A través de su vocero, el arrocero mojanero Yonairo Diaz Durán, un grupo de pequeños productores arroceros de la región de la Mojana en los departamentos de Sucre y Bolívar, afiliados a la Federación Nacional De Arroceros (Fedearroz), han presentado su inconformidad por la manera en la que Fedearroz ha venido administrando los recursos económicos que le ingresan a esta federación por concepto de administración de contingentes por las subastas de arroz que entran al país a causa del acuerdo de promoción o tratado de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos.
Argumentan en la queja radicada en la Contraloría General que el gerente general de Fedearroz Rafael Hernández Lozano y los miembros de la Junta Directiva han sido negligentes en hacer inversiones de gran envergadura en infraestructuras de secamiento y molinería para la competitividad del sector arrocero en la región de la Mojana, pese a que se le ha hecho la solicitud constantemente. “El doctor Hernández siempre nos ha dicho a los afiliados de la seccional de Fedearroz en Magangué que la Federación no tiene recursos económicos para hacer estas inversiones de gran envergadura y de esta manera se le ha negado la oportunidad de ser competitiva en el mercado del arroz a esta importante, fértil y productora región del país como lo es la Mojana integrada por municipios como Majagual, Guarandá, Sucre, San Marcos, San Benito Abad (en el departamento de Sucre) y Achí, San Jacinto del Cauca y Magangué (en el departamento de Bolívar)” expresó Sáenz Durán.
Una región en la que se siembran cerca de 50 mil hectáreas de arroz al año y se producen unas 100 mil toneladas anuales “no es justo que Fedearroz le niegue esta oportunidad a los arroceros de este sector de ser competitivos con apoyo directo cien por ciento de los recursos que le ingresan a Fedearroz como sector gremial representativo del arroz en Colombia, derivados de las Subastas de arroz en el marco del Acuerdo de promoción comercial a través de la Export Trading Company (E.T.C) con la intervención del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tal y como está señalado en el numeral 5 del artículo 2 y numeral 6 del mismo artículo de la Ley 728 del 13 de abril de 2012, antes mencionado y cuyos recursos ingresados desde el 2012 a la fecha según información entregada por el Ministerio de Agricultura, asciende 164 mil millones de pesos”, argumentó el vocero.
La molestia de los pequeños labriegos se basa también en que hace cerca de dos años el Ministerio de Agricultura le aprobó a la región el montaje de un molino arrocero y albercas de secamiento de arroz de mediana capacidad destinada para los pequeños arroceros e hizo un desembolso por valor de mil millones de pesos y Fedearroz solo cofinanció 200 millones, cifra irrisoria frente a lo que le ha ingresado. La filosofía de este proyecto era eliminar la cadena de intermediarios para que así los pequeños pudieran secar, procesar y almacenar el arroz cosechado y darle valor agregado para que la utilidad le quede a los campesinos productores y no a la industria molinera de Sahagún (Córdoba), Montería y Magangué (Bolívar), como actualmente sucede. A la vez buscaba que se volvieran administradores de su propia empresa a través de Asopromojana, una asociación sin ánimo de lucro, integrada por pequeños y medianos arroceros, encargada de la operación de este proyecto.
Sin embargo, según denuncia Yonairo Saenz y otros arroceros, Asopromojana fue invadida por unos cinco grandes productores capitalistas que han hecho parte de la Junta Directiva de Fedearroz y se han dedicado a acaparar los turnos de ingreso de arroz al molino. El pequeño productor, al ver que estos turnos para el procesamiento de su arroz están acaparados y que el producto cosechado no da espera por la temperatura, se ve obligado a ponerle la cabeza a estos capitalistas que según ellos se apoderaron de Asopromojana y no les queda otra que venderles el arroz cosechado a precios irrisorios obteniendo perdidas. Pese a que le han manifestado por escrito estas anomalías al Ministerio de Agricultura para que le ponga control al tema, esta entidad del gobierno se ha hecho la de la vista gorda y con su omisión se ha convertido en cómplice del atropello que desde Asopromojana se le hace al pequeño arrocero. Sáenz considera también que esta inversión en esta maquinaria hecha por el Ministerio resulta insuficiente, pues no alcanza a intervenir ni un diez (10) por ciento de la cosecha de arroz que se da en la región, la cual equivale aproximadamente a unas 100 mil toneladas al año.
