Desde el amanecer del 14 de noviembre, el invierno causa grandes daños a la menguada infraestructura vial y a las viviendas de los habitantes del Chocó.
El desbordamiento del río Atrato en el municipio del Carmen de Atrato, a la altura del barrio La Paz, dejó un gran número de familias damnificadas. El deslizamiento de tierra que se produjo en la vereda Habita sepultó la vivienda de la familia Garcés Taborda, en donde falleció Brayan Taborda, de 14 años de edad. Los derrumbes en la vía de la vereda Guaduas la dejaron totalmente incomunicada, lo mismo que ocurrió con la carretera Quibdó-Medellín. De hecho, en el kilómetro 10, un derrumbe arrastró hacia el río Atrato el vehículo tipo furgón de placas SKY, conducido por Johan Sebastián Quiroga; este tramo, que es de los más transitados del departamento, lleva ocho días cerrado y según el Instituto Nacional de Vías (mediante resolución No.002838 de noviembre 20) solo será habilitado dos horas en la mañana y dos en la tarde.
Por otra parte, el río Andágueda, afluente del Atrato, derribó en Lloro el puente que une a la cabecera municipal con el interior del departamento; e Istmina sufrió inundaciones por el desbordamiento del río San Juan. En total son 17 municipios afectados y se calcula que hay cerca de 40.000 personas damnificadas, que conforman unas 7.500 familias que han perdido lo poco que tenían y cuya esperanza de por lo menos volver al estado de pobreza en que vivían antes de esta calamidad es incierta.
Nos visitó Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, quien se comprometió con 6.000 kits de cocina y unas cuantas frazadas, y señaló algunas obviedades. Así mismo, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta, lideró el PMU (Puesto de Mando Unificado) y dijo, entre otras: "Aquí estamos para atender el clamor de las comunidades de una de una mejor presencia del Estado, de una mejor presencia cualitativa de la sociedad colombiana para apoyar estas situaciones que, aunque son una emergencia, también nos muestran el abandono de varios años". En el Chocó, la mayoría no nos resignamos a que en cada suceso se nos recuerde lo abandonados que nos tiene el Estado colombiano y menos viniendo ese recuerdo de quienes nos han gobernado y aún nos gobiernan.
Aquí necesitamos inversión: se requiere la mano estatal para la creación de fábricas que generen empleo, se necesita que se hagan efectivos los beneficios de la ley de fronteras para nuestros quebrados comerciantes y se precisa que se terminen las dos vías que comunican a Quibdó con Medellín y Pereira (que en parte son unas verdaderas trochas de la muerte). Nos sobran los lamentos y las promesas insulsas. El gobierno del presidente Duque debe destinar de los jugosos recursos recaudados en materia de retención, renta e impuestos aduaneros (que entre enero y octubre de este año suman ya 121 billones) una porción para este pedazo de patria que también es Colombia.
Lastimosamente, el departamento no cuenta con congresistas aguerridos que defiendan su terruño, como lo hacen los costeños o antioqueños. Los de aquí, para nuestra desgracia, se enfocan en pedir las direcciones seccionales de la Dian, Igac, Dane, Contraloría, Sena, etcétera, y a ojo ciego acompañan al gobierno en múltiples proyectos que perjudican la región. Por lo demás, asisten al Congreso a cobrar sus jugosas mesadas... su presencia es inadvertida, no tienen pertenencia y menos discurso. La llamada sociedad civil ha sido la que, a través de paros cívicos, ha arrancado las pocas obras que hoy disfrutamos.
Así que el pedido al gobierno es de menos reconocimiento a nuestras tristezas y miserias, y más inversión concreta y visible en el departamento.