Hubo carne asada, cerveza y buses que llevaron a los campesinos hasta las que serían sus nuevas tierras. Fue todo un evento social en la vereda Leticia, a veinte minutos de Montería, en el que el 9 de Agosto de 1991 Monseñor Julio Cesar Vidal, el mismo que doce años después sirvió de mediador para lograr los diálogos de paz de Santa Fe de Ralito entre el gobierno Uribe y los paramilitares, bendijo las 1.118 hectáreas de la hacienda Santa Paula que Fidel Castaño ordenó distribuir entre 120 campesinos cordobeses dentro del acuerdo de paz regional firmado con el ex comandante guerrillero del EPL Bernardo Gutiérrez. Luego le entregaría 300 armas de diferentes calibres al gobernador de Córdoba Jorge Elías Nader.
El mayor de los Castaño promovía entonces un proyecto que presentaba como de reforma agraria pero que le resultaba de utilidad para asegurar sus tierras en el margen izquierdo del Río Sinú. En noviembre de 1990 creó la Fundación para la paz de Córdoba –Funpazcord-, y nombró a su cuñada Sor Teresa Gómez para dirigirla. A través de Funpazcord le entregó a 1500 familias campesinas 6630 hectáreas de tierra reunidas en siete de las mejores fincas de Córdoba que había ido adquiriendo desde su llegada al departamento en 1985: Cedro Cocido, Santa Mónica, Doble Cero, Los Campanos, Pasto Revuelto, Jaraguay y Las Tangas. Sor Teresa Gómez, una mujer antioqueña de poncho al hombro quien recorrió el departamento con el eslogan “Protege este árbol, si no lo haces recibirás tu castigo”, protocolizó con su firma en la Notaria Segunda de Montería el traspaso de las 120 parcelas de la Hacienda Santa Paula, el 30 de diciembre de 1991. La misma que terminó condenada a cuarenta años de cárcel por el homicidio de la líder de derechos humanos Yolanda Izquierdo.
Durante casi diez años, los mismos en los que paramilitares del Bloque Norte comandado por Salvatore Mancuso avanzaban en el control del departamento de Córdoba, los campesinos favorecidos por los Castaño habitaron las tierras, reducidos al “uso, goce y disfrute de los predios”, sin posibilidad de “vender o hipotecar el dominio donado sin previo permiso, autorización escrita expedida por Funpazcord”. Sembraban algo de maíz, yuca, ajonjolí, papaya, yuca; construyeron pequeñas represas de agua para el ganado y levantaron casas de madera aunque nunca vieron un peso de la producción de las cosechas y la venta de los novillos.
A Jorge Alarcón le prometieron “el 50% de la utilidades pero lo único que recibió fue un mercado y una quincena, como la de cualquier trabajador”, una situación similar a la que vivió Marta Bula: “Nos convertimos en trabajadores de los Castaño; les cuidábamos la tierra”. El disfrute de los campesinos de sus parcelas duró solo seis años. Con la desaparición de Fidel Castaño en 1999, llegaron los hostigamientos por cuenta de Los Tangueros –el grupo paramilitar creado por ellos mismos-, con el propósito de forzarlos a abandonar las parcelas. Rondaban los potreros a caballo con un fusil terciado en la espalda, repitiendo la frase “o vende o arreglo con la viuda”, una amenaza que se popularizó en todo Córdoba para forzar los desplazamientos. Los campesinos vendieron de cualquier manera, muy por debajo del precio comercial, y terminaron en los tugurios de invasión en Montería, Cantaclaro y Rancho Grande. Los encargados de recoger nuevamente las tierras y que obraron como testaferros de los Castaño fueron Inés Hénao y a su esposo Diego Sierra con la aquiescencia del notario Lázaro de León destituido en 2012 por presunto plagio y falsedad en documento público.
