A casi un mes de la expedición del Decreto 2656, por el cual se decreta el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional en el marco del diálogo de carácter político entre el gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP, un primer balance arroja resultados bastante positivos.
Se siente un alivio en las condiciones humanitarias de las poblaciones localizadas en los territorios que cubren esta medida de convivencia dictada en el marco de la política de paz total, aun sin haberse expedido los correspondientes protocolos que son objeto de negociaciones entra las partes para precisar los detalles de esta acción preliminar a la instalación de la mesa de diálogos.
La guerrilla de las FARC-EP que lideran los comandantes Ivan Lozada, Calarcá y Hermes Tovar, junto con las organizaciones sociales y campesinas del territorio coinciden en que los integrantes del Ejército Nacional están dando cumplimiento estricto a las instrucciones del Comando General de las Fuerzas Militares para hacer efectivo el cese bilateral del fuego con la desmilitarización de amplios territorios en los departamentos del Caquetá (Yari), Meta (Guayabero) y Guaviare, propiciando las condiciones para la presencia viva de la población civil y sus organizaciones comunitarias.
Sin embargo, las dificultades en otros territorios (Cauca, Nariño, Arauca y Putumayo) reflejan las complejidades de la acción del Ejército Nacional y la Policía Nacional (como en el caso del Cauca y Nariño), fuerzas presuntamente involucradas con los carteles mexicanos de la droga, especialmente en Jamundí, Naya, Lopez de Micay, Tumaco, Buenaventura y Cali.