El exmagistrado César Palomino Cortés se estrenó como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con una buena noticia: Colombia no tendrá que pagarle los US$1.100 millones a la canadiense Eco Oro Minerals que reclamaba porque las autoridades mineras colombianas no le permitieron explotar oro en el páramo de Santurbán.
El jurista asume la dirección de la entidad encargada de defender jurídicamente al Estado en los pleitos y demandas, tarea que inició en el gobierno Petro, la exfiscal Marta Lucía Zamora quien terminó damnificada por el lío del contrato de los pasaportes del ahora excanciller Álvaro Leyva y la empresa Thomas Greg & Sons. Después de Zamora continuó como encargado Jhon Jairo Camargo tras no haberse podido posesionar el también magistrado Gustavo Gómez Aranguren, por el límite de edad.
Red Eagle y Montauk, otras disputas por Santurbán
A comienzos del año, el 24 de febrero, el Estado colombiano a través de la Agencia de Defensa Jurídica le ganó a la también minera canadiense Red Eagle Exploration Limited otra controversia jurídica ante la Ciadi, entidad adscrita al Banco Mundial y el país se salvó de pagar la indemnización de 130 millones de dólares que era la que aspiraba obtener esa compañía que dijo verse afectada por las reformas a la delimitación del Páramo de Santurbán.
En esa ocasión, los árbitros Andrés Rigo (Presidente), José Martínez de Hoz y Philippe Sands resolvieron a favor de Colombia la controversia relacionada con la supuesta modificación de los términos de los títulos mineros adquiridos por Minera Vetas, sucursal de Red Eagle Exploration Limited en Colombia por las medidas adoptadas por el gobierno colombiano mediante la expedición de la Ley 1392 de febrero de 2010, respecto a la prohibición de la actividad minera en el páramo de Santurbán.
A ese primer triunfo en tribunales de arbitramento internacionales relacionados con la defensa del Páramo de Santurbán, les siguieron otras victorias como las ganadas en los casos Montauk Metals Inc y la de Eco Oro Minerals Corp que acaba de ser fallada.
En el caso Montauk, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado evitó que el país pagara 700.000 millones a esta otra minera canadiense conocida antes como Galway Gold Inc. que estaba inconforme con la decisión de prohibir allí la actividad minera para proteger el ecosistema de páramos.
El fallo de Eco Oro Minerals protege el páramo de Santurbán
Otro triunfo jurídico se obtuvo el pasado 15 de julio frente a Eco Oro Minerals Corp., empresa minera que ante la Ciadi reclamaba el pago de 1.100 millones de dólares como indemnización por supuestas irregularidades en la implementación de la prohibición de la minería en el Páramo de Santurbán.
Eco Oro Minerals argumentó que por las decisiones del Estado no pudo desarrollar un proyecto de gran minería de oro en su concesión minera y consideró el hecho una expropiación indirecta por lo que pidió indemnización de 690 millones de dólares más intereses, aspiración que ascendió a alrededor de los 1.100 millones de dólares El Laudo emitido por el Tribunal Arbitral que puso fin al caso de más de ocho años determinó que Eco Oro Minerals no aportó pruebas y consideró además que prohibir actividades mineras en el páramo es un ejercicio legítimo de las potestades regulatorias del Estado para proteger el interés general como lo argumentó la defensa de la Agencia y la firma de abogados Latham & Watkins.
Estos tres casos ganados por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado están relacionados con la controvertida delimitación del Páramo de Santurbán, área de conservación requerida para proteger las fuentes de agua que surten el acueducto de Bucaramanga y atienden a 2,5 millones de personas.
Ya en el pasado, y no por la vía de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el gobierno de Colombia, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) había atajado a la minera árabe Minesa en 2021.
El caso Meritage que tuvo contrapartes gringas
A las victorias los casos relacionados con el Páramo de Santurbán se suma también el reciente éxito de la Agencia en el caso Meritage, un megaproyecto urbanístico cuyo terreno fue de la mafia.
En este caso, el pasado 27 de junio, la Nación se salvó de pagar 389 millones de dólares en una demanda instaurada por el empresario Ángel Samuel Seda, quien junto a otros socios adquirió unos terrenos cercanos al peaje de Las Palmas, en límites entre Medellín y Envigado. Sobre ese predio, la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio con el argumento de que 55 hectáreas pertenecían a un presunto miembro de la Oficina de Envigado que fue extraditado y afirmó que había sido despojado de esos terrenos por el grupo ilegal.
Ese triunfo ante el Centro Integral de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que le correspondió anunciar al director encargado de la Agencia, Jhon Jairo Camargo, fue producto del trabajo mancomunado entre el equipo de abogados de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia y la firma internacional Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes (GBS Disputes).
Estos equipos de abogados lograron que por primera vez en la historia un país ganara en tribunales internacionales la posibilidad de que el Estado pudiera proteger sus intereses fundamentales frente a amenazas significativas y adoptara medidas legítimas de extinción de bienes ante un flagelo como el narcotráfico.
Los inversionistas socios de Ángel Samuel seda interpusieron la demanda a través de la firma de abogados Gibson Dunn & Crutcher LLP con el argumento de que la decisión de la Fiscalía impidió culminar el proyecto urbanístico de lujo que incluía 35 locales, 114 apartasuites y 116 casas porque la Fiscalía embargó el terreno en 2016.
En su momento, la Agencia argumentó que Colombia tenía todo el derecho de confiscar el predio Meritage porque nunca vulneró el derecho de un inversionista y no podía permitir una inversión auspiciada por los dineros del narcotráfico. Finalmente, cabe señalar que las tres reclamaciones internacionales relacionadas con el Páramo de Santurbán: Red Eagle, Montauk y Eco Oro, sumaban alrededor de 1.500 millones de dólares que ya no tendrá que pagar el Estado colombiano y le permiten al exmagistrado del Consejo de Estado, César Palomino Cortés, iniciar su gestión con pie derecho y prepararse para frenar otras controversias como la de la minería en Buriticá, Antioquia por parte de una minera china.
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