Los poseedores de las tierras de los Castaño pasaron a pasaron a ser unos desplazados más. Mujeres como Marta Bula se convirtieron en costureras, otras en empleadas domésticas o vendedoras ambulantes y los hombres en moto-taxistas o trabajadores de la construcción. Pero no se quedaron callados. La ley de Justicia y Paz expedida en el gobierno de Álvaro Uribe como una nueva herramienta de la justicia para los paramilitares desmovilizados que habían entrado al proceso de paz, les abrió a los campesinos la posibilidad de organizarse para reclamar o que les pertenecía. Y lo hicieron alrededor de la líder Yolanda Izquierdo quien tomó la vocería de 843 familias que luchaban por recuperar sus parcelas a lo largo del departamento. Pero no la dejaron avanzar, y Yolanda Izquierdo fue asesinada a plena luz del día en el 2007, y la responsable de su muerte, se sabría años después, fue nada menos que Sor Teresa Gómez condenada a cuarenta años de cárcel por este crimen.
Solo en el 2011 cuando se conformó la Unidad de Restitución de Tierras las peticiones de los campesinos empezaron a ser tenidos en cuenta. Se reanudaron procesos que estaban engavetados y a los dos años los jueces empezaron a emitir sentencias, muchas a favor de los campesinos. El juez agrario Rubén Pestana es quien más procesos ha fallado hasta el momento. Este abogado de la Universidad del Sinú es el encargado de llevar todos los procesos de restitución de tierras en Córdoba y fue él quien ordenó la entrega de la Hacienda Santa Paula. El proceso duró cinco meses y hoy ya han retornado 27 familias a esas parcelas que colindan con las fincas de los ganaderos más prósperos del departamento.
A cada familia se le entregó un pedazo de tierra cercado, 30 millones de pesos para iniciar un proyecto productivos, 15 millones para la construcción de vivienda y 7 vacas paridas, además de jagüeyes –pozos de agua para el ganado-. Sin embargo, el reducido presupuesto solo les da para vivir en paupérrimas chozas sin agua ni luz a las que se llega por una vía intransitable. La construcción de las viviendas le corresponde al Banco Agrario y la reparación de las vías a la alcaldía de Montería. El secretario de Planeación de Córdoba, Joaquín Esquivia, dice que ese tramo no hace parte de la red de vías terciarias y por tanto Invías puede hacerse cargo de la reparación. .
Hace ocho meses que los campesinos pudieron retomar el trabajo en las que alguna vez fueron sus tierras. Esta vez podrán hacerlo con más libertad y sin la presencia amenazante de los Castaño. Sin embargo su huella quedó presente esta vez a la manera de unas grandes construcciones de concreto construidas por los últimos dueños, gente cercana a los Cataño como Hever Walter Alfonso Vicuña quien fue uno de los últimos compradores de Santa Paula. De las 521 hectáreas que estaban a su nombre en el momento de la restitución, el juez Pastana ordenó que 117 hectáreas de éstas fueron devueltas a los campesinos el 10 de abril de 2014.
La recuperación de la Hacienda Santa Paula es el único caso de los 270 fallados a favor de los campesinos de Córdoba que ha logrado ir más allá de la decisión judicial en un papel, porque si bien este departamento los procesos han avanzado a buen ritmo muchas de las familia a las que le han sido restituidas sus tierras no las han podido ocupar aùn. La mayoría tienen una vida en la ciudad y han tomado estos predios para trabajar. Siembran yuca, maíz o berenjena, crían cerdos y gallinas, y levantan el ganado que le deja para tener una vida más digna a la que tenían como trabajadores asalariados o vendedores callejeros y la mayoría de mujeres en el servicio doméstico.
Hace ocho meses, aburridos del subsidio del Banco Agrario que les correspondía, Doris y Jorge, unos de los beneficiados por la restitución se propusieron construir su casa y se trasladaron a Santa Paula. La parcela que les da para comer, hacer el queso y vender huevos, con lo cual Doris pasó de atender una casa en Montería a ocuparse de la suya.
Y como ellos las distintas familias empiezan a construir su nueva vida. Una realidad que a pesar de las dificultades, es mucho más prometedora, que la que afrontan la mayoría de las casi 20.000 familias campesinas a las que le han sido restituidas sus parcelas en las distintas regiones del país pero que aún siguen atrapadas en los vericuetos legales y aún no han podido ocupar.