Afirma la exposición de motivos de la Ley de Financiamiento que debate el Congreso, citando a la Corte Constitucional, que “el principio de progresividad se plasma en que los pensionados con mayores ingresos deben tributar sobre lo que excede el límite respecto del cual las mesadas pensionales iguales o inferiores están exentas de impuesto de renta.” Y añade, “pues bien, actualmente, el límite de 1000 UVT mensuales es difícilmente alcanzado por la mayoría de las pensiones en Colombia, si no todas, por lo que resulta virtualmente inoperante. Ciertamente, un límite inalcanzable no es un límite. Por ende, sin desconocer que la población pensionada merece una especial protección por parte del Estado, como tantas veces lo ha dispuesto la jurisprudencia, y manteniendo los demás beneficios tributarios de los cuales goza esta población, es importante corregir esta falta de razonabilidad y de progresividad del límite impuesto, mas no de la medida en sí misma”.
O sea, en plata blanca, que las pensiones deben gravarse como si fueran rentas de trabajo, descontados solo el 25 % de las mesadas por encima de 5 millones de pesos, que es el límite que se establece para calificarlas de altas, bajando el que actualmente existe de cerca de 33 millones mensuales. Ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre. 33 millones es un límite demasiado alto pero cinco millones es muy bajo. Nadie discute que se graven pensiones superiores a 15 millones que generalmente corresponden a altos funcionarios del Estado, quienes en algunos casos ni siquiera han cotizado para obtenerlas, pero dónde está la justicia social de poner a los viejos de Colombia a pagar impuestos sobre pensiones que se consideran muy altas, como si ellos fueran los responsables de la inequitativa distribución del ingreso en Colombia.
El conjunto del sector formal de la economía colombiana, que es el que sostiene el sistema pensional, es minoritario frente a la totalidad de las actividades económicas. Por ello los pensionados son solo una pequeña parte de la población y menos aún quienes reciben pensiones que se consideran altas. Reflejan la estructura del mercado laboral y por supuesto, de la distribución del ingreso. Pero no son responsables de ello.
Como en el país de los ciegos el tuerto es rey, la Administración de Impuestos clasifica entre el grupo de personas de mayores ingresos, aquellos que devengan más de cuatro millones de pesos. Sobre ellos cae el grueso de la tributación proveniente de rentas de trabajo, cuando se trata de personas de la clase media, sin mayores niveles de ahorro endeudadas hasta los tuétanos. Y con los pensionados va a suceder lo mismo.
Perverso decir que si se gravan las pensiones de más de cinco millones
solo se estaría afectando un grupo muy reducido de los pensionados
porque el grueso de las pensiones no supera un salario mínimo
Hay cierta perversidad al decir que si se gravan las pensiones de más de cinco millones solo se estaría afectando un grupo muy reducido de los pensionados porque el grueso de las pensiones no supera un salario mínimo. Lo mismo podría decirse de las personas que trabajan, de las cuales solo pagan impuestos una minoría que gana salarios más altos, y por tanto no hay razón para quejarse.
La diferencia es conceptual e importante. El sistema pensional es el gran logro del Estado de Bienestar. Lograr que personas que han trabajado y pagado impuestos durante su vida laboral no queden desamparadas en su vejez, recibiendo una mesada proveniente de la rentabilidad de sus propios ahorros y aportes patronales. Apenas justo que no tengan que volver a pagar impuestos sobre ello y esa consideración de justicia social ha sido una norma de la legislación colombiana que se ha respetado por años. Con más veras, porque las mesadas pensionales son un porcentaje entre 50 % y 80 % del salario y se les descuenta el 12 % de los servicios de salud, mientras los gastos siguen siendo los mismos o mayores.
Si los pensionados son ahora sujetos tributarios solo por el hecho de ser una minoría, pues valdría la pena mirar qué otras minorías están recibiendo enormes ingresos con una tasa fija de tributación. Los receptores de dividendos, por ejemplo, con una tasa de tributación de 10 % sin importar su monto. Se podría aventurar que si se gravara de modo progresivo un número muy reducido de grandes accionistas de grandes empresas, que son pocas pero representan el fuerte del sector productivo, se podría recaudar una suma muy superior a la que se va a obtener del gravamen a las pensiones.
Los ingleses utilizan la frase “throwing money at it” para describir la política de tratar de solucionar un problema a punta de dinero. Es lo que hace la Ley de Financiamiento. Enjugar un déficit sin analizar qué lo está produciendo; buscar recursos en todos los rincones, privilegiando los de las personas que declaran todos sus ingresos, cuando habría otras fuentes de recursos y muchas medidas de racionalización del gasto público con los cuales podrían obtenerse mejores resultados. Ensañarse con los viejos es una exageración.
La otra víctima no es menos frágil: la canasta familiar. Es tan absurda la idea del IVA del 18 % que no va a prosperar. La preocupación es que al fracasar esa iniciativa queden las rentas de trabajo y las pensiones de los “ricos” en el descampado y no tengan ellas un campeón que salga en su defensa. Por eso es sano dejar la constancia de que es el Estado de Bienestar, que tanto ha costado construir en Colombia lo que está en riesgo, atacado por un pragmatismo sin consideración ni respeto por los ancianos de la tribu.
