Empezaba a correr el año 2020 y aún no éramos plenamente conscientes de que sería un año que cambiaría la historia en muchos aspectos. Muchas cosas se transformaron con la pandemia, pero otras cosas siguen iguales o empeoraron, como por ejemplo la falta de respeto a la laicidad del Estado y el excesivo proselitismo de las instituciones del país a las creencias religiosas, que deberían haber pasado a un segundo plano en un momento de la historia en que el protagonismo lo debería tener la ciencia y el pensamiento racional para enfrentar un virus que ha cambiado la vida de miles de colombianos.
A mediados de febrero de 2020, la Asociación de Ateos de Bogotá le mostraba al país el caso de Sergio Andrés Ramírez, un patrullero de la policía que instauró una acción de tutela contra la institución luego de que su negativa a recitar el himno de la institución y el código de ética con alusiones a dios le ocasionara una anotación demeritoria en su formulario de seguimiento, que a su juicio y el de nuestra organización, atentaba contra la libertad de culto y conciencia de Sergio Andrés.
Las críticas estallaron en las redes sociales. ¿Qué hace un ateo en la policía? ¿Por qué se metió a la policía si no cree en dios? ¿Por qué mejor no se retira? ¿Por qué simplemente no se queda callado? ¿Cómo podremos confiar en policías sin dios? El prejuicio popular asume que un miembro de las fuerzas militares necesariamente debe ser creyente, y lamentablemente dicho prejuicio también está arraigado en la normatividad interna de las instituciones que conforman la fuerza pública.
En aquel momento la institución argumentó, en el marco del proceso, que aceptar la negativa del patrullero a invocar a dios como parte de protocolos obligatorios dentro de la institución castrense era peligroso para la disciplina que un policía debe tener, y que por tal razón no se debería acceder a las pretensiones del patrullero, como si las convicciones religiosas de un policía o la ausencia de ellas fueran determinantes a la hora de cumplir el deber.
Actualmente, la Policía Nacional de los colombianos sigue asumiendo que los miembros de la institución deben ser devotos creyentes en dios, y no ceden terreno en su intención de evangelizar a sus miembros, aunque esto implique el derroche de millones de pesos en la compra de biblias aprobadas por la iglesia católica. Por eso nuevamente la Asociación de Ateos de Bogotá tomó cartas en el asunto y, por medio del abogado Nicolás Calderón Grisales actuando como accionante, presentó una acción de tutela en contra de un proceso de contratación que pretendía la adquisición de 720 biblias para la capellanía de la institución, poniendo a disposición un presupuesto de más de 30 millones de pesos.
El pasado 30 de julio, el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá le dio la razón al accionante y ordenó suspender el proceso de contratación haciendo valer los derechos de libertad de culto, laicidad y neutralidad religiosa; no solo de Nicolás Calderón Grisales, sino de todos los colombianos, independientemente de nuestras creencias o ausencia de ellas.
Nuestra organización sentó su posición en un comunicado de prensa del 02 de agosto del presente año:
“La Asociación de Ateos de Bogotá como coadyuvante reconocida durante el proceso, apoyando las pretensiones de nuestro compañero ateo, dejó clara la rotunda oposición al uso de recursos públicos para la adquisición de libros que tienen como propósito el adoctrinamiento y la promoción de una determinada religión con el auspicio de entidades oficiales, máxime cuando la tecnología actual permite que cada persona de manera individual obtenga a través de medios digitales o impresos, las publicaciones religiosas adecuadas a sus creencias personales”.
Los medios de comunicación han dado cubrimiento de diferentes formas a la noticia, y distintos sectores cristianos, entre los cuales está la iglesia católica, han tomado partido llegando a ofrecer como donación las biblias que la institución castrense pretendía comprar con recursos públicos.
A pesar de que no estamos de acuerdo con el uso de libros religiosos usados con la finalidad de promover el adoctrinamiento religioso dentro de las fuerzas militares, consideramos que la movilización de sectores cristianos para promover la donación de biblias a la Policía Nacional, aunque no soluciona de fondo el problema de irrespeto a la laicidad, es un avance en el camino correcto porque transmite el mensaje de que las creencias religiosas deben ser costeadas por cada individuo, y no por las instituciones que representan a un Estado laico.
Ahora la decisión respecto al proceso de contratación suspendido debido a la acción de tutela impulsada por Nicolás Calderón está en manos de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá debido a que la Policía apeló la decisión de primera instancia, y esperamos que el tribunal ratifique dicha providencia para que en una próxima ocasión los libros sagrados para los policías salgan de sus propios recursos o de la solidaridad de las iglesias y sectores de la ciudadanía cristiana, y no de los impuestos que pagamos todos los colombianos.
Así las cosas, el cauce tomado por los acontecimientos deja un mensaje muy claro: son las personas religiosas o las instituciones clericales privadas las que deben pagar con sus propios recursos las acciones de proselitismo y adoctrinamiento, más aún cuando son estas las que se benefician de manera directa de la constante vulneración a la laicidad estatal que les otorga influencia en las decisiones de Estado y un enorme poder político.
La Policía Nacional tiene la facultad y el deber histórico de renunciar a la evangelización en sus filas y dejar esa función a las organizaciones religiosas; porque como ha quedado en evidencia con el rumbo de los acontecimientos, mientras la justicia terrenal decide la suerte del polémico contrato, los ateos ya logramos que de manera gratuita la institución castrense obtenga más biblias de las que pretendía comprar y pagar con nuestros impuestos.
Adenda
Como sugerencia especial, invitamos a la Policía Nacional a destinar el dinero ahorrado de las biblias en la adquisición de literatura sobre derechos humanos. Las denuncias contra la institución en el marco del reciente paro nacional nos dejan claro que a los policías les sería mucho más útil un libro con listas de personas protegidas por el derecho internacional humanitario que un libro antiguo con listas de personas que debemos asesinar según el antiguo testamento.
