De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIH), 7 u 8 de cada 1.000 personas desarrollarán esquizofrenia a lo largo de su vida. Por eso, esta enfermedad ha sido materia de investigación en los últimos años y se han desarrollado esquemas de manejo integrales. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la prevalencia de la esquizofrenia es del 1 % y se estima que más de 21 millones de personas en el mundo la padecen.
La esquizofrenia hace parte de las diferentes condiciones mentales que afectan a la población. De acuerdo con el Banco Mundial representa cerca de una cuarta parte de la carga de enfermedades en América Latina y el Caribe, situación que refleja no solo el costo social que enfrenta una persona diagnosticada con este trastorno sino la carga económica que limita y deteriora su condición de vida, aumentado el riesgo a entrar en situación de pobreza.
De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM), en Colombia la presencia de trastornos mentales en adultos predomina mayormente en aquellos que se encuentran en estado de pobreza (4.4 %) con respecto al promedio nacional (4.0 %). Lo anterior, refleja la relación de este factor social con las enfermedades mentales.
Los pacientes diagnosticados presentan variedad de dificultades a causa de esta enfermedad, dentro de las que se destacan la exclusión laboral y educativa. Además, son frecuentemente vulnerados sus derechos y se enfrentan a la discriminación, estigmatización y señalamiento por parte de la población.
La esquizofrenia es una condición crónica que inicia en los adultos jóvenes de 18 a 25 años aproximadamente. El diagnóstico a tiempo, el correcto cumplimiento del tratamiento, el apoyo social y familiar y el acceso a los servicios de salud mental mejoran el pronóstico del paciente y le permiten continuar con un estilo de vida normal con mayor facilidad.
La asignación de recursos por parte de las instituciones es un factor clave en este proceso y que aún debe mejorar. De acuerdo con datos de la OMS, una gran cantidad de países invierte solo el 2% de los recursos públicos en salud mental; por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que en la mayoría de países de América solo entre el 1 y 5 % del presupuesto a la salud es designado a esta área.
A pesar de que en varios países como es el caso de Colombia, la salud mental es definida como un derecho fundamental, solo 8 países de América Latina y el Caribe cuentan con legislaciones actualizadas y específicas para esta problemática.
En Colombia se evidencia que aún existe un bajo porcentaje de personas con algún trastorno mental que buscan servicios para mejorar su condición, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 del 4.5 % de las personas entre los 18 y 45 años de edad que reportan haber tenido algún problema de salud mental a lo largo de la vida, el 47.3 % no busca atención porque no lo considera necesario, el 23.6% no lo hace por descuido y el 15.6 % manifiesta no haber querido acercarse.
Esta información sobre acceso a psiquiatría revela atrasos que aún presentan países como Colombia en el manejo de enfermedades mentales. Es necesario desarrollar un programa de manejo integral, acceso a tratamientos innovadores, permitiendo así el apoyo en su recuperación y rehabilitación.
