postura resulta en extremo pasiva ante Petro, no solo porque no tiene representación burocrática, sino porque su rol se reduce al de ser una bancada bastante acrítica que vota disciplinadamente lo que le diga el gobierno.
Tal vez, esa posición se volverá más valiosa cuando se desbarate la coalición de gobierno y los elementos más tradicionales se bajen del bus petrista. Algo que podría ocurrir en pocos meses. Pero eso no pasará con Comunes, porque su defensa del gobierno parece fundarse en un elemento programático e identitario, lo que parece que se les olvida es que necesitan de espacios de representación para validarse a nivel territorial y persistir como partido más allá del 2026.
