Al militar desde muy joven, en las escuelas de formación le enseñan que hay que ejercer pleno, completo, eficiente y suficiente control del territorio, que cuando comande tropas, estas,deben garantizar el respeto y goce de los derechos fundamentales de los ciudadanos que habitan ese territorio.
Pero en la práctica, este complejo ejercicio no es una simple cuestión castrense, se trata de una ardua construcción sociopolítica y antropológica, de todas las instituciones del Estado y con la comunidad, porque al ingresar a cualquier territorio rural como los nuestros, donde ha existido poco Estado y pocas libertades, nos encontramos con un mundo lleno de verdades, múltiples historias, intereses, y paradigmas.
Cuando el conflicto armado se agudizó, solo había tiempo para combatir y el territorio se convirtió en un teatro de operaciones donde miles de ciudadanos quedaron atrapados. Uno de los principales derechos violentados, fue el de no poder movilizarse libremente sobre amplias regiones del país.
Las autoridades civiles despachaban por entendibles razones desde las capitales departamentales; recuerdo que cuando las Fuerzas Militares contaron con mejores recursos para combatir los grupos armados que no dejaban mover a la gente, mejoró la comunicación con los presidentes de juntas de acción comunal, con los corregidores, los alcaldes y gobernadores; entonces, durante el diálogo en terreno, se comenzaron a tejer relaciones y se acompañaron las comunidades angustiadas que veían la guerra asomando en cualquier esquina del país rural.
Con los recientes acuerdos de paz, pensamos que la guerra con las Farc quedaba en el pasado, que pese a las graves faltas de funcionarios estatales y de algunos sectores de la sociedad durante el cruel paso de los paramilitares, sería más expedito resarcir a las comunidades vulneradas en sus derechos, con más seguridad ciudadana, más bienestar, más justicia, más salud, más educación, mejores condiciones de vida.
Pero hoy, cuando los territorios deberían ser mucho más apacibles por los acuerdos, se repite la historia; surge aquel temor desde que se negociaba en La Habana: acá sobre el mundo urbano, no se prepararon las instituciones que debían enfrentar las nuevas dinámicas territoriales.
Por la falta de integralidad del Estado, este se sumergió en un ambiente sin estrategia; su disfuncional es fruto de una mezcla de intereses y poderes; los esfuerzos de la descentralización se diluyen por las disputas y tensiones provenientes de actores desde los poderes legislativo, ejecutivo, los diferentes ministerios y los programas sectoriales, que necesitan fondos para cumplir sus metas.
El gobierno nacional que lleva la impronta de hacedor de buenas políticas, y de construir las mejores relaciones con la sociedad, perdió terreno y volvió a quedar en pañales, cuando se firmaron los acuerdos de paz con las Farc; hoy las instituciones reman contra lo indeseable: la desconfianza generalizada de la gente.
El mapa que refiere esta columna, publicada por El Mundo de Medellín, permite apreciar las nuevas dinámicas de los territorios más afectados por los conflictos armados. Las disidencias o grupos residuales de las Farc, los “elenos”, o los grupos criminales de cualquier pelambre, dejan pocos espacios territoriales para que ingrese el desarrollo; esta foto es semejante a la de comienzos de los años 2000.
Desde que se pusieron en marcha los diálogos en La Habana, la institucionalidad debió prepararse mejor; cuando se coordinaba la implementación, alrededor de la mesa todos se abrazan y afirman SÍ con la cabeza, pero ya fuera del Palacio de Nariño, cada quien por su lado, dejando una estela de muchas vanidades y pocas lealtades.
Era previsible desde mediados de 2016, cuando el Frente 1° de las Farc, se apartó del diálogo, que surgirían nuevas estructuras armadas con procesos de expansión territorial y amplia capacidad para oponerse a los programas de Sustitución de Cultivos Ilícitos; todo fue avisado y no se tuvieron en cuenta las lecciones aprendidas; al contrario, se mantienen los principios de nuestras guerras: ejercer el control institucional del territorio a través del exclusivo desembarco de tropas, sin otras capacidades institucionales que respondan integral y sostenidamente a las demandas del Catatumbo, Buenaventura, Tumaco, el Bajo Cauca Antioqueño, el Urabá, Nudo de Paramillo, Arauca, Meta, Caquetá, Guaviare, Cauca, Putumayo, Vaupés y Guainía, regiones que piden con urgencia, el desembarco de médicos, ingenieros, jueces, fiscales, profesores, técnicos agrícolas y sociales, profesionales desarmados.
Los “bandidos” volvieron a tomar ventaja; usurpan de nuevo el país rural; a punta de coca y de paros han puesto en jaque la institucionalidad que no tendrá forma de hacer enroque con el nuevo gobierno, porque seguramente jugará en otra cancha. El próximo presidente encontrará un país rural más enardecido, y un país urbano más preparado en los apoyos que requiere la protesta social.
El acuerdo con las Farc deja enseñanzas: una sociedad incrédula y desconfiada; el gobierno sumergido en la teoría que no se puede implementar, ni coordinar; las Farc flotando en poesía y un mundo irreal; y la institucionalidad del Estado atragantada por múltiples objetivos con escasez estratégica, debilitada en su centro de gravedad: la legitimidad.
