Hace dos meses, el pasado 23 de septiembre, cuando el presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez firmaban, en medio del júbilo, el Acuerdo de Paz en Cartagena, nadie se imaginaba el camino tortuoso que sobrevendría. Todo resultó inesperado: ganó el No en el Plebiscito, fue imperativo renegociar el acuerdo inicial después de un trabajo de cuatro años, y algo más sorprendente aún: su firma sería en Bogotá, el epicentro del poder, ciudad que no pisaban desde hacia cuarenta años.
Con los comandantes de la guerrilla ya en Bogotá, no hay detalles oficiales del escenario de la nueva firma que se sabe será sin protocolo mayor, sin testigos de honor, sin Presidentes y en un entorno adverso con cinco lideres sociales y dos guerrilleros de las Farc muertos violentamente.
Los miembros del Secretariado de las Farc se encuentran reunidos en un lugar secreto protegidos por el Estado a la espera de acordar con el gobierno los detalles finales de la firma definitiva y no se descarta su presencia en el Congreso en el momento de radicar el nuevo Acuerdo cuya refrendación será por la vía legislativa como cuerpo representativo de la sociedad y el encargado de desarrollar las normas que le darán vida al Acuerdo. Las Farc y el gobierno habían rechazado radicalmente este camino pero las circunstancias los pusieron en él.
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