Los costos de producción de una hectárea de arroz para un arrocero de la Mojana, asciende a unos $3.000.000 y se cosecha un promedio de 70 bultos de arroz en concha de 70 kilos cada uno, si el productor vende el producto en bruto, sin procesar a los acaparadores de Asopromojana, le está saliendo a $600/kilo con la prueba de laboratorio hecha, quedando el bulto a un valor de $42.000, multiplicado por 70 bultos, daría un resultado de $2.940.000, con pérdidas de $60.000 por hectárea sembrada.
En cambio, si el productor secara y procesara su arroz en el Molino que les adjudicó el Ministerio y lo vende transformado en blanco listo para el consumo, lo vendería a unos $85.000, es decir al doble, obtendría una utilidad de más de un millón de pesos por hectárea, lo que queda claro que la cadena de intermediarios acaparadores y la falta de mega infraestructuras para la transformación del productor en la Mojana, están generándole pérdidas a los arroceros, de allí su justa queja.
No obstante, los arroceros de la Mojana en su queja al contralor piden que se investigue las inversiones multimillonarias que sin ninguna verificación y auditoría de ningún ente de control, Fedearroz ha hecho en los departamentos del Casanare, Meta y el Tolima por los contratos de construcción, montaje y puesta en marcha de planta de secamiento, almacenamiento y trilla de arroz en el municipio de pore (casanare) por valor de $ 54.500.843.641. Así como otra obra de este tipo en Puerto López (Meta) por valor de $ $ 54.850.772.989 y una de menor capacidad en el Tolima por valor de $ 4.174.171.501.
Solicitaron al contralor Edgardo Maya Villazón que designe un grupo élite especializado de investigación para adelantar investigación contra el gerente de Fedearroz Rafael Hernández Lozano, los miembros de la junta directiva de Fedearroz y funcionarios del Ministerio de Agricultura del Área de Cadenas Agrícolas y Forestales que se hallen implicados con complicidad en la presunta responsabilidad fiscal en los contratos por presunto detrimento patrimonial y sobrecostos; toda vez que según lo señala el numeral 6 del artículo 5 y el artículo 6 de la Ley 728 de 2012, le corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural certificar, dar el visto bueno que los recursos que ingresan a Fedearroz por concepto de subastas de arroz, sean implementados e invertidos de manera correcta en proyectos de fortalecimiento para la competitividad del sector arrocero en Colombia.
Argumentan los labriegos que estos recursos se han podido optimizar y con parte de ellos se ha podido invertir una obra de mayor capacidad para el uso de los cerca de dos mil productores de arroz que hay en la Mojana y están al borde de la quiebra por culpa de los acaparadores y del incumplimiento y la negligencia del Gerente de Fedearroz en invertir para volver competitivos a los arroceros de la Mojana, tal y como lo obliga la Ley 728 de 2012.
Y según ellos, lo que más les duele es que el saliente presidente de la Junta Directiva de Fedearroz, Yoni Alvarez Marrugo, un arrocero grande oriundo de la Mojana, nacido en Majagual, solo se conformó con que el gerente lo llevara a presidir las asambleas de afiliados en las seccionales de Fedearroz en todo el país. “Lo llevaron a pasear y a tomar Whisky y no fue capaz de gestionar la obra de envergadura que tanto necesita la Región” expresaron en tono molesto varios campesinos. “No hay cuña que más apriete que la del mismo palo”, concluyeron.
