El presidente Santos cree que diciendo mentiras puede recuperar la credibilidad que mantuvo durante más de la mitad de su mandato. Afirma que está cumpliendo con los campesinos pero al mismo tiempo le ordena a su ministro de Agricultura legalizar la adquisición ilegal de tierras en la Altillanura del Orinoco. Y así por el estilo en el resto de temas.
Por otro lado, los dirigentes de las FARC creen que pueden ganarse a las mayorías nacionales a punta de retórica. Casi todo lo que dicen es cierto, pero el conjunto del pueblo colombiano no los escucha. Paralelamente ordenan dinamitar la infraestructura eléctrica, ferroviaria y petrolífera, afectando a amplios sectores de la población más pobre (Tumaco).
Ambas partes saben que lo único que les da credibilidad pública – tanto a ellos como al proceso de Paz – son los avances en la negociación. Pero estos apenas son modestos, según los voceros de la guerrilla, mientras que para el gobierno el problema es de tiempo.
En ese proceso ambas partes se debilitan mutuamente. No es tanto el resultado del ejercicio de la oposición, es su propia precariedad. Ambas partes iniciaron el proceso de diálogos desde posiciones de debilidad y no han sido capaces de acumular fuerza.
Santos se lanzó a entablar negociaciones de Paz teniendo como contraparte a su principal elector: Uribe. Las FARC aceptan el reto pero no cuentan con el apoyo popular. No sabemos si son conscientes de esa realidad.
Santos cree que puede aprovechar la debilidad política de la guerrilla para legitimar un acuerdo de Paz que fortalezca las condiciones para la inversión extranjera. Su modelo económico capitalista – de despojo y depredación – no está en juego.
Las FARC piensan que el incipiente auge de lucha popular – especialmente en las zonas rurales – se constituye en un apoyo para su posición en la mesa de negociaciones. Por ello endurecen su posición y lanzan una “ofensiva” militar que sólo corresponde a las fases de la guerra en donde la “toma del poder” está cerca.
Así, la propuesta de la suspensión de las negociaciones coge fuerza. A Santos le conviene para concentrarse en su campaña reeleccionista. A la guerrilla para insertarse en el movimiento social y tratar de desgastar más al gobierno. Ambos se equivocan.
Dentro de esa lógica de los contrincantes, la suspensión puede terminar en rompimiento definitivo.
La sociedad en su conjunto, los movimientos sociales y populares, los partidos políticos democráticos y de Izquierda, deben convocarse y unificarse para obligar al gobierno y a la guerrilla a no pararse de la mesa. La terminación del conflicto armado es fundamental para abrir caminos democráticos al movimiento social y popular.
Paralelamente hay que exigir a la guerrilla un cese de fuegos unilateral. Ellos pueden hacerlo. El gobierno se ve atado de manos para oficializar una tregua inmediata, pero si las negociaciones de Paz se consolidan y se muestran avances, la sociedad puede presionar en ese sentido.
Si Santos suspende las negociaciones su futuro político reeleccionista será más oscuro. Si la guerrilla acepta la suspensión de los diálogos va a seguir perdiendo credibilidad y la dinámica de la guerra los va a atrapar. No hay que permitir que se levanten de la mesa.
