Desde que los hermanos y primos Nule, quienes se robaron miles de millones con su Carrusel de contratos, se metieron en la concesión de las grúas y patios de Bogotá, este contrato ha estado en manos de empresarios de la Costa –cercanos a los mismos Nule– que han sabido como no salirse del lucrativo negocio que desangra los bolsillos de los conductores infractores y accidentados de Bogotá y que mueve $26 mil millones cada año.
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El contrato se lo había ganado en 2008 la empresa Ponce de León, propiedad de los hermanos y primos Guido, Manuel y Miguel Nule. Esta empresa formaba parte del emporio llamado Grupo Nule con el que habían logrado hacerse millonarias concesiones en Bogotá y otras partes del país, con las que se robaron miles de millones de pesos, que terminaron mandándolos a la cárcel.
Descubiertas las irregularidades de los Nule e iniciadas las investigaciones en su contra, los primos y hermanos liquidaron su empresa y buscaron cómo dejar el millonario contrato para administrar las grúas de la secretaría de movilidad de Bogotá y los patios de la ciudad en manos de personas conocidas.
Fue así como el 30 de diciembre de 2013, mientras los bogotanos estaban con los ojos puestos en las fiestas navideñas, la Unión Temporal Colombo –Argentina Segrup, liderada por el contratista Jorge Armando Pérez, un viejo zorro en licitaciones de movilidad en varias ciudades y que ya había tenido negocios con los Nule, logró quedarse con el negocio de las grúas y el manejo de los patios en Bogotá.
Aquella cesión solo tenía como vigencia un año. A punta de adiciones lograron prolongar el contrato hasta 2017, cuando el entonces alcalde Enrique Peñalosa abrió nueva licitación para cambiar de operadores. Después de ires y venires, aquel nuevo contrato se lo terminaron ganando los mismos empresarios a quienes los Nule se lo entregaron, con una sola novedad: ya no se llamaban Segrup. Pasaron a llamarse Grúas y Parqueaderos Bogotá (GyP Bogotá). Los liderados por Jorge Armando Pérez sacaron del camino a los demás proponentes y otra vez se quedaron con el millonario contrato.
El 9 de febrero de 2018 Jorge Armando Pérez firmó el contrato ganado como gerente general y representante legal de la concesionaria G & P Bogotá, conformada por dos empresas de la Costa: Mape & Gama Ingeniería y Concimetal y por los dos hermanos bogotanos William Mauricio Duque Corredor y Javier Andrés Duque Corredor. El contrato con GyP Bogotá quedó firmado hasta el 2028.
¿Quiénes son los que tienen el contrato de las grúas y patios de Bogotá?
Mape & Gama es una empresa propiedad de Carlos Alberto Montes, un joven cordobés nacido en Sahagún, con amplia experiencia en contratos en la Costa Atlántica. Mape & Gama tiene la mayoría (44%) en la sociedad GyP Bogotá.
Concimetal, es de la también cordobesa Maricela Charris Anaya, quien también ha estado presente en la contratación pública de Córdoba con el Sena y el hospital de Montelíbano y otros municipios. Concimetal es dueña del 6% del contrato la Secretaría de Movilidad de Bogotá.
El 50% restante de la sociedad está en poder de los hermanos bogotanos William Mauricio y Javier Andrés Duque Corredor, dos empresarios que también se han ganado varios contratos licitatorios en la Costa Atlántica. En 2014 la Procuraduría dijo que los hermanos Duque Corredor tenían, presuntamente, varios vínculos contractuales con los hermanos y primos Nule.
La cabeza es un viejo zorro en licitaciones
La cabeza de la unión temporal, como gerente y representante legal, es Jorge Armando Pérez, un sucreño, nacido en Corozal. Perez conoce muy bien cómo se manejan las licitaciones en el país y principalmente en la Costa. Es Ingeniero electrónico de profesión. El sucreño fue la persona que estructuró la licitación y armó el equipo que se quedó con el millonario negocio.
Jorge Armando Pérez sabe muy bien cómo se ganan los contratos en las secretarías de Movilidad del país. Con la empresa Movilidad Futura 2050, integrada por Siemens en unión con la argentina Sutec, de la que Pérez forma parte y representa, se quedaron con el contrato de la semaforización inteligente de Bogotá. Este contrato firmado en 2017 y que tuvo un valor de $173 mil millones, le costó el puesto y una inhabilidad por diez años al entonces secretario de la movilidad de Enrique Peñalosa, Juan Pablo Bocarejo. Pérez, como representante de la firma argentina Sutec, también se hizo con el contrato del cobro de las zonas azules en Manizales, que anualmente recoge unos $6 mil millones. El contrato de la semaforización en Cúcuta, también es suyo.
Mientras la empresa de los tres costeños y dos bogotanos manejada por Jorge Armando Pérez hace fiesta cada vez que un policía de tránsito inmoviliza un vehículo y ordena su traslado a los patios, los más de dos millones de conductores que se mueven diariamente por la ciudad los maldicen y no ven en esta práctica una actuación policiva pedagógica sino lo que es: ¡un millonario negocio! Y detrás de este hay una gran ganadora: G & P Bogotá.
