La semana pasada tuve el desconcierto de leer una de las notas más patéticas que he visto en Las2orillas, llamada La ingratitud de los colombianos con la policía.
Antes que nada debo decir que admiro la filosofía de Las2orillas de darle voz a cualquier ciudadano o pensamiento. Acá se le ha dado espacio hasta a Fernando Londoño Hoyos, persona inhabilitada por sus cuestionables gestiones como funcionario público y que, con todo el descaro que lo caracteriza, escribe columnas como si fuera el adalid de la moral política, buscando engañar a incautos con sus verdades a medias y frases de cajón, cuando en su hoja de vida resuenan los escándalos de Invercolsa y del consorcio Ricchi.
Pero bueno, yendo al punto, considero que la persona que escribió la columna en cuestión superó con creces la demagogia y con un artículo plagado de falacias y argumentos pasionales pretendió mostrar que la culpa de la poca legitimidad que tiene la Policía básicamente es responsabilidad de los políticos y no de los policías, que ellos "solo cumplen órdenes". Además, apeló al sofisma de distracción con el que se defiende dicha institución cuando se le culpa de un crimen o un atropello: que esos son solo "casos aislados". En síntesis, "cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie”.
Habría que recordarle al ciudadano autor de esa columna que la Policía Nacional es la institución que más le cuesta al Estado por concepto de demandas contra ella, sea por malos procedimientos o por violar sus deberes funcionales. Se estima que, aproximadamente, los "casos aislados" de la Policía Nacional le costarán al Estado colombiano más de 200 billones de pesos.
También habría que señalarle que cada vez que los ciudadanos salen a protestar contra la corrupción, la contaminación, la falta de trabajo, la falta de recursos a la salud, entre otros, es la Policía Nacional la que aplasta, refrena y con su sistemático uso arbitrario y violento de la fuerza no solo desmotiva a quienes quieren participar de dichas manifestaciones, sino que protege a los corruptos, empresas y sectores sociales y económicos que se enriquecen y vulneran los derechos que se buscan proteger con las manifestaciones. Desde policías vestidos de civiles que se camuflan en las manifestaciones con el objeto de generar vandalismo, hasta los mismos miembros del Esmad destruyendo bienes con el objeto de mostrar los destrozos y la violencia como parte de las marchas para deslegitimar las causas que se persiguen con ellas; todo con el beneplácito y visto bueno de los medios que tradicionalmente apoyan al gobierno, que son subjetivos y no les interesa la verdad sino causar el morbo y rechazo. Afortunadamente, las redes sociales han hecho eco de lo que ellos no quieren mostrar: los videos donde se les ve claramente cometiendo las arbitrariedades anteriormente descritas.
Así mismo, habría que decirle que no somos los colombianos los que le debemos rendir pleitesía a las instituciones sino, que al contrario, son ellas las que nos deben respetar y proteger porque es su deber funcional. Nosotros no nos hemos restringido el derecho a portar armas para que los policías las apunten contra nosotros para proteger a los corruptos y miserables que tienen el país en ruinas, y ellos no son un bloque de seguridad privada al servicio de la clase social apátrida y cruel que con su actuar pretende enriquecerse con el trabajo ajeno.
Para cerrar, esa medida de multar a las personas que consumen empanadas en la vía pública es la gota que rebasó la copa: los colombianos de bien ya nos hartamos de sus arbitrariedades, su poca educación y su violencia innecesaria. La policía con su actuar abiertamente ilegítimo e inconstitucional está obligándonos a chocar contra ella, se está ganando el odio e irrespeto general que ahora tiene. No vamos a permitir que nos sigan atropellando, más cuando somos nosotros los que les damos el uniforme, las armas y el salario. O respetan o asumen las consecuencias de sus actos, porque recuerden que es ley natural que toda acción genere una reacción igual y opuesta.
