El ministro del Interior, Daniel Palacios, acompañó al presidente Iván Duque a la sanción de la Ley de Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana, y destacó que con esta nueva ley “se evitará la impunidad en el país y se podrá castigar a los delincuentes reincidentes en todo el territorio nacional”.
Este artículo gira en torno a la problemática presente en un pensamiento “A más años de cárcel, menos delincuentes habrán”, el cual se encuentra presente en la conciencia social, originado por la impunidad percibida por los ciudadanos, quienes son actores del populismo punitivo. Es por ello que sostengo que el endurecimiento de las penas es una acción populista, pues es realizada sin el conocimiento de los efectos generados, ya que estos no son disuasivos y, especialmente, no tiene una función preventiva.
No es un secreto que en el país se viene presentado un incremento de criminalidad y resulta conveniente preguntarse si la medida adoptada, el endurecimiento de las penas y demás…, es la salida y la solución para los actos delictivos, especialmente si dicha medida es preventiva y eficaz para atender los factores que originan los delitos.
Colombia es un país en el que ante la indignación y reclamación de soluciones, la respuesta más inmediata y sencilla suele ser establecer penas cada vez más duras, ya que estas son solo procedimientos legislativos, que no generan mayores esfuerzos que ser registradas en el cuerpo penal normativo. Resulta, entonces, políticamente popular promover aquellas iniciativas de endurecimiento punitivo y en esa misma línea es donde establezco “populismo punitivo”, que tiene por significado creer y hacer creer que el incremento de las penas es la manera apropiada de enfrentar problemas sociales complejos.
Por otro lado, el endurecimiento de las penas como medida de solución podría generar nuevos problemas, tales como el hacinamiento en las cárceles; un ejercicio casi inexistente de la resocialización de los reclusos, tratos inhumanos, espacios reducidos y contaminados, lo que es solo una pequeña muestra de la ineficacia de las medidas legislativas.
Está documentado en la experiencia internacional que el endurecimiento de las penas no resulta, en el largo plazo, ser un disuasivo para la comisión de actos delictivos, si bien puede tener un impacto relativo en el corto plazo. Endurecer las penas no soluciona el problema de los actos delictivos; deben priorizarse las acciones de política educativa de largo plazo que incorpore en la mentalidad de las personas las consideraciones, y principalmente conocer su incompatibilidad con el mundo jurídico y específicamente sobre los elementos que lo componen, como los derechos fundamentales, los principios generales del derecho y los valores superiores jurídicamente protegidos. La falta de educación, de oportunidad, de empleo, es la raíz de este gran problema, cada día se incrementa y es el resultado de la inseguridad y criminalidad que atraviesa el país.
El legislador, los jueces, los fiscales y quienes hacen política pública deben profundizar en alternativas como la justicia restaurativa y la solución de conflictos sin imponer la sanción como sinónimo de justicia; incorporar opciones que ayuden al adolescente a superar los problemas de consumo y actos delictivos más allá de la conducta punible ejecutada.
Finalmente, los caminos que es necesario recorrer para transformar la penalidad en el sistema penal está en las elecciones sociales, económicas y culturales y no en la pena como solución mágica a todos los problemas.
