El día de ayer (4 de agosto del 2020), la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria de Álvaro Uribe, ante ello se produjo un gran revuelo de opiniones a favor y en contra.
Ahora bien, los defensores del expresidente usan dos argumentos centrales para justificar su inconformidad ante dicha decisión.
El primero es "Uribe combatió la guerrilla y le devolvió la seguridad a Colombia", como se infiere de lo dicho por José Felix Lafaurie:
Indignación, dolor de patria. Las fuerzas oscuras del castrochavismo y del centrosantismo lograron mandar a la cárcel a quien le devolvió a Colombia la dignidad, la seguridad y los derechos a la libre movilización, que nos habían robado narcoguerrilleros impunes #FedegánConUribe. pic.twitter.com/D20fx20bAG
— José Félix Lafaurie (@jflafaurie) August 4, 2020
Este es un argumento de distracción de la discusión, pues a Uribe no se le privó la libertad por combatir la guerrilla, ni por la seguridad ni por la libre movilidad que le brindó a Colombia según Lafourie; sino por una posible culpabilidad en un asunto de compra de testigos (cuestión a determinar por la corte).
Sin embargo, el argumento quiere llevarnos a una campaña de divinización que busca excluir a Uribe de sus errores, tanto moralmente como legalmente, bajo la lógica de "es que hizo algo bueno por nosotros". Recordemos que el delito no es menos delito porque el señalado haya sido bueno toda su vida y que la justicia no es para premiar los buenos comportamientos, sino para castigar los malos.
El segundo es "la detención de Uribe como símbolo de la degradación moral", tal como lo expresó la senadora Paloma Valencia:
Detener a @AlvaroUribeVel es el símbolo de la degradación moral en la que vivimos en Colombia.
Narcoterroristas en el congreso y el Presidente Uribe en la cárcel; es el epilogo de #LaPazDeSantos acuerdo de criminales.— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 4, 2020
Este es un argumento falaz, ya que compara lo moral con lo legal, que si bien tienen relación desde una perspectiva filosófica del derecho, en este caso busca equiparar las acciones legales como inmorales y una vez más desvía la discusión jurídica por una en torno a la percepción de si Uribe es bueno o malo y si cometió o no un delito. Y este argumento moralista lo compara con dos procesos de acción de la justicia totalmente diferentes, los que lleva la JEP y el que lleva la Corte Suprema de Justicia. Ya la JEP tendrá en su momento que definir si los congresistas de las FARC pasan a justicia ordinaria o no (espero que esta decisión esté acogida a derecho).
Con estos dos argumentos centrales y repetitivos del uribismo pongo en cuestión la lógica de amedrantar la justicia y desviar el debate en torno a la culpabilidad o no del señor Uribe. No podemos entrar en el juego de avalar delitos por razones ideológicas, simpatías morales o acciones percibidas como positivas en el pasado, pues, vuelvo y repito, la justicia no es para premiar acciones buenas, sino para castigar las malas.
