El 13 de mayo en un escueto comunicado EPM, responsable del proyecto de Hidroituango, informó que tres de sus trabajadores habían dado positivo para COVID-19. Sin embargo, dieron un parte de tranquilidad asegurando que la situación sería controlada porque las pruebas ya las estaban haciendo de la mano de la Universidad de Antioquia. Para el 18 de mayo, cuando ya eran diez los contagiados, habían enviado 418 pruebas y estaban listos para hacerle el examen a todos los trabajadores del megaproyecto.
Sin embargo, los casos se propagaron con rapidez y ni el gerente del proyecto, Javier Toro, ni el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, ni el Consorcio CCC Ituango, encabezado por la constructora brasilera Camargo Correa y de la que también forman parte Conconcreto y Coninsa Ramón H. lograron controlar la situación: en un mes alcanzaron los 283 casos, la mayoría en el campamento Villa Luz, controlado por Camargo Correa.
La gigante brasilera apenas si ha podido superar los problemas por la contingencia de hace dos años y ahora se enfrenta a los contagios en su campamento en la zona conocida como El Bombillo, a unas cuatro horas de Medellín en el municipio de Itaungo, donde montaron unas instalaciones con capacidad para más de 3.000 trabajadores que trabajan en ciclos de 20 días en funciones y 10 de descanso.
Camargo Correa carga una cola de corrupción, nada agradable, en toda la región que comenzó en Brasil siendo una de las 23 constructoras que operaban en forma de cartel para quedarse con la mayoría de las licitaciones en ese país, manipulando pliegos y sobrando a funcionarios entre otras prácticas. En Perú pagó un soborno por casi 4 millones de dólares para que el gobierno le adjudicara un proyecto vial. En Bolivia la constructora brasilera fue acusada de repartir en 2009 $ 4,3 millones de dólares en sobornos para ganarse la licitación de la autopista Roboré-El Carmen.
En Colombia también fue foco de señalamientos, pues el Consorcio CCC Ituango se ganó el proyecto con una oferta por 1.8 billones de pesos después de que sospechosamente se modificara el pliego de condiciones cinco días antes de cerrarse la licitación.
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28 días después de confirmarse el primer contagio, apenas comenzaron a tomar medidas para frenar los contagios que se han reproducido a gran velocidad. EPM informó que reducirá la presencia de trabajadores en la obra y comenzará enviando a 350 que se harán una prueba, si sale negativa, les darán una credencial para volver a trabajar.
Pero en Ituango no están muy convencidos con las medidas. El municipio antioqueño es el que tiene más contagios en todo el departamento por culpa de la represa: 283. Tanto el Consorcio como EPM han estado enviando a sus trabajadores contagiados hacia Medellín, pero parece que sin ninguna autorización porque el alcalde Quintero quedó completamente sorprendido tras conocer sobre el accidente de un bus con 12 personas trabajadoras del proyecto. Al parecer, los están mandando a hacer cuarententa en hoteles de la capital paisa, pero “sin informar, sin autorización y sin respetar protocolos de Bioseguridad de la Secretaría de Salud”.
La situación se volvió innegable y el alcalde Quintero aceptó que el manejo del brote en Hidroituango no fue el mejor a pesar de las denuncias que comenzaron desde el inicio de la emergencia después de que 63 trabajadores le renunciaran al Consorcio CCC Ituango ante el miedo por los contagios dentro del proyecto. Queda claro que, aunque el silencio de las directivas, el virus en la hidroeléctrica se les salió de las manos.