Por estos días aspirantes a puestos públicos de la Nación han inscrito sus candidaturas. De inmediato se entra a preguntar si estos 114.936 candidatos abonados, de los cuales a 30 de julio se han validado 109.451 según la Registraduría Nacional, tendrán el talante, la ética y buena conducta para enfrentar un posconflicto si se llega a firmar los acuerdos con las Farc y el Gobierno Nacional.
Entre 2011 y 2015 la Misión de Observación Electoral (MOE) explica que de 15.920 elegidos para cargos locales en 2011, 892 (5.2%) han sido sancionados penal y disciplinariamente. De estos, 835 fueron castigados disciplinariamente y 37 con acciones penales; 17 con procesos penales y disciplinarios y tres con sanción fiscal. Inhabilidades causadas por acuerdos con paramilitares, guerrilla, narcotráfico, compra y venta de votos, así como de manejos oscuros del erario al hacer entrega de contratos favoreciendo a familiares o simplemente a quienes elaboraron sus campañas, encontrándose que la mayor concentración de castigados se masificaron en Antioquia, Cundinamarca y Boyacá con el 35.5 % de condenados.
Estas elecciones 2015 tienen un rasero igual o mayor que los comicios de 2011. Según MOE, hay 283 casos de publicidad extemporánea, 93 municipios que exceden tasas de inscripción de cédulas, de los cuales 32 municipios sobrepasan la media nacional (26.24 % inscritos por mil habitantes), al registrarse en 2015 el 52.46 % por mil habitantes. Y como sucedió en 2011, la concentración en inscripción de cédulas se encuentra en Cundinamarca en 19 municipios, Meta en 12 municipalidades y Boyacá en 10 corporaciones. Aunque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, haya hecho público su descontento por haber encontrado indicios del manejo deshonesto publicitario antes del 25 de julio 2015 en algunas regiones del país, los candidatos y partidos tradicionales no agacharon la cabeza.
Los partidos políticos desconocieron los hechos y dieron aval a personajes que no tienen la calidad de estar convencidos de trabajar para quienes los apoyan con votos; más bien, los partidos por el afán de competir por puestos públicos, colocando a fichas claves adeptos a malos manejos, dan garantía a personajes que han estado investigados como, por ejemplo, el citado en un artículo de El Espectador del 28 de julio 2015, «Víctima de falsos testigos busca ser gobernador de Caquetá» y «9.824 aspirantes a cargos de elección popular tienen alguna inhabilidad». El siguiente pronunciamiento da mucho qué pensar de la conducta de quienes fueron acreditados por los partidos tradicionales como expresa el diario: «Partido Liberal defendió sus avales entregados a 12.000 candidatos», y así los demás partidos.
A los partidos no les interesa fomentar equidad. Más bien, lo que importa es la captura de un puesto que represente garantía y solidez al momento de concesionar proyectos, para tener a mano el presente y futuro presupuestal.
Quienes aprovecharon el coletazo anarquizaron todo el andamiaje político territorial en beneficio de quienes ostentan el poder y de quienes reciben los beneficios. Se promovieron allí redes de delincuencia para robarse las regalías, los impuestos y tributaciones con falsos proyectos y adelantos sistemáticos de dinero sin siguiera haberse consolidado un estudio del proyectos a promover, mientras se restringe la salud, el empleo, la alimentación infantil, la educación y otros.
Las ordenanzas departamentales quedaron socializadas con apoyo de quienes serían empresas de papel para estafar a la nación, qué digo, al pueblo. Y los consejos municipales, precisamente por no tener la astucia y cultura de cómo se manejan los actos administrativos, en comunión se los asignan al representante legal que esté ejerciendo el cargo de alcalde o gobernador, quien es el que exige todo el poder.
Entre los partidos políticos tienen un código o normas que no ponen en práctica al momento de conceder garantías a candidatos de reputación poco confiable y la centralización del gobierno dejando a las regiones a su libre albedrío, para gastar, concesionar, distribuir, socializar el gasto etc. El hampa cada vez será más prepotente y arraigada, costumbre que deteriora la fe pública, en desmedro de las clases pobres, campesinas y étnicas.
Los nuevos candidatos a cargos públicos, serán los idóneos para respaldar un postconflicto, o más bien, ¿será quienes promuevan más inequidad, más violencia, desplazamiento, violaciones y grandes masacres? Es bien sabido que existe un concubinato entre mandatarios y fuerzas ilegales, y algunos integrantes de las fuerzas del Estado, más los cuestionados que en 2016 ingresarán a comandar el destino, crecimiento, evolución en el tejido social, en el empleo y demás acciones que necesita el pueblo para mantenerse en paz.
¡Entre más inversión, más corrupción y, por lo tanto, más pobreza! ¿Estos contribuirán con la paz?
