Las denuncias sobre la posible adquisición irregular de baldíos en el Vichada por parte de María Alejandra y Julián Valencia Iragorri, sobrinos del senador Aurelio Iragorri y primos del actual ministro del Interior han presionado al gobierno a definirse sobre el tema que le costó la cabeza al ex embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia.
La posición del actual ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, cuya ex esposa es María Fernando Campo -actual ministra de educación-, su hijo Santiago y sus cuñados, que también adquirieron baldíos en el Vichada, es que la nación debe conservar la propiedad sobre los baldíos y entregarlos en alquiler por treinta o más años a los empresarios agrícolas para su explotación. Esta posición la comparte también el Superintendente de Notariado Jorge Enrique Vélez.
El Presidente aún no ha destapado sus cartas pero la revisión de la Ley 160 de 1994 que reglamenta el uso de los baldíos, será tarea prioritaria del Congreso en la que muchos legisladores tienen intereses.
