A las tres de la mañana hombres y mujeres ya habían bajado la guardia y las capuchas con las que llegaron 12 horas antes ahora reposaban sobre las mesas. Se sentían seguros. Fue un 7 de junio intenso y largo, pero parecía que las conversaciones entre los manifestantes de la Unión de Resistencias Cali (URC) y el alcalde Jorge Iván Ospina tomaban forma.
El solo hecho de haberse sentado a hablar fue todo un reto y solo se concretó un primer diálogo cuando Ospina firmó el decreto 0304 del 31 de mayo con el que se reconoció legalmente a la URC. El objetivo era claro: exponer sus más básicas peticiones y las razones para montar los bloqueos en la ciudad. Al final, todo quedó plasmado en un documento al que llamaron Plan de Emergencia.
Para la fecha ya se había cumplido un mes y diez días de Paro, de la consolidación de los puntos de resistencia, de su organización popular y asamblearia que permitió, al calor de las confrontaciones con la fuerza pública y el resguardo de los múltiples ataques y atentados —que hasta ahora no se sabe quiénes fueron los perpetradores—, construir, a modo de pliegos, un plan inmediato que abriera las “rutas de confianza”; un documento de ocho puntos que formularon los y las integrantes de la URC y el cual implementaría las secretarías correspondientes de la alcaldía del Distrito de Cali.
En su contenido este documento formula todo un programa de choque, pues recoge las necesidades principales de la protesta y de los jóvenes que estuvieron atrincherados en los puntos de resistencias, necesidades que son responsabilidad directa de los gobiernos en sus tres niveles y de los cuales, en muchos casos, están absolutamente desentendidos:
1. Educación: Se trazaron como objetivos principales el acceso gratuito a los tres niveles educativos: técnico, tecnológico y universitario; formación política y pedagogía para la paz y garantizar el acceso a internet, por lo menos a los estratos más pobres.
2. Alimentación: Es la necesidad más apremiante, pues como lo manifestaron los y las manifestantes, “quién puede vivir sin comer”. Lo primero que se planteó fue en seguir promoviendo la continuidad de las ollas aun después del levantamiento de los puntos de resistencias, integrando a las mujeres de la olla, esas mujeres que eran madres y tías de muchos de los jóvenes, para después convertirlas en
comedores comunitarios. Otra petición importante fue la entrega de 500 mercados por punto de resistencia. “Sabíamos de que la gente en los barrios estaba aguantando hambre porque no entraban los alimentos o porque los precios estaban por las nubes, sabíamos que en parte era nuestra culpa y por eso queríamos reivindicarnos con la comunidad”.
3. Salud: Otro punto clave, que durante los casi dos meses de paro algunos de los puntos de resistencia se convirtieron en los únicos prestadores de este servicio. Su principal objetivo fue la atención inmediata para rehabilitar muchos de sus compañeros y compañeras en contextos de drogadicción, una exigencia manifiesta al mismo alcalde de Cali, junto con un programa de prevención y apoyo psicosocial.
4. Empleabilidad: la URC vio la necesidad de dar oportunidades laborales con formación/capacitación académica y así incorporar a los y las manifestantes a la tan anhelada vida laboral (una de las consignas del estallido social).
5. Económico: en este aspecto se planteó unir esfuerzos con una proclama a nivel nacional: “renta básica ya” para los estratos más bajos, los mismos de donde vienen la mayoría de manifestantes.
6. Cultura: La comunidad los apoyó desde el principio, pero los jóvenes sabían que los bloqueos afectaban en general a la ciudadanía caleña; así que para aquel entonces se plantearon darle un nuevo sentido movilizador al paro, desde una apuesta cultural y artística que convocara igualmente a la gente, y para ello concertaron permisos y apoyo logístico para estas actividades. Fue el caso de Portada Resiste, quienes fueron los primeros en implementar esta estrategia, y poco a poco algunos puntos de resistencia se les fueron sumando.
7. Derechos humanos: La definición de este punto marcaba la ruta de los demás, pues garantizaba la vida de toda la gente que se unió a la resistencia, pero principalmente de quienes estaban sentados en la mesa, pues eran ellos y ellas quienes cargan con el peso de haber dado la cara. La exigencia era clara, una ruta de protección, pues para ese entonces ya empezaban las amenazas, las intimidaciones y los señalamientos de una multiplicidad de actores, que hoy siguen sin ser identificados.
8. Fortalecimiento de la URC: Están convencidos que la “unidad hace la fuerza” y que unirse entre puntos era la única manera para evitar que “los arreglaran con cualquier cosa”; por ello no podían dejar de lado el fortalecimiento como movimiento social autónomo y popular y pedir dentro de este plan la implementación del decreto que en su artículo décimo garantiza “la financiación de las gestiones de facilitación y sostenimiento del diálogo…”
Hasta el momento la alcaldía de Ospina ha cumplido con cuatro de los ocho puntos concertados con la URC. Sin embargo, parece más un cumplimiento a medias. La entrega de los mercados se acordó que se haría en dos momentos, pero algunos puntos de resistencia no han recibido ni el primer envío y otros siguen en la espera del cumplimiento de la totalidad de ellos.
Por otro lado, el abastecimiento de las ollas comunitarias se ha dado con éxito, pero no todos los puntos cantan victoria. Es el caso de UniResistencia y Resistencia Meléndez, que concertaron de manera voluntaria el traslado de sus puntos de resistencia; el primero quedó “volando” pues esta es la hora que la alcaldía no les habilita ningún espacio para sus actividades; el segundo, aún cuando había solicitado que se le otorgara a la comunidad una propiedad de extinción de dominio, los rumores advierten que desde la gobernación del Valle del Cauca están haciendo todo lo posible por entorpecer ese proceso, por lo que temen que les hagan “conejo”, los dejen sin nada.
Con respecto a la empleabilidad, la administración de la ciudad comenzó a contratar a algunos de los jóvenes de los puntos de resistencia como “guardianes de la vida” o “gestores de paz”, según la secretaría que les corresponda. Para algunos integrantes de la URC, esta es una estrategia de suplir la necesidad de manera inmediata, pero coinciden en que el costo es muy alto, pues ven en esos trabajos la cooptación de su movimiento organizativo y la intromisión de la institucionalidad en el mismo.
La Unión de Resistencias saca pecho de su comité de derechos humanos y la implementación de la ruta de protección, pues dicen “es prácticamente lo único que está funcionando”; sin embargo, para muchos la ruta de protección es “un arma de doble filo” pues no confían en la protección que les puede brindar la alcaldía, más bien creen que la ruta será una forma de obtener información confidencial para cuando comiencen a “cazarlos”, es decir, cuando empiecen los allanamientos, capturas e imputaciones. Por tal motivo muchos prefieren hacer “las cosas por su lado”, algunos ya tienen amenazas graves y, aun así, prefieren rechazar la ayuda institucional.
Aunque el paro y los bloqueos no eran en contra del gobierno de Jorge Iván Ospina, el alcalde decidió “cargar el muerto solo”, como lo señaló uno de los jóvenes de la resistencia. Eso no significa que Ospina no tiene ninguna responsabilidad, pues bajo su mando Cali vivió un infierno de sangre y fuego y fue incapaz de tender puentes entre el gobierno nacional y la protesta. Al final, la concertación y el diálogo solo se pudo dar entre la alcaldía y la URC, que sigue a la espera de que les cumplan los demás puntos acordados.
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