En estos últimos días de enero ocurrieron dos hechos puntuales que despertaron el pasionalismo irracional colombiano con un protagonista en común: la Policía Nacional de Colombia. En redes sociales estalló un sentimiento cruzado por la institución con comentarios como “nuestros héroes de la patria son víctimas del terrorismo por los malditos guerrilleros que deberían morir”, pasando por “acabemos con la policía que no sirve para nada” y hasta “matemos policías”.
Esta dicotomía emocional se manifestó desde el día 15 de enero, cuando se presentó un robo en el sector de los Rosales, nororiente de la ciudad. Desde ahí la inseguridad para la alcaldía dejó de ser una simple cuestión de percepción ciudadana, como la llamaban, para convertirse en un problema, el cual se debe combatir dentro de la ciudad.
Por otro lado, de acuerdo con Bogotá Cómo Vamos se identifica que se presentan 75 hurtos diarios. Para ello la Administración Distrital, en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa, decidió implementar una medida improvisada de restricción a los parrilleros hombres dentro de la ciudad.
En consecuencia, el 26 de enero, los moteros de Bogotá se unieron en una sola voz para protestar pacíficamente sobre esta medida tan irracional e improvisada. Además, la alcaldía en vez de tener la disposición de atenderlos, les organizó a los ingenuos e inocentes moteros que habían acordado con la policía los recorridos para garantizar el “derecho a la protesta pacífica” un operativo de encerrona; el cual terminó con lesionados, heridos, motos inmovilizadas y abusos extremos de autoridad con armas letales usadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios.
Este hecho no fue muy bien visto por la ciudadanía, lo cual desató una completa indignación y repudio a nivel local hacia la Policía Nacional. En redes sociales se hicieron las denuncias públicas, muchas veces respaldas por videos, donde se observa el abuso de autoridad: policías quitando las llaves de las motos, agrediendo a los manifestantes y encerrándolos en diferentes vías para inmovilizar sus vehículos.
Más tarde, el 28 de enero en horas de la mañana, la principal noticia fue la explosión de un artefacto explosivo en un CAI de la policía situado en Barranquilla. Ahí murieron cinco policías, acto que es reprochado por la institución, los gobernantes y algunos ciudadanos.
Este hecho fue la mecha que detonó la pelea entre los ciberusuarios. Mientras unos despertaban el sentimiento de apoyo y solidaridad con las familias de los policías fallecidos por el canalla atentado, otros se dedicaron a recordar las muertes que generaba la policía a animales, ciudadanos, sin contar con los abusos de poder contra la población en general.
Estas son dos posiciones respetables y reales de la cotidianidad colombiana, pero cuentan con el agravante de que se presenta en un país donde la gente se mata por la camiseta de su equipo de fútbol, donde se irrespeta por su identidad de género, donde se asesina a la gente por pensar diferente —como los últimos 15 líderes sociales asesinados este año— y donde a nadie le interesa votar por sus gobernantes. Sin embargo, para quejarnos entre dientes somos muy buenos, sin solución alguna.
Literalmente, todo lo anterior genera una guerra en Colombia, un país en el que desde mucho antes de su conquista se vive en guerra, donde los únicos afectados no solo fueron los 5 policías del atentado, sino toda la sociedad que está carcomida por sus odios, que justifica la muerte de un grafitero, un manifestante e inclusive un policía con tal de salvar a los suyos.
Somos una ciudadanía muerta y con odio, dividida por nuestros propios intereses, y movida por nuestros propios sentimientos. Por eso en vez de pedir que "ahorquen un policía por atentar contra los manifestantes” o decir que “la policía mata a la gente de a pie porque algo habrá hecho la gente”, miremos desde un punto medio y analicemos, ¿qué propuestas se pueden viabilizar para solucionar los diferentes problemas identificados en un solo actor como la Policía Nacional en todos los casos manifestados?
Se deben identificar fuentes y responsables como:
- La responsabilidad política y jurídica que tiene el alcalde Enrique Peñalosa frente a las medidas tomadas para garantizar la seguridad, ya que desde el año 2017 estaba advertido del incremento en los hurtos no solo por parrilleros en barrios lujosos, sino en el sistema de transporte, en los barrios populares y en general en la ciudad. Sus medidas han sido insuficientes, improvisadas, por no decir nulas; donde las cámaras sirven para grabar a los delincuentes, más no para actuar y evitar estos hechos. Además, los policías solo hacen presencia en sectores conocidos, abandonando el resto de la ciudad y en TransMilenio están muy conectados a sus celulares. No es falta de pie de fuerza sino que la policía hace cosas que no le corresponde. (Solución, revocatoria).
- La responsabilidad de la Policía Nacional, encabezada por el general Jorge Hernando Nieto Rojas, explicando por qué los procedimientos del ESMAD atentan contra el derecho a la protesta pacífica reconocida en la Constitución Política, no solo contra los moteros sino contra los estudiantes, maestros, trabajadores, campesinos, etc. (Solución: acabar desde el Congreso con el ESMAD, ya que es una fuerza innecesaria y excesiva contra la población).
- La responsabilidad de los comandantes de policía de región, departamento, ciudad, municipio, localidad y/o barrio, con relación a la aplicación de los protocolos de seguridad en los puestos de control como los casi. (Puede ser que la policía esté confiada, olvidando los protocolos, cosa que no debe suceder en un país donde siempre ha existido el narcotráfico, guerra por territorios e inclusive falta de Estado).
- El Sr. presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón quien debe aclarar a la opinión pública e internacional qué se hizo la paz con las Farc. Si bien es cierto que la guerra produjo 7'400.000 de víctimas y que está entregando todo por la paz, cosa que está bien, no debe olvidar los otros problemas de los demás habitantes que hay en el país.
- La Policía Nacional debe filtrar mejor a sus convocados a ser partícipes de la fuerza pública y educarlos civilmente para el trato con la población. Después de años de estar preparada para la guerra es necesario que sea una policía de paz, evitando que ingrese cualquier “caso aislado”, como suelen llamarlo.
- A la población le queda la responsabilidad de hacerse oír, presentar sus puntos de vista, defenderlos en debate y respetar todas las opiniones; eso sí, sin caer en el error del pasionalismo personal agresivo que nos rebaja a animales sedientos de sangre, en vez de seguir el camino de pedir responsables ante la ley y realizar un juicio que lleve a los policías abusivos y corruptos a la cárcel con penas altas, evitando así que otros sigan su ejemplo. Por su parte, que las personas que atentan contra la policía tengan un juicio y una pena equivalente al abuso de autoridad, ya que en el caso de abuso se levantan las armas del país contra la ciudad, mientras el otro es un acto de terrorismo igual de reprochable.
- La gente debe de mostrar su inconformidad con los gobernantes en las urnas votando, de manera que la clase política del país entienda que somos un país preocupado por nuestro territorio, nuestros intereses y lleno de gente linda trabajadora y honrada.
Desde mi parte repudio el atentado contra el CAI que cobró los muertos de la institución y de igual manera repudio el abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional. Si necesitan culpables que aparezcan de los dos lados y no caigamos en la paradoja del muerto bueno y el muerto malo. Dejemos de matarnos y empecemos a construir un verdadero país donde quepamos todos y todas.
Dedicado a Mayger Mestra.
