En la web de la Superintendencia de Notariado como gran hazaña resaltan que al 30 de abril han recaudado 878 millones por consultas de índice de propietarios y 26.854 millones. ¡Ojo, lean bien, veintiséis mil ochocientos cincuenta y cuatro millones!
Eso es vergonzoso, ruin y desproporcionado. Hagan un ingenuo ensayo e ingresen a las páginas de Procuraduría, Contraloría, rama judicial, y demás. Sus consultas son gratuitas, eso también genera paz. Ese cobro es exagerado, injusto e ilegal, porque es una obligación del Estado facilitar el uso de las tecnologías de la información.
El año anterior esa misma consulta tenía un cobro de $1.200 pesos, ahora es de $10.000, ¿cuánto subió? Un jurgo, pero como todo, pues no hacemos absolutamente nada y como es de uno en uno, pues no hace mella generalizada, entonces en que se diferencia de una pirámide, ahh sí en que es del Estado.
Sumado al atropello, la información es inexacta pues las oficinas del país no están en línea y la identificación del propietario no corresponde; diez mil pesos representan más de la mitad de un día de trabajo de un jornalero, que en promedio gana 15.000.
Esos 878 millones en cuatro meses representan la ruindad y usura pública, pero qué decir frente a veintiséis mil y más millones de pesos por un certificado de tradición. En Colombia debo pagar por todo, por todo es todo.
Si tengo bienes debo pagar: valorización, efecto plusvalía, predial, servicios públicos, impuesto riqueza, etc etc y etc; además pagar porque me digan que soy propietario, a pesar que ese documento se supone no prescribe es reiterativo que públicos y privados soliciten certificados vigentes, es un registro público avaro.
¿Qué desgaste tiene el Estado en expedir ese documento? Ninguno, el mismo de un certificado de antecedentes disciplinarios o similar, que es GRATUITO, el usuario utiliza su internet, su impresora y su papel, entonces por qué debe pagar?
Los inmuebles soportan una carga excesiva en impuestos, derechos, tasas y contribuciones, le ponen (al final es eso en poner del bolsillo) nombres para disimular lo mismo, cobros en contra del ciudadano.
Más de la mitad de trabajadores pueden durar toda su vida en arriendo. En el evento de adquirir su hogar debe pagar 15 o 20 años de hipoteca. Suponga que compra un miniapartamento (49 M2), en ciento veinte millones, consigue prestados y de ahorro cuarenta, queda debiendo ochenta al banco.
Como ejemplo, real y comprobable: en notaria paga $1.850.000, en rentas $2.000.000, en registro $1.000.000. Este actuar es ilegítimo, el Estado le cobra por comprar y endeudarse, lo bueno es que esos impuestos, derechos y demás, se emplean para satisfacer necesidades básicas, sí necesidades básicas de los políticos y gobernantes.
El cobro es pusilánime, parten el acto en dos, pero en contra del ciudadano: Recuerden, pero paren bolas, el inmueble costó 120 millones, pero para su país usted se embaló en 80 millones de hipoteca. Le cobran dos actos, es decir la venta por 120 y la hipoteca por 80, para un total de 200 millones, sobre ese cobran. Este actuar, de verdad, en serio, alguien que haga algo, deben es RESTAR RESTAR por Dios, no sumar, porque de los 120, el pobre parroquiano pago 40 en efectivo y 80 con hipoteca, entonces pagaría 40 de la compra y los 80 de hipoteca; si bien es cierto que aun paga una significativa suma, al menos no es tan punible el hurto, robo, contribución, etc.
Para redondear la falsa y mi enredada idea, debería cobrar mi amado país por impuesto de registro un total de $1.200.000 y de derecho de registro $600.000; aunque con ello se afecten las arcas para loables contratos que gentilmente Odebrecht ejecuta.
